Por Jorge Elbaum –
Ningún golpe de Estado puede llevarse a cabo en América Latina sin la habilitación, aprobación, planificación o complicidad del Departamento de Estado. Solo Estados Unidos posee la capacidad de legitimar la discontinuidad de los sistemas institucionales dentro de la región. Hace cinco décadas se llevaban a cabo en nombre de la Guerra Fría, basados en una doctrina de la seguridad nacional difundida por la Escuela de las Américas. Luego de la caída del muro de Berlín, la estrategia del Pentágono redujo su legitimidad. La posterior lucha contra el fundamentalismo islámico no logró cuajar como justificativo en América Latina, por lo que fue necesario apelar a otra doctrina. Se sistematizó entonces como nueva formulación de la seguridad regional (funcional a los intereses de Estados Unidos) una doctrina de sostén al denominado Consenso de Washington. Esta nueva plataforma se basa en promover una institucionalidad frágil y quebradiza, subalterna del cumplimiento de los principios emanados del neoliberalismo extractivista y financiarizado.
Los responsables últimos de la Doctrina de la Seguridad Nacional eran –hasta la década del ’80– los oficiales de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos. Su formación se instituía en la Escuela de las Américas, radicada en Panamá desde 1946, y sus órdenes –legitimadas por la necesaria salvación de la supervivencia del occidente cristiano— incluían la tortura, la desaparición forzada y el exterminio de opositores. El pretendido triunfo del capitalismo fue conceptualizado como el “fin de la historia”, y fue necesario generar un nuevo cuerpo de protagonistas de la manipulación geopolítica, más coherente con la etapa. Las representaciones diplomáticas de Washington readecuaron sus dispositivos hacia la financiación de:
iglesias neo-pentecostales, cultoras de una teología de la prosperidad individual, enemigas de cualquier opción al servicio de los humildes;
grupos periodísticos, convertidos en agentes de operaciones psicológicas destinadas a debilitar vínculos entre los referentes políticos y sus bases sociales;
actores seleccionados del Poder Judicial, cooptados ex profeso para actuar como cuña (pseudo) republicana disfrazada de prudencia, cordura y equilibrio de poderes; y
grupos empresariales y financieros acoplados a la lógica corporativa global, cuyos intereses son convergentes con los directorios de las transnacionales.
En esta nueva etapa, los ejecutores de los golpes de Estado ya no rotulan como sus enemigos a los grupos insurreccionales —hoy inexistentes—, sino a quienes promueven la inclusión social, el pleno empleo, la defensa soberana de los recursos estratégicos y la integración regional. Dado que no resulta políticamente muy redituable justificar la persecución de estos defensores de la equidad, se los caratula como responsables de toda forma de corrupción e incluso del narcotráfico. Las usinas ideológicas que fundan dicha tarea son los think-tanks (centros de investigación ligados mayoritariamente al Partido Republicano), que suelen canalizar sus formulaciones y apotegmas a través de ONGs seleccionadas, con amplia capacidad de penetración al interior de los cuatro actores colectivos mencionados. Como staff de apoyo de las mismas, se suman las agencias de inteligencia y espionaje con doble comando: empresarial y subsidiario de la Agencia de Seguridad Nacional con sede en Maryland.
Este nuevo modelo de interrupción de los sistemas democráticos de la región se inició en 2002, con el frustrado golpe contra Hugo Chávez. Continuó en junio de 2009 con la destitución forzada de Manuel Zelaya en Honduras y se prolongó ese mismo año, en septiembre, con otra intentona malograda (en Bolivia), que produjo la matanza de Pando. El 30 de septiembre de 2010, le tocó el turno a Ecuador, a través de una asonada policial, pero Rafael Correa logró abortarla gracias a la movilización popular. En junio de 2012 el golpe logró consumarse en Paraguay, y Fernando Lugo fue desplazado gracias a la eficiente labor del representante diplomático de la embajada de Washington, que se negó a condenar el quiebre institucional.
La tela de araña
La oleada de golpes del siglo XXI tiene la impronta del denominado poder blando teorizado por Joseph Nye, quien sugiere implementar estrategias de acción publicitaria, simbólica y cultural en vez de recurrir, como se estilaba durante el siglo XX, a modelos contrainsurgentes de coerción. Esta conceptualización fue profundizada por el militar y politólogo estadounidense Gene Sharp, quien considera que “la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado (…) Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas”. Uno de los más conocidos trabajos de Sharp, “De la dictadura a la democracia”, ha sido el material más difundido por quienes asimilan democracia (únicamente) con neoliberalismo, y asocian toda forma de promoción de Estado de Bienestar con dictadura.
Los antecedentes del reciente golpe contra Evo Morales fueron prologados por declaraciones altisonantes de Roger Noriega –ex director de USAID y subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental—, quien instigaba una semana antes del quebrantamiento institucional a derrocar al líder del MAS: “Bolivia podría estar cayendo en espiral hacia una dictadura absoluta o un conflicto sangriento”. Las operaciones de la embajada contra Morales, son numerosas y se retrotraen al mismo inicio de su presidencia. Los cables divulgados por WikiLeaks –complicados en el libro BoliviaLeaks— muestran la sistemática faena desarrollada durante más de una década: “El trato con el gobierno del MAS requerirá una cuidadosa aplicación de zanahoria y palos para alentar los buenos comportamientos y políticas, y desalentar los malos”.
El formato de este nuevo golpe neoliberal busca presentarse como el resultado de la crisis institucional, ajena a la disputa de intereses, y apela –como factor de última instancia– a las FFAA como garantes de la gobernabilidad, cuando en realidad sus oficiales han sido parte constitutiva de la paulatina deslegitimación de los gobiernos populares.
Frente a la lógica del supuesto poder blando emanado de las embajadas, se imponen tres desafíos epocales. En primer término, lo que Samir Amin denominó la “desconexión”, es decir la sutil y gradual disminución de los lazos tóxicos que unen a América Latina con Washington. En segundo término, la indagación y problematización del lugar de las FFAA en la democracia (su reclutamiento y capacitación para cumplir el rol de garantes de la soberanía, y no –como en la actualidad—como gendarmes del neoliberalismo). Y por último pero no menos importante, la profundización de la organización y la movilización social, capaces de constituirse en defensa de la voluntad mayoritaria y popular. Sin estos tres elementos, todo tejido político –incluso el más eficaz— quedará aislado, navegando en aguas turbulentas, monitoreadas por satélites supeditados al Departamento de Estado. Un escenario demasiado arriesgado.
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