Por Gimena Fuertes –
Todavía no llegó ningún proyecto de ley que traduzca el acuerdo entre el Estado argentino y el FMI y ya se puso sobre la mesa la discusión sobre quién va a pagar la mega deuda que contrajo Mauricio Macri en 2018. La Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda va a comenzar a funcionar después de dos años de parate legislativo con el doble objetivo de identificar mecanismos de evasión, legal en ese caso, pero también posibilidades de crear herramientas de recuperación de esos capitales financieros.
“Vamos a investigar para que los dólares que se fugaron puedan repatriarse y pagar la deuda”, le dijo Itai Hagman a Ámbito. La directiva de investigar fue dada por el presidente Alberto Fernández y en especial, por la vicepresidenta Cristina Fernández. El propio mandatario había dicho durante su asunción en la Asamblea Legislativa que iba a promover una investigación de lo que consideró «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra». En ese marco, el Presidente anunció que iniciaría una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.
En abril de 2021, el gobierno nacional instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así se estableció por medio del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente; del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.
En tanto, en el Congreso, la comisión bicameral, que preside el senador José Mayans, nunca comenzó a funcionar. Desde el Frente Patria Grande, que cuenta con cinco diputados dentro del Frente de Todos, una de las fuerzas políticas que criticaron el principio de entendimiento que anunció Fernández con el Fondo, adelantaron a Tiempo que ahora sí la comisión va a comenzar a funcionar.
Según cálculos de fuentes parlamentarias, la investigación podría terminar a finales de este año, tiempos que no condicen con el apuro del Ejecutivo de cerrar el acuerdo con el organismo internacional y pasar de página. Otro de los puntos clave que estaba en duda es la modificación de los términos del acuerdo. El diputado Leopoldo Moreau, hombre de Cristina Fernández en Diputados, había dicho que todavía se estaba a tiempo de introducir cambios.
Sin embargo, el ahora jefe de bloque Germán Martínez dejó en claro que eso no va a pasar y que en el Congreso se va a discutir el proyecto que enviará el Ejecutivo. Así lo entendieron también los legisladores díscolos y acataron. La abstención será la salida política, una forma de manifestar su disconformidad con los términos, en particular con la revisión trimestral del Fondo, pero sin votar en contra de su propia coalición de gobierno. Los dos diputados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que conduce el diputado Carlos Alderete, también se sumaron a esta posición. Desde La Cámpora, que cuenta con 18 diputados, también van a abstenerse. Desde un principio, Máximo Kirchner, dejó sentado que no iba a salir a buscar votos en contra del proyecto de ley del Ejecutivo.
“Lo que tenemos que pensar es mediante qué mecanismos podemos recuperar y repatriar parte de esa plata y que sirva para resolver el problema de la deuda. No con un enfoque de castigo, porque quienes compraron dólares no cometieron un ilícito. Sino del punto de vista de la justicia distributiva. Del mismo modo que cuando el Estado necesitó recursos extraordinarios para atender la pandemia, estableció medidas como el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Bueno acá lo mismo. ¿De dónde vamos a sacar la plata para pagar? ¿Le vamos a pedir a la clase media, a los trabajadores, o de los que en ese periodo pudieron cubrirse y tener una rentabilidad extraordinaria?”, cuestionó el diputado Hagman en el reportaje de Ámbito.
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