Por Irina Hauser –
La jueza María Eugenia Capuchetti no quiere apartarse de la causa sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Para ella, trabajar para el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires (ISSP), que depende del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y en forma directa del ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro (denunciado por la manipulación de causas), no pone en juego su imparcialidad en ese expediente. Por eso, y con una mínima explicación, rechazó la segunda recusación que presentó la querella de la vicepresidenta, que considera que la magistrada no debe seguir a cargo de la investigación sobre su intento de magnicidio porque puede tener algún interés en el tema ya que el organismo porteño en cuestión es de carácter político. La magistrada habla de actividades académicas, pero según la recusación el área donde ella participa se ocupa de políticas públicas en seguridad. Mientras tanto, este martes tomará la ampliación de indagatoria a Gabriel Carrizo, uno de los detenidos en el caso, y habrá que ver si esto complica su situación y la del resto de los imputados.
Ahora la discusión sobre el apartamiento pasará a la Cámara Federal, donde su presidente, Leopoldo Bruglia, ya respaldó a Capuchetti ante la primera recusación, el año pasado. Ese mismo tribunal debe tomar una decisión relacionada con la pista que involucra al diputado del PRO Gerardo Milman, a quien el testigo Jorge Abello –asesor del diputado del oficialismo Marcos Cleri– escuchó decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”. Lo que está en veremos es qué periodo se toma para extraer la información de los celulares de las dos colaboradoras que estaban con él en el bar Casablanca cuando habría pronunciado esa frase. Hasta ahora la jueza solo habilitó la fecha desde el atentado en adelante, pero la querella planteó que no tiene sentido si no se analizan un período anterior. Se están por cumplir cuatro meses del ataque a CFK, el 1 de febrero, y todavía no se analizaron esos teléfonos: primero las mujeres se negaron a entregarlos y finalmente, cuando lo hicieron, se generó esta nueva polémica.
La recusación
En su breve resolución para rechazar la recusación, Capuchetti sostuvo que la querella de CFK “invoca actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados. Además, de lo expuesto se trasluce que las extensas causales invocadas por esa parte no guardan correlato con lo actuado en la causa, ni tampoco se exhibe en mi actuar, una afectación real y concreta de la objetividad que en todo proceso penal debe imperar”. “Los argumentos presentados no evidencian la necesidad de mi apartamiento en estos actuados”, sostuvo.
Capuchetti, así, contestó en dos párrafos, lo que la querella había desarrollado en 30 páginas al cuestionarla.
* Capuchetti, decía la recusación, tiene un trabajo rentado en el ISSP, donde cobra un sueldo desde 2014. En 2019 pasó de ser investigadora a “investigadora senior”. El 2 de enero de este año se le extendió esa designación por un año más. El Instituto había dicho que ejerce la docencia. Pero el área donde se desempeña, el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad, no tiene actividades de docencia o capacitación. Es decir, asesora al ministerio a cargo de D’Alessandro. “El sueldo de Capuchetti depende de D’Alessandro. Dado que se trata de un oscuro operador judicial, es especialmente preocupante”, señaló la querella. La presentación recordaba que el ministro fue uno de los integrantes de la comitiva con mayoría de jueces que viajó con invitación a Lago Escondido y que luego intentó ocultarlo, por ejemplo, truchando facturas como si cada uno se hubiera pagado su viaje. De los famosos chats del Telegram de D’Alessandro, surgen las maniobras que, de todos modos, empezó a corroborar por sus medios la justicia de Bariloche.
* La recusación afirmaba que el Instituto donde trabaja Capuchetti “no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aún si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismos”. Sus propias resoluciones dicen que: “El Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública, y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados en todo el sistema, y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad…”.
* Según el planteo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, la tarea de Capuchetti en el ISSP es incompatible con su función de jueza. “Solo ese explica” ese “vínculo” laboral, advirtieron, “como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo”.
* También advirtieron que, llamativamente, Capuchetti no investigó el papel de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en relación al atentado, pese a que eran sus agentes los que rodeaban su vivienda y que incluso habían llevado adelante un feroz e inexplicable operativo contra los manifestantes que iban a darle apoyo cuando el fiscal Diego Luciani pedía su condena da 12 años de prisión e inhabilitación en el juicio de Vialidad.
Cómo sigue
Este martes Carrizo, el dueño de la máquina de los copos de azúcar, será llevado a Comodoro Py para una ampliación de su indagatoria. Esto fue producto del hallazgo de una serie de chats que comprometerían su situación en la causa. Hasta ahora está procesado como partícipe secundario. Pero se encontraron mensajes donde decía: “Recién intentamos matar a Cristina”. El mensaje fue enviado a un tal Kevin Bargas 2 a las 23.17 del 1 de septiembre, día que Fernando Sabag Montiel había intentado el disparo fallido poco más de dos horas antes, en compañía de Brenda Uliarte. “Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso”, insistía en sus mensajes Carrizo. “El arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos (…) Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo. Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha. Esta hdp ya está muerta”.
Después se supo que el arma utilizada fue una Bersa calibre 32, pero Carrizo hablaba de de un “22 corto” que le habría entregado a Uliarte, y que luego habrían ocultado juntos. La ampliación de la indagatoria podría convertirlo en coautor. En ese caso, la querella plantea que debería introducirse la figura de asociación ilícita, que afectaría a Sabag Montiel y Uliarte también. Hasta ahora el hecho fue tratado como un delito común, sin darle la dimensión política que lo caracterizó.
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