Por Leandro Renou –
En un año donde la sequía golpeará fuerte a los cultivos nacionales y se descarta que habrá que hacer importaciones, sobre todo, de soja, el Gobierno salió a intimar a grandes cerealeras por haber utilizado, en los años 2020, 2021 y 2022 un mecanismo para pagar menos retenciones a las exportaciones de productos elaborados con soja importada de Paraguay. La información muestra que al día de hoy la Dirección de Aduanas intimó a cuatro grandes empresas por deudas superiores a los 50 millones de dólares. Para tomar dimensión de lo que supone ese monto de dinero, es el equivalente a lo que el Estado gastó en los subsidios al sector lácteo en el marco del Plan Impulso Tambero, algo más de 10 mil millones de pesos.
La operatoria, que consistía en modificar la base imponible del cálculo de los derechos de exportación, fue hasta ahora utilizada por las cerealeras COFCO, Cargill, Bunge y LDC Dreyfus. Los valores de deuda de cada empresa son de 14.750.000, 27.050.00, 7.000.000 y 3.730.000, respectivamente. Por otra parte, fuentes oficiales contaron que se sigue monitoreando a todo el mercado de los exportadores de cereales, para saber si el resto de las firmas aplicaron la misma lógica de cálculo.
En pocas palabras, en la Argentina, los derechos de exportación de soja procesada, sea importada o nacional, se calculan el base al precio de la tonelada FOB. La ley 21453, de normas de exportación para productos agrícolas, aclara que en ambos casos se aplica, para calcular los derechos de exportación, precio oficial y tratamiento arancelario vigente a la fecha del cierre de venta informada por el declarante ante la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Mientras que el decreto 1177 del año 1992 agrega que al oficiar el precio oficial como base única de tributación, no corresponde realizar deducción alguna sobre dicha base. Pero las empresas se agarraron de otro recurso para hacer la maniobra.
¿Qué hicieron las cerealeras?
Las firmas tomaron un decreto del año 2004 (el 1330) sobre un régimen específico de importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo, como muletilla para la maniobra cuestionada. En pocas palabras, al precio oficial le descontaban el 31 por ciento de retenciones a las exportaciones y recién sobre el número resultante de esa cuenta volvían a aplicarle la alícuota de derechos de exportación. Es decir, modificaban la base imponible, hacia abajo, para calcular retenciones.
El problema allí es que antes de eso, vía el DNU 654 del año 2002 la Dirección de Mercados Agroalimentarios dispuso que “respecto a las exportaciones provenientes de una importación temporaria, los exportadores deberán registrar la DJVE correspondiente al día del cierre de la venta o hasta el primer día hábil siguiente. De acuerdo a lo establecido en las normas vigentes” y en base al precio base. Así las cosas, la norma del 2002 y otra circular de ese año hacen que la del 2004 no tenga vigencia, según argumentan fuentes oficiales.
En consecuencia, Aduanas procedió sobre Cofco, Dreyfus, Cargill y Bunge informándolas de la situación y reclamando que cumplan con el pago de los derechos de exportación pendientes. Por su parte, las empresas tendrán un plazo de 15 días para hacer su descargo.
Consultado por este diario, Gustavo Idigoras, gerente de CIARA-CEC, la cámara que agrupa a las cerealeras, aseguró que “los cargos realizados contra las empresas agroexportadoras por parte de la Aduana son improcedentes y erroneos, la jurisprudencia existente ratifica la postura de las empresas cuando se trata de soja ingresada bajo admision temporaria al pais, para luego ser procesada y exportada con valor agregado nacional”. En la misma línea, agregó que “me preocupa este ataque de la Aduana contra una industria que siempre apuesta por defender el empleo nacional y hacer crecer las exportaciones. este año la sequia nos quito del mercado millones de toneladas de soja de produccion nacional que debemos buscar sustituir parcialmente con soja importada, la cual se procesa con mano de obra argentina y se vende al mundo como producto industrial como el aceite, la harina y demas productos”.
Un fenómeno que será tendencia
Fuentes de la Aduana aclararon a este diario que “para la actual conducción, la importación temporal de soja es una medida acertada en la medida que permite tener en funcionamiento, y potenciar, la capacidad industrial del polo agroexportador argentino y mejorar el valor agregado”. Pero agregaron que “no tiene sentido económico ni sustento legal que esté en mejores condiciones -respecto de la base de tributación de derechos de exportación- la exportación de derivados de soja temporal respecto de la exportación de derivados de soja de los productores argentinos”.
Cabe aclarar que hasta la llegada de Mauricio Macri, en 2016, estaban frenadas las importaciones de soja paraguaya. La medida, que es compartida de todos modos por el mercado y el Estado, está en el eje de la disputa porque la sequía afectará seriamente este año los cultivos nacionales: en síntesis, para que las plantas de las cerealeras no acumulen capacidad ociosa, es mejor traer grano de afuera.
En 2018, se importaron de Paraguay 5,8 millones de toneladas, en 2019 bajó a un 3,8, producto de la caída en la producción previa, lo que obligó a importar más en los años siguientes, que son precisamente los que Aduanas investigó y sobre los que reclama. La referencia es para 2020, 2021 y 2022. Se especula, además, que este año podría haber entre 5 y 6 millones de TN de soja importada, aunque para la Bolsa de Cereales la estimación es mayor y asciende a 10 millones. Es por eso que el fisco y Aduanas quieren ponerle coto a una maniobra que ante mayores volúmenes más perjudica la captación de ingresos en dólares en un país al que no le sobran las divisas.
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