Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi –
Desde que el presidente Alberto Fernández criticó a la Corte Suprema ante la Asamblea Legislativa se pusieron en marcha los mecanismos de reacción corporativa por parte de los sectores más conservadores de los jueces y fiscales. Horacio Rosatti, presidente de la Corte, por ahora dejó que actúen sus subalternos, que manifiesten lealtad. Ya será el turno de contestar con fallos. Desde que inició el juicio político hubo un sólo día de acuerdo cortesano y no se metieron con ningún tema institucional. Pero tienen sobre el escritorio resoluciones sobre la cuestión de Coparticipación y del Consejo de la Magistratura que pondrán a jugar cuando lo consideren oportuno. Además de la causa Dólar Futuro donde pueden llevar a juicio a CFK y Axel Kicillof.
Uno de los comunicados más fuertes contra las palabras del jefe de Estado llegó desde la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales. Expresaron “su más enérgico repudio” a las expresiones del presidente “enfrentando a las máximas autoridades del Poder Judicial”. Los titulares de distintas cámaras del país dijeron que se usó el discurso de apertura del año legislativo para “enmascarar un verdadero ataque” y pidieron que Fernández no desnaturalice esa “atribución presidencial”. Reclamaron que se respete la división de poderes. Nada dijeron, claro, de que esa es justamente la base del juicio político a los miembros de la Corte Suprema: su intromisión en otros poderes, desde el fallo que rapiña fondos coparticipables de las provincias para favorecer a Horacio Rodríguez Larreta hasta el que tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y pretende incluso elegir a los dirigentes políticos que lo integren por encima del Congreso.
Esa Junta de presidentes de diversas cámaras la conduce Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que durante todos estos años fue el ladero del juez Martín Doctrina Irurzun en la oficina de escuchas en la que la Corte montó una mini SIDE paralela. El comunicado lo firmaron, entre otros:
- Leopoldo Bruglia como presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, un claro ejemplo de no respeto a las instituciones y la división de poderes: llegó a esa cámara sin acuerdo del Senado y sin concurso. Fue designado a dedo por Mauricio Macri.
- Roberto Hornos, de la Cámara en lo Penal Económico, que aparece en las visitas a Macri en la Casa Rosada al igual que su hermano Gustavo.
- Eduardo Machín, de la Cámara Comercial, denunciado por obstaculizar investigaciones vinculadas a Macri y el Grupo Clarín.
- Alejandro Tazza, de la Cámara de Mar del Plata, clave para frenar las investigaciones de espionaje ilegal que involucran a Macri.
La Junta no fue la única agrupación del mundo judicial que atacó al Presidente por su discurso del 1 de marzo. Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), la asociación de fiscales, manifestaron “una vez más, su profunda preocupación”, dijeron que se afecta la independencia judicial porque el Presidente “efectuó agravios inoportunos e infundados sobre el desempeño de magistrados en causas judiciales en trámite, algunas de las cuales tienen una condena, que aún no se encuentra firme, dictada por un Tribunal Oral en el marco de un debido proceso, como lo requiere la Constitución Nacional”. La cuestión, justamente, es que no hubo debido proceso en las causas de persecución judicial.
“Todo ello se da en un contexto de destrato institucional general, que se evidencia aún más, con la falta de invitación a la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal a participar en la asamblea legislativa”, agregaron, sin aclarar que esa máxima autoridad, Eduardo Casal, es apenas un procurador interino, que llegó al cargo durante el macrismo luego de que Alejandra Gils Carbó fuera presionada por el Gobierno para dejar la conducción del MPF.
La asociación de fiscales, que preside formalmente Ricardo Toranzos secundado por Susana Marta Pernas pero es controlada políticamente por Carlos Rivolo, aseguró que “existen 24 ternas sin resolución por parte del Poder Ejecutivo para designar fiscales federales en el país, que incluyen a los postulantes para cubrir el cargo de la Fiscalía de Rosario, provincia de Santa Fe”. Es cierto, tanto como que el interino Casal congeló los concursos para vacantes en fiscalías y que fue la oposición la que se negó a votar la Reforma Judicial que incluía nuevos cargos en Santa Fe.
En ese marco la vicepresidenta CFK recibió al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La razón del encuentro es la violencia que sufrió durante todos estos años, cuyo punto límite fue el atentado en su contra.
La Convención de Belém do Pará, de la cual Argentina es firmante, define que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. El atentado contra CFK es un ejemplo claro, pero la propia vicepresidenta entregó un informe de casi 100 páginas con un sinnúmero de casos donde fue violentada.
La reacción judicial también incluyó un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), el sector más conservador de la política judicial. La AMFJN que manifestó “su estupor” frente a las críticas del presidente. No aclararon cuál de las dos acepciones del Diccionario de la Real Academia Española tomaron, si la que indica que el estupor es “asombro, pasmo”, o la que revela una “disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de falta de reacción”. Debe ser la segunda.
Los subalternos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aprovecharon la ocasión para manifestarles su reverencia a los supremos. Afirmaron que las autoridades de la Corte recibieron el ataque “con innegable estatura cívica, y escucharon educadamente un discurso proselitista”. Se olvidaron de avisarles a las caras de Rosatti y Rosenkrantz.
Ninguna de las asociaciones criticó que solo hubiera dos de los cuatro miembros de la Corte durante la apertura del año legislativa. El 1º de marzo brillaron por su ausencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. No es la primera vez que esto sucede, pero dado el marco del juicio político a la Corte en pleno llamó la atención. Lo que explican desde el 4to piso del Palacio de Tribunales es que había dos opciones: ir todos o que no fuera ninguno, pero que finalmente se optó por que concurrieran el presidente y el vicepresidente de la Corte, ambos autovotados para esos cargos.
En la previa al discurso de Alberto Fernández, el 28 de febrero, los cortesanos firmaron 131 fallos, ninguno de trascendencia institucional. Pero dentro de esos hubo 2 donde Rosenkrantz volvió a violar la ley e intervino pese a que se trata de ex clientes suyos. El Destape ya había contabilizado 61 casos donde Rosenkrantz firma en causas sobre ex clientes. Ahora sumó estos dos, uno de Telecom y otro de YPF. Van 63. Intervenir donde lo tiene vedado es una de las razones que motivaron el juicio político en su contra.
El mismo 28 de febrero hubo otra señal de la Corte vinculada al juicio político en su contra. Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (sin Ricardo Lorenzetti) firmaron la resolución 183 que le otorgó una camioneta Toyota Hilux al juez Sebastián Ramos. Cuatro días antes el juez Ramos había comparecido ante la Comisión de Juicio Político. Se ve que a los jueces les gustó la declaración porque le mandaron la camioneta muy útil para el campo pero innecesaria para llegar a Comodoro Py.
Dato: mientras Ramos declaraba se filtraron nuevos supuestos chats que mantuvo con el ministro (en licencia) de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro donde justamente hablaban de un auto que el funcionario le iba a conseguir al juez. Mencionaban un Ford Focus pero también una camioneta Toyota. ¿Son dos canales distintos por los que el juez Ramos pidió el mismo favor? ¿O era D’Alessandro una vía para lograr cosas en la Corte? Vale recordar que D’Alessandro tenía línea directa con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti. Ambos fueron denunciados por coordinar maniobras político-judiciales que perjudicaban al Frente de Todos tanto en el caso de la Coparticipación como de la integración del Consejo de la Magistratura.
En la sede cortesana también aprovecharon la semana para comprarse un nuevo bolillero. Gastaron 410.770 pesos para comprarlo a la empresa Gold Link, que provee a bingos y casinos. ¿Reemplazarán la máquina que sortea las causas en Comodoro Py que, como reveló El Destape hace ya 4 años, es manipulable? Hagan sus apuestas.
Stornelli y el desafío al juicio político a la Corte
En los próximos días seguirá el juicio a los cuatro jueces de Corte. Es decir, continuará la escalada que enfrenta al Poder Judicial con el Gobierno. Fueron citados para el próximo martes el procesado fiscal Carlos Stornelli, la fiscala de La Plata María Roteta (que informó que no podrá concurrir porque tiene un congreso), el radical Mario Cimadevilla (exconsejero de la magistratura y exsenador que fue titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia en la era Macri), y Sergio Nápoli, secretario de la Corte.
La AFFUN salió a criticar la cita a Stornelli. Alegaron que “la citación en carácter de testigos, exigiendo que los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa, no solo puede traer aparejadas violaciones de garantías constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones, afectando la seguridad jurídica de un Estado Democrático”.
Agregaron que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal “establece que los fiscales están exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, en cuyo caso deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes”. Pero omiten dos cosas: una, que la Comisión de Juicio Político no es un tribunal, sino un órgano del Poder Legislativo; dos, que Stornelli estuvo 9 meses en rebeldía cuando era citado a declarar no como testigo sino como imputado en una causa por espionaje ilegal en la que terminó procesado.
“Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial”, dijeron desde este grupo de fiscales. SIC.
Desde la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard le enviaron una nota al procurador interino Casal para notificarlo de la citación de Stornelli. No le pidieron que lo autorice, solo que sepa.
Si Stornelli no concurre a la comisión, el Congreso podrá insistir por su comparecencia y requerir que sea llevado por la fuerza pública. Lo que evidentemente derivará en un nuevo conflicto de poderes.
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