Por César Pucheta –
Con el argumento de “liberar caminos”, Córdoba fue escenario de la primera represión en la era de Javier Milei. Sucedió el jueves por la noche, en un cacerolazo inicialmente convocado por inquilinos y en el que, según los números que se maneja la policía de Martín Llaryora, no había más de mil personas.
Todo se desarrollaba dentro de los parámetros habituales que este tipo de manifestaciones está adquiriendo luego del decretazo lanzado por el Presidente, hasta que el fiscal Ernesto de Aragón dio la orden de “habilitar media calzada” y aplicó el protocolo que no existe como tal, a lo Patricia Bullrich, pero en la práctica forma parte del vademécum oficial de la Justicia cordobesa.
De Aragón es uno de los propulsores de ese tipo de órdenes judiciales, en la mayoría de los casos emergentes de los reclamos de una parte de la sociedad civil, que en un 76% eligió a Milei en Córdoba en la segunda vuelta de noviembre.
En abril de este año, el Juzgado de Control y Faltas de la Ciudad de Córdoba hizo lugar a la acción de habeas corpus interpuesta vecinos y comerciantes de la zona céntrica, donde generalmente se desarrollan las marchas. Las que son a favor de alguien o las que se desarrollan a partir de algún reclamo puntual. Allí, los autores del amparo se autodefinieron como “víctimas de agrupaciones que se han apropiado del espacio público para realizar todo tipo de reclamos, repudios y manifestaciones grupales”.
Como producto de esa presentación, el juez Juan Manuel Fernández López instó a que se arbitren los medios necesarios para “hacer cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un término razonable y mediante la implementación de medidas efectivas conducentes a tales fines”. De paso, hizo saber al Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, que “se encuentra legalmente autorizado a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público, con preponderancia de las calles y demás vías de circulación”.
Este jueves a la noche, la policía de Córdoba actuó siguiendo esos lineamientos judiciales, que responden a modos de acción acordados en la gestión de Juan Schiaretti y por los que en Córdoba hay dirigentes políticos y sindicales condenados por “cortar la calle”, y avanzó bajo una serie de ordenamientos internos que corresponden ser analizados políticamente. En ese sentido, desde hace tiempo, Córdoba intenta avanzar en un “ordenamiento” de la protesta social, aunque los intentos siempre terminan siendo desactivados por la presión de los gremios. Mientras tanto, las herramientas para “gestionar el conflicto social” las tiene el Ejecutivo, por eso no es casual que todas las miradas se dirijan a Llaryora.
Con todo, la gestión de Juan Pablo Quinteros al frente de la cartera provincial de Seguridad arrancó renga, más allá de la apuesta que signifique, a futuro, el nuevo plan que aprobó la Legislatura en una controvertida sesión el miércoles y que Llaryora oficializó justo este jueves. La acción de la policía de Córdoba también fue el último acto de Liliana Zárate Belletti como jefa, ya que este viernes asumirá una nueva cúpula que intentará aggiornar a la fuerza cordobesa a los nuevos tiempos. Aunque lo que eso signifique no esté del todo claro.
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