Por Irina Hauser –
La ofensiva contra la protesta social ante el ajuste se agiganta. En su conferencia de prensa diaria el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno intimará a algunos movimientos sociales para que paguen los gastos del operativo que el Ministerio de Seguridad dispuso desplegar ante las movilizaciones del 20 de diciembre. “Hay un estimativo del costo en 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales”, dijo Adorni. Acto seguido enumeró una lista de 14 agrupaciones como “involucradas”, varias de las cuales no participaron de la manifestación ni convocaron para ese día. También dijo que la cartera de Patricia Bullrich presentó una denuncia penal en Comodoro Py por extorsión y defraudación al Estado contra integrantes de organizaciones sociales que habrían sido denunciados en forma anónima (en su mayoría) en la línea 134 por presionar para asistir a la marchas bajo amenaza de perder el Plan Potenciar trabajo u otros planes.
Informe antiprotesta
Para alimentar la demostración de fuerza, aplicar el protocolo antipiquetes y atacar la protesta frente al ajuste, el Ministerio de Seguridad va sumando “novedades”. Un rato después de que hablara Adorni, el Ministerio de Seguridad hizo público un “Informe por operativo 20/12/2023” (así lo llamó) donde dice que después de que las fuerzas policiales y de seguridad actuarán sacaron algunas conclusiones:
*Que hubo 15.900 llamados a la línea 134 para relatar presiones en organizaciones, se separaron 1.100 casos de posible extorsión y defraudación y fueron denunciadas 32 personas. La presentación le tocó al juez Sebastián Casanello, que le delegó el caso al fiscal Gerardo Pollicita. El escrito no aporta detalles caso por caso y, ya es conocido, la mayoría de las denuncias son anónimas. Si hubo presiones, amenazas reales con multas o quitar planes a integrantes de alguna organización, deberá ser investigado, más allá de que el gobierno de por cierto que hubo delitos.
*Fueron identificadas a través de cámaras 35 personas que cortaron calles. Para Bullirch como son pocos, eso refleja el “éxito” del operativo. Todavía se analiza, dice el reporte, quiénes tienen planes sociales, para quitárselos.
*En una resolución publicada en el Boletín Oficial este viernes, el Ministerio de Seguridad les pide a todas las fuerzas federales que determinen “los gastos en los que hayan incurrido” para aplicar el protocolo antipiquetes porque “sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables” (sic). El cálculo del 20 de diciembre ya lo tenían y fue la cifra que arrojó Adorni: 60 millones de pesos, lo que según el informe incluye “el consumo de combustible y el promedio de horas/hombre”.
A renglón seguido, dice que identificaron a un listado de organizaciones presentes, aunque la mitad de ellas no participó, algunas porque no marchan con el Polo Obrero, lo que además de forzar la criminalización demuestra un gran desconocimiento del funcionamiento de los movimientos sociales, a los que tratan con prejuicio y desprecio. No estaban de esa lista ni el Movimiento Evita, ni la Corriente Clasista y Combativa, ni Libres del Sur, ni el frente Darío Santillán, ni Barrios de Pie, ni el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ni La Dignidad.
Uno de los dirigentes que lo señaló fue Juan Grabois en C5N: “Lo hacen porque están buscando al enemigo interno, los orcos. Desvían la atención de la góndola del supermercado a la seccional policial”.
“Además de que quieren convertir un derecho fundamental (a la protesta) en un delito, ahora instala que las funciones de seguridad de la policía se deben cobrar a quienes se manifiestan. La función del Ministerio de Seguridad es brindar seguridad a la población, pero eso es una responsabilidad del Estado, que de ninguna manera terceriza los costos de eso a nadie. Quieren hacer cargo a las organizaciones. Es decir, no se hacen cargo de una responsabilidad estatal. ¿Y de dónde sacan el cálculo? Es arbitrario”, dijo a este diario Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Es el disciplinamiento en el peor de los sentidos. El mensaje es: si no te asfixio con la amenaza de represión te asfixio económicamente. Además, no son organizaciones ricas, algunas representan a la economía informal. Quieren el empobrecimiento de los ya empobrecidos”, agregó.
Más voces
“Al margen de que nosotros no participamos de la marcha, hay una escalada en la metodología de cercenar o condicionar los reclamos sociales. Ante el ajuste, hay un endurecimiento de las medidas que regulan la protesta, que es inconstitucional. Avanzan incluso en la justicia para desmantelar la organización popular, esto no se agota en el protocolo. Quieren la suma del poder público”, dice Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. “De todos modos –amplía– el intento de disciplinamiento del reclamo social no va a tener efecto porque las condiciones económicas y las consecuencias sociales son brutales. La gente ya se está acercando a los movimientos”. Menéndez dijo que aún evalúan su estrategia de respuesta judicial.
“Es absurdo que nos quieran cobrar el operativo. Los servicios públicos son para todos. No son solo para la peregrinación a Luján o el recital de Cold Play. ¿Por qué no le pasan la factura a la Iglesia? Vamos a responder con alguna presentación en tribunales y responderemos en el terreno político. Vamos a participar de la marcha del miércoles (con las dos CTA y la CGT)”, sostuvo Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Contó que después de haber pedido hace diez días una reunión con la ministra de Capital Humano, Pettovello, los recibió este viernes Héctor Calvente, secretario de Seguridad en San Miguel, que se ocupará del vínculo con las organizaciones, según le habían anticipado a Belliboni. Fue junto con otros integrantes de la Unidad Piquetera. Quisieron plantear “los problemas sociales”, pero pudieron avanzar. “Cuando preguntamos si tenían alguna denuncia para dar de baja el plan, nos dijeron que eso lo tendrá que hacer la policía y que los identificarán por cámaras”, relató.
Para aplicar el protocolo
Una resolución más del Ministerio de Seguridad de este viernes, que busca asegurarse aplicar el protocolo para “el orden público”, crea un “Comando Unificado Urbano” “a fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de los territorios y objetivos federales”. Sigue sin quedar claro qué es jurisdicción federal y qué no, ya que estos días se vio a las fuerzas federales casi por todos lados. ¿Quiénes integran el comando? La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (aunque ya estaba claro, habrá tareas de inteligencia, lo ilegal es que sea sobre organizaciones y por razones políticas), la secretaría de Seguridad y Política Criminal, la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Propone a los ministros de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de todas las provincias que adhieran y envíen sus representantes. Habrá que ver qué responden.
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