Por Juan Grabois –
Una de las deudas más graves de la Argentina es la deuda habitacional. Cuando nos toque gobernar será el primer asunto que abordemos. Urbanizar los barrios, producir suelo urbano para las familias, construir nuevas viviendas, repoblar los pequeños pueblos, redistribuir la población en el territorio, entregar en propiedad las quintas productivas a sus arrendatarios y crear nuevas chacras mixtas. Gobernar es poblar, decía ese Alberdi tan manoseado en estos tiempos.
Un techo para cada familia es una consigna posible que, además de resolver esta deuda social intolerable y darle bases al proyecto de vida de millones de argentinos, moviliza toda la economía real como ninguna otra actividad. La construcción de viviendas beneficia al ladrillero, al ferretero, al carpintero, al vidriero, al constructor, al maquinista, a la señora que prepara los sanguches para los obreros, al almacén que vende el fiambre. Una política de vivienda es una política económica. Una política de vivienda es un proyecto de país.
La deuda, sin embargo, sigue creciendo No hay estudios definitivos sobre la cuestión; el más reciente, establece que el 32% de los hogares padecen alguna forma de precariedad. Mi propia cuenta arroja un porcentaje similar: once millones de argentinos son inquilinos, cinco millones viven en barrios populares sin servicios esenciales, dos millones en viviendas rurales precarias, una cantidad difícil de determinar en viviendas precarias o hacinadas dentro de la traza formal de la ciudad.
Alquilar es difícil, comprar casi imposible, no hay perspectiva de mejora.
Una política integral requiere una planificación pública en el tiempo e implica una multiplicidad de acciones que aborden las necesidades y posibilidades de todas las clases sociales que sufren una carencia tan terrible como la falta de un techo propio dónde refugiarse, cocinar, compartir, amar, jugar, estudiar, descansar, conversar, ducharse, dormir.
La integración urbana de los barrios populares es sólo una de esas acciones, pero una de particular relevancia porque aborda una deuda histórica con los más postergados.
A contracorriente de lo que sucede en la Argentina donde todo cambia con cada cambio de gobierno, existe una política pública que se sostuvo a lo largo de dos gobiernos de signos opuestos. Es tal vez la política más novedosa de los últimos años, fue premiada internacionalmente, recibió el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y durante todos estos años nunca fue objeto de crítica, denuncias, etc.
La política nacional de integración sociourbana se desarrolló a partir de los siguientes hitos institucionales: la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (2017), la sanción de la ley de Barrios Populares (2018), la creación de la Secretaría de Integración Urbana de la Nación (2018), creación del instrumento que la ley preveía para financiarlas Fondo de Integración Sociourbana (FISU), la afectación parcial del impuesto PAIS (2019) y Grandes Fortunas (2020) para su financiamiento.
En términos de acciones concretas, el proceso consistió en detectar, relevar y georeferenciar 6467 barrios populares (villas y asentamiento) que eran un no-lugar en nuestros mapas, registrar a la totalidad de 1.237.795 familias que los habitan, desarrollar un instrumento jurídico para darles seguridad en la tenencia (Certificado de Vivienda Familiar), crear distintas líneas programáticas para abordar los déficits de los barrios -servicios básicos, equipamiento urbano, mejoramiento habitacional, lotes con servicios, etc-, colaborar con los entes ejecutores en el desarrollo de los proyectos ejecutivos de obra y supervisar su cumplimiento.
Se realizaron miles de obras en barrios populares incluyendo conexiones legales y seguras de agua, cloacas, electricidad, internet; veredas, cordón cuneta, luminarias, plazas, polideportivos, puentes en arroyos, mejoras en viviendas, construcción de viviendas nuevas, etc, etc, etc, además de otorgar 250.000 soluciones “mi pieza” y crear unos 24 mil nuevos lotes para abordar el hacinamiento crítico. Fue un trabajo titánico, realizado con suma eficacia y transparencia en poco tiempo. Los cambios concretos en la vida de la gente son tangibles. Las obras están, las nuevas piezas están, los lotes están. De los 6.467 barrios populares relevados, 5.060 recibieron algún tipo de inversión.
Durante la semana pasada, la política nacional de integración sociourbana sufrió una campaña de desprestigio que tuvo como objeto principal -ahora lo sabemos- justificar la eliminación del financiamiento para las obras que se realizan en los barrios populares: ayer el ministro Caputo, el jefe de Gabinete Posse y el presidente Javier Milei mediante el Decreto 193, redujeron en más un 97% el presupuesto destinado a los barrios populares.
No voy a detallar la cantidad de titulares, tapas, programas y comentarios que se utilizaron para denostar todo lo hecho en materia de urbanización y crear el clima para semejante manoteo de fondos afectados para mejorar la vida de los sectores empobrecidos. Todos los han visto: mentiras infames sin ningún fundamento sólido y números tirados sin sentido, como si fueran prueba de algún delito. Calumnias dirigidas contra funcionarias eficientes y honestas que son dolorosas por lo injustas, maliciosas y mendaces.
Afortunadamente muchos periodistas desmintieron las calumnias y distintas instituciones se pronunciaron en defensa de lo realizado. Para despejar cualquier duda, hasta el propio funcionario designado por Javier Milei para llevar adelante esta política rechazó que existieran irregularidades y afirmó que se trataba de la mejor política social realizada por el gobierno. No tengo demasiado que agregar más que algunas palabras sobre mi participación personal porque fue mi nombre el que encabezó los libelos difamatorios.
Nunca administré ni directa ni indirectamente un centavo del FISU, no tengo cajas y cooperativas, no manejo funcionarios ni coloco militantes en el Estado para hacer política partidaria. No me enriquecí, no malversé fondos, no utilicé recursos públicos para la campaña electoral fuera de los que establece la ley para cualquier candidato. La idea de “el fondo de Grabois” es una invención maliciosa destinada a desprestigiar al mismo tiempo una política pública y un dirigente opositor.
Aunque el daño está hecho, a todos los que me atribuyeron acciones indecentes o delictivas ya los estamos demandando, deberán responder por cada calumnia y cada injuria como venimos haciendo -con bastante éxito- desde hace algún tiempo. El que las hace las paga.
Lo que sí es cierto es que participé en el diseño de la política de integración urbana. Todo lo que hice es público, está descripto en muchísimos artículos periodísticos, yo mismo lo conté en múltiples entrevistas y en dos de mis libros La clase peligrosa y Los Peores. Estoy muy orgulloso de haber puesto un granito de arena en este proceso y desde luego muy triste de que lo estén destruyendo.
¿Que fue puntualmente lo que hice? junto a muchísimas otras personas pertenecientes a distintos movimientos sociales, organizaciones barriales, legisladores de distintos partidos políticos, ONGs como TECHO e instituciones eclesiales como Cáritas, impulsamos los hitos y acciones que detallé anteriormente. Asimismo, promovimos a Fernanda Miño, Fernanda Monticceli y un equipo técnico de primer nivel para dirigir la Secretaría de Integración Sociourbana durante el período 2019-2023.
¿Algo de eso está mal? Creo que es el rol de un dirigente: defender sus convicciones, transformarlas en propuestas concretas, formar equipos para que puedan ejecutarlas y empoderar personas que por sus capacidades, conocimientos o experiencias de vida pueden liderar exitosamente esos procesos. Eso es lo que hice y eso es lo que voy a seguir haciendo.
Después de tantos años de sufrir el hostigamiento de ciertos medios de comunicación y voceros de la derecha política, aprendí que no soy yo el centro de sus ataques sino las políticas que defendemos. Si así no fuera ¿cuál es la necesidad de recortar brutalmente los recursos del FISU ahora que sus administradores fueron designados por el presidente Javier Milei? Si todo lo que dijeron fuera cierto, si los fondos para la urbanización de los barrios se malversaron y no se hizo una sóla obra ¿por qué no la hacen bien quienes ahora gobiernan?
La respuesta es sencilla. No quieren. Consideran la Justicia Social una aberración. Decidieron utilizar los fondos para otra cosa. El problema es que no se animan a decirlo y para tapar el sol de su iniquidad usan el dedo acusador de los difamadores.
Aunque acusen a todos de ladrones, traidores, narcotraficantes, intermediarios, casta, vagos, planeros y la mar en coche, lo cierto es que cuando quitan los fondos de transporte, salud o educación a los gobiernos provinciales, cuando eliminan las partidas para los comedores comunitarios, cuando desfinancian la política de integración urbana, cuando destruyen la legislación laboral, cuando niegan un aumento razonable en el salario mínimo, no están perjudicando ni a los gobernadores, ni a los dirigentes sociales ni a los sindicalistas ni a la casta ni a mi… están jodiendole la vida a la gente común, llevando a la Argentina a una crisis social sin precedentes y jugando con la disolución nacional.
Que Dios y la Patria se lo demanden.
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