Por Matías Ferrari –
Organismos acéfalos, directores sin firma, empleados a la deriva y programas destinados a los sectores populares, sin fondos. El cuadro que describen trabajadores y trabajadoras de distintos ministerios y secretarías de la administración pública nacional consultados por Página/12, a dos meses y medio desde la asunción de Javier Milei, es el de un Estado en proceso de desguace.
Los brigadistas de Parques Nacionales combaten los incendios en la Patagonia sin que haya sido conformado su directorio y con la mitad del personal bajo amenaza de despido. En el exMinisterio de Desarrollo Social, degradado a secretaría, no hay quien atienda a los referentes de los comedores populares o a los pacientes de enfermedades graves que necesitan medicación: en medio del ajuste, el funcionario que estaba a cargo renunció hace diez días y aún no tiene reemplazo. El financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para unos 1500 proyectos de investigación del Conicet todavía espera por un funcionario que lo ponga en marcha; y en el exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, son sus propias trabajadoras las que reemplazan en el diseño del organigrama interno a las autoridades, que fueron designadas recién hace cinco días.
Esos casos son apenas una muestra de una situación generalizada, que se extiende a la mayoría de los ministerios. Ya sea por la falta de cuadros técnicos de La Libertad Avanza o por las idas y vueltas de su negociación política con el PRO, Milei sigue sin completar buena parte de la famosa “raviolera” de la gestión. Solo un tercio de los cargos en las subsecretarías y direcciones nacionales y generales tienen funcionarios designados formalmente, y muchos apellidos figuraron en el Boletín Oficial recién la semana pasada. Mientras tanto, se avanzó con el recorte del gasto, lo que desfinanció programas sensibles. Más que el ambicioso plan de “Reforma del Estado” que anunció durante la campaña —y que sigue puliendo el exmenemista Armando Daniel Guibert—, el Gobierno por ahora solo tiene para ofrecer un deterioro de sus prestaciones, con áreas completas de gestión paralizadas y sin timón.
El desguace
Lo que sucede con la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) funciona como caso testigo. La DADSE, que se encarga de otorgar medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas, no tiene presupuesto asignado desde el 10 de diciembre. El 5 de febrero se consumó oficialmente su vaciamiento y su traslado desde Capital Humano a la órbita de Salud. Sus oficinas, que no habían cerrado ni durante la peor etapa de la pandemia, bajaron las persianas durante varios días. Cuando reabrieron, no tenían nada que ofrecer: siguieron haciendo un seguimiento de los casos —se atienden a diario unas 250 personas— pero sus trabajadores pedían perdón, porque los fondos no están.
En medio del ajuste, renunció a mediados de este mes Pablo Rodrigué, quien llevaba el tema desde la subsecretaría de Políticas Sociales, enfrentado con la ministra Sandra Pettovello. Con él se llevó a Agustín Sánchez Sorondo, exdirector administrativo. Ninguno de los dos estuvo nunca formalizado en el cargo, por lo que no hay registro de su paso por la gestión. El único funcionario formalmente designado por debajo de la ministra en el área social es Pablo de la Torre, como Secretario de Niñez y Familia. El resto ya ocupa sus oficinas, pero no tiene firma para asignar partidas o realizar contrataciones.
En Capital Humano, los trabajadores se preparan además para otro guadañazo: el traspaso a las provincias de toda la estructura de los Centros de Referencia (CDR), unas 56 oficinas descentralizadas que ese Ministerio tiene en todo el país. Como parte de su guerra con los gobernadores, el Gobierno busca que los estados provinciales se hagan cargo del costo de mantenerlos. En el medio hay unos 800 trabajadores cuyos puestos de trabajo están en riesgo.
De la acefalía generalizada pueden dar cuenta también en Parques Nacionales. El organismo tiene 120 años y es uno de los mas antiguos de la estructura del Estado. En su momento se esperaba que lo presidiera José Luis Ibarzábal, cercano a Santiago Caputo, pero duró solo tres semanas en el cargo, antes de renunciar sin siquiera haber sido designado. “No hay firmas para las concesiones y muchos contratos de trabajadores ligados a los territorios están a punto de caerse. Muchos compañeros no cobran desde enero por ese motivo. Y estamos con amenazas de despidos en medio de los incendios en el sur. Estamos acéfalos y nos estan llevando a un conflicto gremial”, describió la situación Juan Ignacio Martínez, delegado de ATE Capital en el organismo.
Una situación similar se vivió en la ANSES. El exfuncionario de Nación AFJP, Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini, fue designado en reemplazo del extitular del organismo, Osvaldo Giordano, a fines de la semana pasada, luego de diez días de que el cargo estuviera vacante. Todavía no hay reemplazante de la exsecretaria de Minería, Claudia Royón, otra de las víctimas de la furia presidencial tras el naufragio de la ley ómnibus.
En el Conicet, la situación es de “catástrofe”, aportó Nuria Giniger, secretaria general de ATE capital e investigadora del organismo. Unos 1500 proyectos de investigación en Ciencia y Tecnología (PICT), que abarcan las áreas de ingeniería, exactas, naturales y sociales, entre otras, están paralizados porque no hay firma asignada en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación. Una parte de los fondos para su financiamiento ya fue aportado por el BID, pero no se pueden ejecutar. “Además de proyectos de investigación, se trata de nuestro trabajo. Nos están precarizando y dejándonos sin tarea. Por eso decimos que hay un vaciamiento de la ciencia en el país, igual que como hizo (Domingo) Cavallo en los 90s”, denunció Giniger.
La actual subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, desembarcó en el área el martes pasado, luego de más de dos meses de vacancia. El recorte de las funciones del exMinisterio de las Mujeres y las Diversidades dejó a muchas trabajadoras a la deriva, con sus programas cerrados. Ellas mismas presentaron un organigrama alternativo, con los puestos a ocupar en las direcciones sin designar, ante la ausencia de autoriades. “Agradezcan que siguen siendo una subsecretaría”, les dijeron. “Este Gobierno viene no solo a desguazar el Estado, sino a violentarnos y provocarnos sacándonos las únicas políticas públicas que teníamos como población vulnerable y vulnerada”, sentenció Nadin Smith, delegada de ATE Capital.
Una “reforma” para despedir
A la par del ajuste en los programas, el Gobierno tiene en carpeta la mentada “Reforma del Estado”. Al frente de la tarea está Armando Daniel Guibert, quien desempeñó la misma tarea durante la década de los 90, como funcionario menemista. Fue nombrado en diciembre como secretario de Transformación del Estado y responde directamente al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Ambos funcionarios hicieron circular a principios de enero una nota a los secretarios y subsecretarios de coordinación administrativa de cada ministerio para que realicen una suerte de informe de “dotación óptima” de personal, a la manera que ya lo había hecho durante el macrismo el entonces ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
En la nota se les pide a los ministerios que realicen una “supresión y/o fusión de unidades organizativas que no aporten valor en cuanto a la producción de bienes, servicios y regulaciones”, lo que derivará en un recorte en el empleo público, probablemente con fecha de concreción a partir del 31 de marzo, cuando vence la renovación automática de contratos por tres meses de la transición.
La puesta en marcha de esa reforma es una de las razones detrás de la ausencia de cuadros designados en la “raviolera” del Estado. Según pudo saber este diario, Mauricio Macri ya tomó nota del asunto y se frota las manos: un dirigente de su confianza le acercó un informe con los cargos todavía vacantes, donde podría hacer desembarcar a sus cuadros como parte de un acuerdo renovado con Javier Milei.
Fuente Página/12
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