De la Redacción de Contrapoder –
Por sobre cualquier otro funcionario kirchnerista Amado Boudou tiene el récord de estigmatización por
parte de todos los medios del Grupo Clarín, y eso no es nuevo, ocurre desde hace años, y tiene que ver con dos cuestiones básicas, la nacionalización de los Fondos de los jubilados, que dejó a Clarín con un porcentaje importante de acciones que pertenecían a las AFJP, en manos del estado; y también por haberle sacado a su empresa (Bolt) el negocio de la impresión de los billetes. Magnetto nunca perdonó a Boudou, y tal vez ahí hay que buscar respuestas a la inexplicable detención de esta mañana.
Impacta ver la galería de fotos que el diario expone sobre la detención, en el juzgado “esposado y expuesto como trofeo” por los policías; en el momento de la detención, en pijama y descalzo. Clarín tiene todo, como cada vez que ocurre un exceso de la justicia contra un ex funcionario kirchnerista.
Boudou fue detenido a pedido del juez Ariel Lijo, en medio de un juicio oral que se le lleva adelante por la causa Ciccone, aunque la detención fue por otra causa, por presunto enriquecimiento ilícito, en la que aun ni siquiera fue indagado por el magistrado que ordenó su detención. Nadie entiende la detención, ya que el ex ministro siempre se mantuvo a derecho y se presentó a todos los requerimientos judiciales que le iniciaron.
Lo que poco se dice es que el juez Lijo fue denunciado hace solo unos días por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. ¿Tendrá que ver esta detención, que agrada al gobierno con un acuerdo para “cambiar figuritas”?
Tan fuera de lugar fue la medida ordenada por Lijo que ni siquiera el impulsor de la denuncia que dio origen al expediente, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, la entiende. “Me sorprendió a mí también”, expresó el abogado En diálogo con la prensa Kalbermatten dijo:“Desconozco los fundamentos del juez, pero tengo que reconocer que Boudou siempre se presentó, pidió permiso para salir del país, siempre estuvo a derecho y nunca me dejó la impresión de querer fugarse o entorpecer la investigación
El diario Página/12 da algunas pistas acerca de la causa en cuestión:
En la orden de detención, Lijo le imputa a Boudou los delitos de ser jefe de una “asociación ilícita” dedicada al “lavado de activos, cometido en tres oportunidades”, desde 2009 hasta 2015. Estos son los puntos sobresalientes del escrito en el que asoman generalidades en vez de especificaciones de la comisión de un delito que ameritara la privación de la libertad por un supuesto “riesgo procesal”, “entorpecimiento del proceso” judicial y supuesta intención de “fuga”.
* Lijo ordenó las detenciones a pesar de que “las personas sometidas a proceso penal deben permanecer en libertad” en “resguardo de la presunción de inocencia”.
* No obstante, el magistrado consideró que podría haber una “conducta evasiva” por parte de los imputados, así como también “la existencia de relaciones residuales” entre los imputados y otras personas, que podría hacer que aquellos configuraran “una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional”. Es decir que se los acusa de poder “obstaculizar” el proceso.
* Dice que la detención se concretó porque Boudou puede poseer “la información relevante, los contactos y la capacidad de acción” suficiente como “para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los que está imputado.
* Lijo justificó la privación de la libertad en su creencia de que existe “la voluntad” de “ocultar sus operaciones” y que con ello “se deriva el peligro concreto de que la investigación esté siendo obstaculizada”. Sin embargo, ni en el caso de Boudou ni en el de Núñez Carmona especifica mediante qué actos o contactos podrían obstaculizar el proceso que ya lleva 5 años.
* El juez federal reconoce que Boudou siempre estuvo a derecho y no desoyó los llamados a declarar. El dictamen dice que “los imputados han cumplido con las obligaciones formales del proceso”. No obstante, cita el fallo de la Cámara de Apelaciones que “establece nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales”. El fallo es el que avaló el encarcelamiento, también sin sentencia, del ex ministro Julio De Vido.
* Tanto a Boudou como a José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López se los acusa de “cometer delitos indeterminados” pero “con miras a la obtención de beneficios económicos”.
* La “organización criminal” mediante la que habrían cometido sus “designios criminales” habría funcionado entre 2009 y 2015, mientras Boudou era vicepresidente.
* A Núñez Carmona, Vandenbroele y López se los catalogó como presuntos “prestanombre” de Boudou, es decir, testaferros que “se distribuían los roles de actuación en razón de la calidad y posición que cada uno de ellos ostentaba”.
* Las sociedades anónimas a través de las que habrían operado serían Habitat Natural S.A., Inversiones Inmobiliarias Aspen, Rock Argentina, WSM, Beaver Cheek, Action Media, Vail Investments, Embarcaciones Argentinas y The Old Fund.
* “La función principal” de Boudou dentro de esa supuesta asociación ilicita “se encontraba especialmente ceñida al ámbito público”, como ministro de Economía y luego vicepresidente, mientras que el rol de Núñez Carmona “se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou (…) no podía llevar a cabo”. “Vandenbroele y López resultaban ser la cara visible del negocio.”
* Lijo sostiene que los imputados habrían llevado a cabo “un número indeterminado de maniobras ilícitas” en las que “subyacen graves actos de corrupción”. Pero no dio precisiones de ellas.
* El monto del supuesto lavado por el que se acusa a Boudou y Núñez Carmona es de 4.238.900 pesos y 795 mil dólares. El blanqueo de ese dinero habría sido entre 2009 y 2010.
* A Agustina Kämpfer se la acusa de comprar un departamento por 120 mil dólares que no podría probar su capacidad económica para esa operación.
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