Por Boyanovsky Bazán –
Con grandes similitudes con el caso por el que se investiga una supuesta red de coimas en la Argentina, una exasesora del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, asegura haber sido la autora de anotaciones en un cuaderno donde detalla supuestos encuentros, órdenes y maniobras tendientes a canalizar sobornos de empresas constructoras. Según la acusación, el dinero habría sido destinado a financiar la campaña del entonces partido de gobierno, Alianza País (AP). Por esa investigación es que hace un mes la jueza Daniella Camacho pidió la prisión preventiva del exmandatario, quien reside en Bélgica, en el marco de la trama denominada “Sobornos 2012-2016”, en la que están presuntamente implicados otros altos excolaboradores directos o indirectos del Ejecutivo, entre ellos la exasesora y exjueza Pamela Martínez, quien fue detenida en mayo pasado y se acogió al sistema de “cooperación eficaz”, similar al que propone la ley del arrepentido en la Argentina.
Todo el entorno de Correa, incluido él mismo, cuestionaron la aparición de este documento por “inconsistente” y por considerarlo una construcción en la que estaría involucrada la misma fiscal general.
“Esto es parte de la patraña judicial para involucrar a Rafael Correa, atendiendo a las presiones de la fiscalía y el Ejecutivo, con un único objetivo: dejarle fuera de una participación electoral, porque ahora las encuestas, de forma inequívoca, dicen que Correa ganaría las elecciones en primera vuelta si estuviese en Ecuador”, dijo a Tiempo Virgilio Hernández, estrecho colaborador y cabeza del equipo jurídico del exmandatario.
La investigación se inició por denuncias de portales que afirmaban que empresas contratistas del Estado, entre ellas la brasileña Odebrecht, habrían entregado 11,6 millones de dólares en “donaciones voluntarias” para la campaña de AP, que según la versión periodística, fueron parte de un “sistema de sobornos”.
Por este caso fue detenida Martínez el pasado 4 de mayo y a continuación acordó con la Fiscal General, Diana Salazar, acogerse al sistema de “cooperación”: 15 días después de la detención se produjo un allanamiento en su domicilio donde, según la versión oficial, la policía encontró “detrás de una chimenea” un cuaderno con anotaciones de los supuestos procedimientos para cobrar y dirigir el dinero de los sobornos. El texto está escrito en tiempo presente, como si hubiese sido redactado a medida que ocurrían los hechos. En los facsímiles que circularon se ve que los escritos se refieren a supuestas órdenes y comunicaciones con “SP” (por señor presidente) y “VP” (por vicepresidente, refiriéndose a Jorge Glas), ambas fórmulas usadas en la formalidad ecuatoriana, y a otros exfuncionarios, estos sí con nombre y apellido. Sin embargo, el martes pasado Martínez declaró ante la jueza que había escrito ese cuaderno, no en los años en que está centrada la investigación, sino en 2018 durante un viaje en avión, por un “impulso” de documentar todo lo ocurrido. El entorno del exmandatario considera entonces que la “prueba” fue forjada durante los primeros días de detención de Martínez. La acusación es muy grave, porque de ser así, estaría involucrada la Fiscal General en la construcción de una prueba falsa. “Es lo que la lógica nos dice, hay muchos nexos para pensar que es así. El cuaderno aparece en un allanamiento que se hace 15 días después de que esta persona es detenida, después de que logra un acuerdo de cooperación con la fiscalía. Ella dice que lo escribió en un viaje de Guayaquil a Quito, son 30 minutos de avión, ¿cómo es posible resumir en ese lapso cuatro años de gobierno?”, se preguntó Hernández vía telefónica. Ya en sus redes había vinculado el caso con los supuestos cuadernos fotocopiados de Oscar Centeno en Argentina, como parte de una persecución judicial a nivel regional. En el mismo sentido se pronunció Correa en un video difundido en su cuenta de Twitter: “El supuesto cuaderno de Pamela Martínez es el mayor fraude procesal que recuerde la historia del Ecuador. Fue escrito por ella en la cárcel en contubernio con la fiscal Diana Salazar. En mi vida he solicitado, ni siquiera permitido algún soborno”.
La fiscal general, sin embargo, afirma que cuenta con más de 200 evidencias sobre los sobornos que supuestamente recibieron funcionarios para la financiación de campañas electorales. En el expediente están procesadas 26 personas, entre empresarios y exfuncionarios del Gobierno anterior. Martínez, quien fue asesora presidencial desde el 2009 hasta el 2012 y luego miembro del Poder Judicial, fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil cuando se disponía a salir del país. Está procesada por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. La investigación también deberá determinar si, como dice el abogado de Glas, hoy detenido por una causa similar, fue ella la verdadera beneficiaria de posibles sobornos. “La señora Martínez ha hecho un imperio económico en el tiempo que se lucró a través del puesto público que le asignaron. Ella rompió la confianza que se le dio en su cargo público, ella es la que manejó y orquestó cualquier actividad ilícita que salió de su propia iniciativa y ahora para limpiarse quiere echar la culpa al resto, pero sin pruebas o con pruebas forjadas por ella misma”, dijo Harrison Salcedo, representante de Glas.
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