De la Redacción de Contrapoder –
La jueza en lo comercial de primera instancia, Marta, Cirulli dispuso ayer la intervención de la empresa Correo Argentino, al mismo tiempo que otro tribunal le trasladó a la Corte Suprema la decisión de prorrogar plazos procesales para que el Estado Argentino, representado por el actual gobierno, disponga de más tiempo para establecer si la quita de más del 98 por ciento de la deuda de 70 mil millones de pesos es conveniente o no para el erario.
La magistrada concretó la designación de una intervención judicial en la empresa de la familia Macri, una medida que había sido pedida por la fiscal Gabriela Boquín hace dos años. Según determinó la jueza, Correo Argentino ocultó información sobre su real estado patrimonial, especialmente en lo referente a deuda po- concursal. Desde hace tiempo la fiscal impulsa una investigación que parece apuntar al vaciamiento de la empresa, de modo tal que ante una eventual resolución de la causa (que ya lleva más de tres lustros de tramitación) no haya a quién cobrarle.
La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo dispuso un peritaje sobre la situación del Correo para determinar si la gestión para la condonación casi total de la deuda fue un ejercicio abusivo por parte de las autoridades nacionales. En esa denuncia, que formuló un abogado hace más de un año y que prácticamente no había tenido movimientos, aparecen imputados la propia jueza Cirulli y los síndicos designados para velar por los intereses de los acreedores.
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