Por Adriana Meyer –
Una vez más, el expediente que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado será mudado de juzgado. El juez federal a cargo, Gustavo Lleral, decidió apartarse del caso y lo envió a su par de Rawson, Hugo Sastre. En términos simples, Lleral ratificó que a su criterio en la muerte de Maldonado “no intervino tercera persona alguna” y, por lo tanto, ante el pronunciamiento en contrario de sus superiores, podría ser tildada de parcial su continuidad en la causa. Esto es así porque la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había ordenado la reapertura de esta causa, que Lleral clausuró a partir del hallazgo del cuerpo del tatuador anarquista.
La familia Maldonado apeló esa decisión por considerar que había decenas de medidas pendientes y por disentir en la anulación por parte de Lleral del delito de desaparición forzada. Por eso, el 5 de diciembre en la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal las partes presentarán argumentos contra la decisión de los camaristas de Chubut que reabrieron el caso: el gendarme Emmanuel Echazu cuestionó la reapertura de la causa, y la APDH y Sergio Maldonado apelaron contra la apertura a medias, cada querella con sus planteos.
Santiago Maldonado, el “Brujo”, como le decían en la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen, desapareció el 1 de agosto de 2017 en medio de un operativo represivo de Gendarmería, y su cuerpo sin vida apareció dos meses más tarde en el río Chubut.
“Está muy bien porque Lleral no puede y no debe seguir al frente del caso, ahora decidió que no quiere y es mejor así porque en cualquier caso lo hubiéramos recusado”, dijo a PáginaI12 Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. “Casación tiene que resolver sobre la decisión de los camaristas de Comodoro Rivadavia, que dijeron que había que seguir investigando pero descartando la desaparición forzada. Contra esa resolución que revertía la de Lleral, que había dispuesto el archivo de la causa y el sobreseimiento de Echazu, ese gendarme también apeló. Así, el 5 Casación nos dio audiencia donde expondremos nuestro planteo una vez más, para resolver luego si sostiene la resolución de Lleral archivando todo, si avala el fallo de Comodoro que ordena avanzar pero sin el delito de desaparición, o hace lo que nosotros pedimos que es que se inicie una investigación amplia con la mayor de las hipótesis incluidas, que es la desaparición forzada”, aclaró la abogada. Este sigue siendo el objetivo de los Maldonado, al punto que lo expresaron públicamente apenas se conocieron los resultados de las elecciones. Ellos exigen que, además, se haga cargo un equipo de expertos independiente de los poderes del Estado.
El primer juez había sido Guido Otranto, apartado por sus superiores por parcialidad, luego de hacer declaraciones periodísticas en las que afirmó que Santiago se había ahogado aún antes de que apareciera su cuerpo. Otranto dirigió la instrucción de la causa al ritmo de lo que le dictaron los operadores del gobierno, Gonzalo Cané y Pablo Noceti, funcionarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En su resolución, el juez Lleral consideró que “frente a este estado de situación del trámite judicial, en el cual, por un lado, no existe certeza jurídica sobre las decisiones jurisdiccionales pronunciadas tanto por este magistrado como por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dado que ninguna de las sentencias pasó a tener autoridad de cosa juzgada, y por otro, la materialidad inevitable de tener el expediente principal bajo el poder de mi jurisdicción, debo adoptar la decisión adecuada y ajustada a los mandatos, principios, garantías y derechos contenidos en nuestra Constitución aplicables al caso, como también, según lo aconsejan esas normas fundamentales, pronunciarme de manera equilibrada, ecuánime y justa, para salvaguardar los intereses de cada una de las partes”. Y resolvió que “en atención a lo ordenado por la Alzada” y “por respeto a los principios republicanos en juego”, resultaba aconsejable su “apartamiento como magistrado del presente trámite”.
El juez insistió con que “en la muerte de Santiago Andrés Maldonado no se verificó la participación responsable penalmente relevante de persona alguna”. Y por lo tanto decidió que “como sin esfuerzo se aprecia, el examen y valoración de los medios probatorios colectados, efectuados de manera lógica, razonada y exhaustiva, que condujeron a formar mi juicio de certeza contenido en la sentencia definitiva apuntada, a mi entender, constituyen una barrera infranqueable que, en caso de reasumir la potestad jurisdiccional en la causa, razonablemente, podría generar en las partes intervinientes duda acerca de mi imparcialidad”.
“La inhibición de Lleral es lógica, él realizó un fallo vergonzoso con agravios incluso a los organismos de derechos humanos que pusieron en evidencia su animosidad. Nos ahorró la recusación. Vamos a seguir reclamando justicia y ahora esperamos que Casacion ordene que se investigue todo como corresponde”, dijo Mauricio Rojas, abogado de la querella de la APDH.
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