De la Redacción de Contrapoder -
La Cámara Federal porteña revocó este jueves los procesamientos que pesaban sobre el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la ex secretaria de Ética Pública Laura Alonso, en la causa por supuestos beneficios otorgados a la empresa Shell, durante la gestión del primero al frente de la cartera. Sin embargo, la sala II del tribunal de apelaciones le encomendó al juez Luis Rodríguez profundizar la investigación.
“Ciertamente hay interrogantes que resulta imprescindible realizarse. Pero el expediente muestra que los encargados de investigar aún no se los han formulado. Menos todavía, los han contestado”, sostuvieron los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia en el fallo que se conoció hoy.
En esta causa, la Justicia investiga si Aranguren se interesó por beneficiar a la empresa de la que había sido directivo y accionista en abandono de los intereses del Estado y si, desde la Oficina Anticorrupción, Alonso encubrió un eventual comportamiento delictivo.
“Era (y es) necesario dilucidar si los pedidos de adquisición de cargamentos se compadecían con la necesidad estructural de abastecimiento de energía del país, si las contrataciones se produjeron siguiendo las regulaciones aplicables y las recomendaciones efectuadas por YPF -o, en su caso, si CAMMESA se apartó de ellas-, si participaron todos los actores pertinentes y dentro de un procedimiento de selección previa, competitiva y abierto”, sostuvieron los jueces.
Además, advirtieron que “resta determinar con claridad cuáles otras empresas del rubro aumentaron sus importaciones, por qué motivos, en qué porcentaje –con relación a su abastecimiento en el mercado local- y por qué montos, para confrontar ello con la situación de Shell y obtener –o no- signos o particularidades propias de un eventual trato desigual”.
El juez Rodríguez había procesado a ambos funcionarios en diciembre de 2019: a Aranguren por negociaciones incompatibles con la función pública y a la ex secretaria de Ética Pública, Alonso, por el delito de encubrimiento.
“Se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación”, había dicho el magistrado en su sentencia.
Se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron a Aranguren, quien dejó el Ministerio en junio de 2018, de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su “doble rol como funcionario público y accionista de Shell”.
Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.
También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”, lo que habría puesto “en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino”.
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