De la Redacción de Contrapoder –
El Gobierno formalizó este lunes la entrada en vigencia a partir del 1 de enero del plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y tv por suscripción con un precio a partir de 150 pesos, y también los incrementos de entre 5% y 8% para los demás planes no comprendidos en el programa.
Lo hizo a través de las resoluciones 1466/2020 y 1467/2020 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Las características del plan
El PBU tiene por objetivo favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos.
La prestación tiene el carácter de “obligatoria”, con lo cual las empresas deberán otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma, según especifica la Resolución 1467/2020.
Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo y por Embarazo.
También comprende a quienes perciben pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, a inscriptos en el Monotributo Social, así como a trabajadores y trabajadoras monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.
Además, los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.
La norma incluye asimismo a los clubes de barrio y de pueblo registrados, asociaciones de bomberos voluntarios registrados, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.
La implementación del plan
El presidente de Enacom, Claudio Ambrosini, dijo -en declaraciones radiales- que “estamos muy contentos de dar otro derecho más, como dimos la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, hoy estamos dando el derecho a los argentinos más vulnerables a estar conectados”.
Sostuvo que “el objetivo es favorecer al usuario y no desfinanciar a las empresas” y recordó que “todas estas empresas durante la pandemia siguieron facturando, no como otras que no pudieron abrir y tuvieron facturación cero”.
Para la implementación del plan “nos vamos a sentar esta semana con las compañías para ajustar los detalles y que tengan las herramientas necesarias”, agregó.
Destacó que “hay compañías que ya están pensando en ofrecer, ante la libre competencia, agregar algo más (al plan); si es en beneficio del usuario bienvenido sea”.
Los aumentos
En la otra resolución, se autorizó un aumento para las empresas de estos servicios públicos en general, de hasta 5% para enero próximo.
Pero para el caso de los licenciatarios que posean menos de 100.000 accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante 2020, podrán incrementar el valor de sus precios minoristas, hasta un 8%.
Para establecer los porcentajes aprobados, se deberán tomar como referencia sus precios vigentes al 31 de julio 2020.
La normativa también dispuso que cualquier pretensión particular de incremento de un porcentaje superior a los establecidos “deberá solicitarse con carácter excepcional y fundarse debidamente a través de documentación fehaciente”.
La reacción de las telefónicas
La decisión del Gobierno nacional no fue fue bien recibida por el sector privado -incluido las empresas- pymes.
Desde Telecom -uno de los principales actores del sector titular de Personal, Fibertel, Flow y Telecom- dijeron que con estas medidas el Gobierno “está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”.
Desde Movistar, por su parte, subrayaron que el “tope máximo del 5%” de aumento para los servicios “resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria”.
En tanto, desde la Cámara argentina de internet (Cabase) alertaron que estos precios de servicios ponen en peligro la continuidad de “más de1.200 pymes y cooperativas” que prestan servicios de conectividad a internet en localidades del interior del país.
Ayer, el director del Enacom Gonzalo Quilodrán rechazó las críticas al asegurar que “a buena parte del sector le hubiera gustado seguir teniendo aumentos unilaterales”.
En diálogo con El Destape, Quilodrán dijo que desde el Gobierno “no vamos a ser cómplices de generar aumentos por encima del poder adquisitivo de los argentinos y argentinas”.
Sobre el plan básico, dijo que el universo al que se llegará es similar al que percibe el IFE y el objetivo es “retomar el poder regulatorio para evitar tener argentinos de primera y de segunda por la falta de conectividad”.
“El Estado por sí solo no va a resolver las desigualdades y asimetrías en materia de comunicación, pero es para no dejar a nadie atrás”, concluyó el funcionario.
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