Por Miguel Jorquera –
El diputado macrista Fernando Iglesias deberá afrontar un pedido de expulsión de la Cámara baja presentado por 15 diputadas del Frente de Todos “por la violencia misógina y machista, verbal y psicológica que ejerce sistemáticamente contra las mujeres”. Un complejo proceso político, que requiere de mayorías especiales y que desde el retorno de la democracia la Cámara de Diputados ejecutó solo en tres casos que terminaron con la expulsión por inconducta: Ángel Luque (Catamarca), Norma Ancari de Godoy (Buenos Aires), mientras que Eduardo Varela Cid (CABA) fue suspendido de su banca hasta el final del mandato. La Cámara baja también se negó a aceptar los pliegos de los diputados electos Antonio Domingo Bussi (Tucumán) y Luis Abelardo Patti (Buenos Aires) porque afrontaban causas por delitos de lesa humanidad.
En tanto apenas convalidó dos pedidos judiciales de desafuero, uno de ellos fue el del ex ministro de Panificación, Julio De Vido (Buenos Aires). El caso mas reciente fue el del diputado Juan Ameri (Salta) al que le pidieron la expulsión por “exhibiciones obscenas” a través del zoom en el que participaba de una sesión de la Cámara legislativa en medio de la pandemia. Ameri finalmente renunció a su banca con la aprobación mayoritaria del cuerpo y el rechazo de 4 diputados de Juntos por el Cambio, entre ellos Iglesias que justificó su abstención a través de Twitter: “Si se le acepta la renuncia no se le puede expulsar, que es lo que corresponde”, explicó entonces el diputado ahora acusado.
El proceso de expulsión que afronta Iglesias también podría alcanzar a su compañero de bancada Waldo Wolff. El abogado de la actriz Florencia Peña presentó ante la Cámara baja el pedido de “suspensión inmediata” y el “inicio de proceso de desafuero” para Iglesias y Wolf luego de radicar una querella criminal ante el Fuero Federal por considerar que “los funcionarios legislativos han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar”.
La suspensión y le desafuero son otra dos medidas disciplinarias que la Cámara adoptó en otras oportunidades. Aunque los ejemplos de sancionados son apenas un puñado.
Expulsados y suspendidos
El diputado catamarqueño Ángel Luque desató un escándalo tras la detención de su hijo Guillermo, acusado de haber participado en el asesinato de la joven María Soledad Morales. “Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”, dijo el diputado en una entrevista, en medio del estallido social que desató el caso vinculado a “los hijos del poder” y que determinó en la intervención de la provincia. Tras los dichos, la Cámara de Diputados convocó a una sesión de urgencia y el 18 de abril de 1991 resolvió excluir por “indignidad moral” a Luque por 129 votos a 2.
La bonaerense Norma Ancari de Godoy fue denunciada por un programa de TV (Punto Doc), que exhibió imágenes en las que se veía a la legisladora amenazando de muerte a un productor del ciclo televisivo. La comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó la exclusión del cuerpo de la diputada por “desórdenes de conducta”. Cuando la Cámara Baja discutía su expulsión, la diputada peronista renunció a su banca el 8 de abril de 2002.
Eduardo Varela Cid fue el primer diputado separado de la Cámara baja por corrupción. En 1995 admitió que requirió colaboraciones a empresarios postales a través de un bono, que cotizaban para cambiar su voto de oposición a la controvertida ley de Correos con que el menemismo buscaba privatizarlo. La sanción también por “desórdenes de conducta”, no fue la expulsión sino la suspensión hasta el final de su mandato, con lo que igual Varela Cid perdió todos sus atributos de legislador: banca, fueros y dieta.
Un caso menos recordado, pero de fuerte repercusión en 1988, fue el del diputado bonaerense Horacio Cambareri. Apostado en un monobloque personal, utilizó los medios de comunicación de la Cámara para expresar su posición a favor de un alzamiento militar ocurrido ese año contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Sin embargo para el diputado carapintada la sanción por “desórdenes de conducta” distó lejos de ser ejemplar: fue suspendido sin goce de sueldo por apenas tres sesiones efectivas de la Cámara.
Represores
Distinta fue la postura del cuerpo legislativo cuando tuvo que lidiar con represores que llegaban a la Cámara por el voto popular. Los diputados le cerraron el paso al ex general y ex gobernador tucumano, Antonio Domingo Bussi, al que excluyeron de la Cámara de Diputados en 1999 por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Bussi afrontaba ya procesos judiciales por mas de 60 casos de desapasiones y torturas. El represor prefirió dejar de lado la confrontación política, cedió su banca a quien lo secundaba en su partido Fuerza Republicana y continuó su reclamo judicial.
En 2005, la llegada de otro represor a la Cámara baja fue más compleja, aunque tampoco nunca pudo sumir su banca. Luis Abelardo Patti fue electo diputado pero su diploma fue impugnado por su participación en crímenes de lesa humanidad. Los diputados y diputadas que promovieron su impugnación sostenían que no se le podía dar fueros a un represor que tenía varias causas abiertas por su participación en crímenes durante el terrorismo de Estado.
Un fallo de la Corte Suprema en abril de 2008 sobre el caso Bussi sostuvo que la Cámara de Diputados no tenía atribuciones para impedir sus asunción como diputado electo y que su impugnación se debería haber realizado cuando se presentó como candidato. El fallo devino en abstracto para el represor tucumano, cuyo mandato como diputado ya había finalizado, pero le abrió las puertas a Patti. El líder del Paufe –que al igual que Bussi estaba preso por delitos de lesa humanidad–, logró el reconocimiento de sus fueros y fue liberado. A los pocos días el juez federal Alberto Suárez Araujo pidió su desafuero y la Cámara baja lo aprobó el 24 de abril de ese año por 196 votos afirmativos, 9 en contra y 11 abstenciones. Con lo que Patti volvió a la cárcel para cumplir sus condenas.
De todas maneras, Iglesias cuenta ahora con el respaldo del interbloque macrista de Juntos por el Cambio para bloquear su expulsión, que requiere del voto de los dos tercios del cuerpo. Aunque sumergidos en una feroz disputa interna, nadie de la coalición opositora la va a soltar la mano al adalid de su sector mas belicoso y bendecido por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quien dijo que Iglesias “utilizó la ironía”. Un ejemplo cercano: después del desafuero de De Vido, el entonces oficialista Cambiemos cerró todos los pasos para impedir el desafuero de la radical Aída Ayala solicitado por la justicia chaqueña por supuestos delitos de corrupción.
RSS