Cuatro años después del escándalo, recién se estudiará científicamente la presunta prueba

Por Horacio Verbitsky – 

Un factor que no se puede subestimar en el caso del gasoducto es la reverencia que en los tribunales se practica hacia Paolo Rocca, primer sobreseído en el expediente de los cuadernos del suboficial del Ejército Oscar Centeno, pese a que los cargos estaban probados y hasta confesos. Los ritmos del Estado Libre Asociado de Comodoro Py son impredecibles. La semana pasada, cuatro años después de la estruendosa aparición de los cuadernos Fénix, por primera vez se ordenó que fueran peritados los ejemplares numerados 4, 7 y 8. Lo dispuso el juez Marcelo Martínez De Giorgi, a solicitud del empresario Armando Loson, uno de los detenidos y extorsionados por el fenecido ex juez Claudio Bonadío.

Cuesta creer que fueran necesarios 1.400 días para que alguien se interesara por verificar con medios científicos la autenticidad de la única prueba sobre el principal escándalo que sacudió al sistema político y a la comunidad de negocios del país, cuyas propiedades mágicas envidiaría David Copperfield. En el momento de su detención en un operativo espectacular preparado para la prensa que formaba parte del dispositivo, Loson llevaba 40 años como presidente de la sociedad anónima Albanesi SA, de capitales privados nacionales, que nunca fue constructora, ni proveedora del Estado, ni realizó una sola obra pública. Se trata de una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas, que posee once centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país. Eso no fue óbice para que la información oficial del juzgado lo presentara como constructor de obra pública.

Luego de recuperar su libertad y delegar la actividad empresarial en sus hijos, Loson abordó la lectura minuciosa de los cuadernos del suboficial Centeno, en las imágenes digitalizadas que se conocían, y al descubrir numerosas anomalías encargó a un estudio de calígrafos un peritaje minucioso. De ese modo, se detectaron cerca de 1.600 adulteraciones e irregularidades, entre tachaduras, correcciones, testados y sobre escritos.

Martínez de Giorgi pidió que los peritos calígrafos determinen si los cuadernos fueron escritos por una sola mano, si se aprecian sobre escritos, testados, o cualquier tipo de adulteración y/o modificación y, en caso de encontrarse sobre escritos que modifiquen el texto original, que se estudien y cuantifiquen. Según las anotaciones del suboficial Centeno, en Alem 850 Roberto Baratta y su secretario recibieron dinero de «Armando». Pero el peritaje de la versión electrónica detectó que debajo de ese nombre decía «Marcelo», que fue tachado con tinta blanca y sobre escrito. En el mismo edificio donde tenía sus oficinas Albanesi estaban las de Odebrecht, donde recibía su presidente, el ahora detenido y condenado Marcelo Odebrecht, socio del ex Presidente argentino Maurizio Macrì. Loson también arguye en su favor que en una fecha en la que el suboficial Centeno dice haber conducido a Baratta hasta su oficina, él estaba en otra ciudad, y ofrece las pruebas documentales y testimoniales que lo demuestran. Loson cedió a la extorsión y se declaró arrepentido para quedar en libertad. Reconoció haber hecho aportes económicos para una campaña electoral, algo que practica desde hace décadas con todos los partidos, agregó.

Al presentar el peritaje y la denuncia a la Justicia hace dos meses, Loson dejó constancia de que no pretendía cuestionar el contenido de la totalidad de los cuadernos sino únicamente aquello que «me involucra maliciosamente para implicarme y perjudicarme». No obstante, si se confirmara la falsificación, las implicancias serían mucho mayores.