De la Redacción de Contrapoder –
La Cámara de Casación porteña rechazó la prescripción de una añeja causa por defraudación al Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante un crédito para un mega emprendimiento comercial y de entretenimientos en el predio de la Sociedad Rural (SRA) de Palermo durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.
El Tribunal exhortó a la pronta realización del juicio oral, que tiene entre sus imputados a ex funcionarios y directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por presunta “malversación de caudales públicos”.
El máximo tribunal penal porteño rechazó los planteos de prescripción por violación de la garantía a ser juzgados en un “plazo razonable”, teniendo en cuenta que la causa se inició en los 90 y todavía no tiene sentencia definitiva.
El tribunal oral número 29 tiene asignado el caso pero no podía avanzar porque estaba pendiente el planteo de prescripción que la Casación Nacional, con las firmas de los jueces Gustavo Bruzzone y Daniel Morín, acaba de desestimar.
No obstante, todavía queda pendiente una recusación contra uno de los jueces del tribunal, que debe resolver la Corte Suprema.
La compra del predio La Rural
La causa es una derivación de la venta del predio de la Rural en 1991 por un precio inferior al de mercado en una de las zonas más caras de Buenos Aires.
El ex presidente Menem había sido condenado pero la Cámara Federal de Casación, en ese expediente principal, declaró la prescripción de la acción.
En esta derivación, los imputados están acusados por la tramitación de la rezonificación del predio, en el que con la promesa de aportes privados de capital se proyectó un complejo de cines, restaurantes, discoteca, anfiteatro, centro cultural y estacionamiento, que nunca se concretó.
Para ello, no hubo aportes privados sino un crédito de unos 150 millones de dólares del Banco Provincia, que causó un perjuicio a la entidad financiera oficial.
Entre los imputados figuran el ex procurador del Tesoro del gobierno de la Alianza Ernesto Marcer, el ex presidente de la SRA Luciano Miguens y ex directivos del Banco Provincia.
La acusación señala que “los miembros de la SRA habrían incidido para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (con posterioridad a la compra) rezonifique la zona a su favor. Esta rezonificación buscaba llevar a cabo una serie de construcciones (entre las que había cines, estacionamientos, salones de baile)”. Todo se iba a financiar no con aportes privados sino con un crédito millonario del Banco Provincia para una obra en la Capital Federal.
“La Sociedad Rural, a través de dos sociedades fantasmas, que contaban con un capital social de 12.500 pesos, solicitó un préstamo de 150 millones de dólares al Banco de la Provincia de Buenos Aires. El pedido fue aprobado por el directorio de la entidad bancaria a una tasa extremadamente baja y a pagar en cómodas cuotas. Concedió el préstamo a la SRA pese a que sería utilizado para una inversión privada y que, para colmo, no sería desarrollada en la Provincia de Buenos Aires, todo lo cual no está permitido por la ley orgánica de la entidad”, reseñó la acusación fiscal.
“Las supuestas inversiones extranjeras no eran más que el dinero de los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires. El préstamo nunca fue pagado”.
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