Por Raúl Kollmann –
En el juicio por la obra pública en Santa Cruz, los abogados defensores arrasaron con la acusación de la fiscalía en la serie de alegatos que terminó este lunes. De las imputaciones -empezando por aquello de que las obras no se hicieron o que el Estado pagó obras que no se hicieron- no quedó nada. El siguiente paso será la exposición de los fiscales frente a planteos de nulidad total o parcial de la acusación. Son en concreto cuatro.
Primero, la defensa de Lázaro Báez pidió la nulidad porque el empresario fue escuchado ilegalmente en el penal de Ezeiza cuando hablaba con sus abogados, es decir que se violó su derecho de defensa.
Segundo, buena parte de las defensas pidieron la nulidad porque todas las obras se hicieron en Santa Cruz y la Justicia provincial ya determinó que no hubo delito, por lo cual no se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo hecho.
Tercero, también se cuestionó que los fiscales introdujeron de forma irregular, el último día del juicio, los mensajes de José López provenientes de la causa del convento y los 9 millones de dólares que el exfuncionario tiró ahí. Las defensas afirmaron que no tuvieron ningún control sobre el peritaje del celular de López.
Cuarto, también las defensas cuestionaron que los fiscales recurrieron, a último momento, a un tramo de la declaración de López como arrepentido en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Como se sabe, aquella declaración no fue filmada como exige la ley y podría encerrar una negociación con privilegios para López.
Todos esos pedidos de nulidades deberán ser respondidos por Diego Luciani y Sergio Mola el 14 de noviembre, es decir que el tribunal les dio a los fiscales catorce días para que traten de corregir sus argumentos, aunque están limitados a contestar esos precisos puntos de nulidad. Queda después lo que se llama réplicas, o sea que los fiscales contesten sobre otras cuestiones. En ese caso, las defensas podrán volver a argumentar también.
¿Puede anularse todo el juicio?
El punto central de la última audiencia de alegatos estuvo referido a esos pedidos de nulidades. El abogado Mariano Fragueiro Frías pidió la palabra y sostuvo que los jueces debían resolver directamente sobre esas nulidades sin darle la palabra a nadie. El planteo fue apoyado por casi todas las defensas. Tras un cuarto intermedio, el tribunal -Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- rechazó los planteos y sostuvo que los fiscales tienen derecho a contestar esos pedidos de nulidad, aunque están limitados a hablar pura y exclusivamente de esos cuatro planteos.
Llamó la atención que los jueces les dieran dos semanas a los fiscales para preparar su exposición. Es que en sus alegatos cometieron errores muy groseros: por ejemplo, dijeron que había obras que no estaban en el presupuesto y se demostró que sí estaban; que no se taparon los pozos que quedaban tras sacar las piedras para hacer las rutas y se exhibieron fotos de que esos trabajos se hicieron; ocultaron que había 26 mil mensajes en el celular de López pero apenas tres referidos a Báez. Tal vez necesitaban catorce días para corregir algunos de esos bloopers y aprovechar así la respuesta a las nulidades.
El fin de los alegatos
Más allá de las nulidades, lo más trascendente fueron los tres años y tres meses de juicio en que casi todos los testigos demolieron la acusación. Incluso los testigos propuestos por la fiscalía -empresarios, exfuncionarios, exjefes de Gabinete, diputados hasta de la oposición- fueron goles en contra de la imputación. A lo largo de 39 meses no hubo un solo testigo que mencionara a Cristina Kirchner ni que planteara que ella -directamente o a través de otra persona- haya mandado instrucciones, sugerencias. Tampoco que los proyectos de obras, votados en el Congreso, hayan atravesado algún proceso anormal.
Sin haber presenciado ni cubierto las audiencias, algunos abogados y medios alineados con Juntos por el Cambio sugieren que podría haber condenas por administración fraudulenta pero no por asociación ilícita. En el juicio, sin embargo, toda la acusación fue vapuleada: hubo tramos en los que se puso en pantalla el video de lo que dijeron Luciani-Mola y a continuación lo que dijeron los testigos, en un sentido totalmente opuesto.
En el arranque de la última jornada de alegatos, el abogado Miguel Angel Arce Aggeo completó su defensa de dos exdirectores de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez, justamente repasando los testimonios:
*Los atrasos en las obras de Santa Cruz fueron parecidos a los de todo el país y en general porque el Estado no había expropiado terrenos por los que debía pasar la traza.
*Los anticipos financieros figuraban en los pliegos y se pagaba la tasa del Banco Nación por el tiempo del anticipo. Por lo tanto, no era un perjuicio para el Estado.
*Las empresas localizadas en la zona tenían ventajas sobre las de otras provincias porque no tenían que mover ni la maquinaria ni el personal ni mandar a 2 mil kilómetros un mecánico o un repuesto. Lo declararon todos los empresarios e ingenieros en rutas.
*En una licitación, no puede haber sobreprecios. Es una competencia y las licitaciones no fueron cuestionadas.
*Las obras fueron controladas por el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General y la fiscalía General de Santa Cruz, pero los fiscales afirmaron que “estaban parasitados”. “Como no tuvieron respuesta a la existencia de esos tres organismos de control, los doctores Luciani y Mola recurrieron al concepto de ‘parasitados’ sin validación de ningún tipo, sin ninguna prueba. Pero, además, hubo una auditoría de Vialidad, ya conducida por el gobierno de Mauricio Macri, diciendo que las obras estaban bien hechas y que no se pagó nada que no se hubiera construido. ¿También estaba parasitado? ¿Y el Congreso Nacional que votó las obras también estaba parasitado?” “Si ustedes, señores jueces, condenan a Juan Carlos Villafañe, quien además fue intendente de Río Gallegos y le aprobaron todos los balances de su gestión, será porque es un ferviente peronista y no por haberse quedado con un solo peso de los argentinos. Respecto de mi otro defendido, Raúl Santibañez, lo único que hicieron los fiscales es nombrarlo. Mal podía integrar una organización piramidal con Néstor o Cristina Kirchner cuando en ese momento él era parte del gobierno provincial de Daniel Peralta, enfrentado al gobierno nacional. Santibañez es la prueba viviente de la inexistencia de esa organización y, encima, él nunca manejó fondos ni estuvo a cargo de ningún pago de nada”, concluyó Arce Agge.
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