Bonadio quiere encontrar alguna prueba

El juez federal Claudio Bonadio ordenó repentinamente una serie de medidas de prueba en la causa Los Sauces, cuando ya pasaron diez días de la última indagatoria, la de Cristina Fernández de Kirchner. Las versiones son dos. Por un lado están quienes sostienen que el magistrado se encontró con un expediente en el que hay muy pocas pruebas para procesar y entonces resolvió buscar más evidencias. Por el otro, en Comodoro Py se dice que el procesamiento de CFK, de sus hijos y de casi todos los demás imputados será firmado mañana, jueves, o en los primeros días de la semana próxima. En esta última alternativa, las pruebas ordenadas tienen el objetivo de que estén listas cuando el caso llegue, por apelación de los imputados, a la Cámara Federal. La lógica indica que la primera alternativa es la más razonable: Bonadio se tomaría más tiempo dado que, al menos por ahora, las pruebas no le alcanzan.

La causa Los Sauces es una colectora ilegal de la causa Hotesur –de la que Bonadio fue eyectado–, en donde la hipótesis central es que los Kirchner alquilaban propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires y los alquileres no eran reales, sino coimas por adjudicaciones de obra pública, pozos petroleros o licencias de juego. Hasta ahora, en la instrucción concretada por el juez, esa hipótesis hizo agua. Los alquileres se comprobaron reales, en todos los allanamientos se encontraron inquilinos, los precios de los alquileres fueron de mercado y los movimientos de dinero se hicieron siempre en base a contratos y con cheques depositados en cuentas bancarias.

Las medidas ordenadas por Bonadio buscan tapar agujeros de esa hipótesis:

• A los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa les imputa que le alquilaban a los Kirchner una oficina y un departamento en Puerto Madero pero que ese alquiler era en verdad una coima por concesiones petroleras y de juego. Los empresarios contestaron que fueron sobreseídos por Julián Ercolini en la causa del juego y por la justicia federal de Santa Cruz respecto del petróleo. Lo que hizo Bonadio el lunes fue pedir copias de esas causas, algo que debió verificar antes de redactar la imputación.
• A Lázaro Báez lo acusa de alquileres simulados de ocho departamentos en Río Gallegos. El constructor contestó que alquilaba esos departamentos para sus empleados. Bonadio aceptó ahora pedir informes a Anses sobre los empleados de las empresas de Báez.
• Los hijos de Báez dijeron que quien manejaba todo en la empresa era su padre. El juez ahora llama a ampliar la declaración a uno de los apoderados de las empresas de Báez, Claudio Bustos, para que precise cómo se tomaban las decisiones en las constructoras. Si se confirma que Báez era quien decidía, no tiene sentido la acusación contra sus hijos.
• Una medida de Bonadio refleja la calesita judicial de las causas contra CFK. El magistrado le achaca a Báez la falta de algunos contratos de alquiler y la defensa del constructor, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, contestó que esos contratos se los llevaron otros jueces –Sebastián Casanello, Julián Ercolini– en los allanamientos anteriores. Hubo oficinas de Báez que fueron allanadas hasta cuatro veces por distintos jueces que tienen causas con los mismos objetos procesales. Bonadio ordenó verificar esa situación, es decir, si los contratos están en los otros juzgados. Por de pronto, Ercolini investiga los alquileres de los Kirchner en Hotesur, lo que luego fue duplicado por Bonadio. A Casanello le pidieron que investigue los alquileres y la obra pública, pero los alquileres ya los investigan dos jueces y la obra pública ya es investigada por Ercolini.
• El magistrado ordenó la ampliación de la pericia contable sobre la empresa Los Sauces: quiere saber si sus ganancias son “normales”. Para eso le pide a los peritos que calculen si el precio de los alquileres es un porcentaje normal del valor de las propiedades, tomando como parámetro algún índice que se maneje en el ambiente inmobiliario. Esta pericia tiene un problema de base y es que la valuación de las propiedades la hizo, sin control de las partes, el Tribunal de Tasación, un organismo del Poder Ejecutivo. Y eso produjo valores equivocados, como por ejemplo, en las dos propiedades de Puerto Madero: se tasó más alto una propiedad que tiene 100 metros cuadrados menos y tres cocheras menos que la que fue tasada más bajo. De todas maneras, la pericia muestra que Bonadio se encontró con que los alquileres son reales, con inquilinos reales, y entonces tiene que buscar hacer una imputación por los precios de los alquileres.

Por el tipo de medidas que mandó a hacer, el juez parece necesitar pruebas para sostener su hipótesis. Eso hace pensar que los procesamientos van a ser postergados o que se dictarán únicamente contra los Kirchner. Esto tendría un problema: los delitos en juego requieren de contraparte. Si los alquileres fueron ficticios o a valores que escondían coimas, el delito es de las dos partes. Si las cosas se hicieron con grandes cantidades en efectivo, es decir encerrando un lavado de dinero, es la misma situación: se necesitan dos para concretar el delito. De manera que la lógica indica que el magistrado salió a buscar más evidencias y postergará los procesamientos.

Pese a esa lógica, en Comodoro Py sigue circulando la versión de que Bonadio dictará los procesamientos mañana o en los primeros días de la semana próxima. Parece más bien imposible porque con el dictado de las nuevas medidas –algunas son claves– el juez está reconociendo que tiene enormes vacíos en las pruebas. Aún así, cosas más extrañas se han visto en Comodoro Py en esta época, en que los tiempos no los dicta el derecho sino la alianza político-mediática-judicial.

Por Raúl Kollmann para Página/12