El PAMI cambió. Recortó la cobertura de medicamentos para sus afiliados, interrumpió la provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes y limitó la cantidad de alimentos que entrega a los centros de jubilados. Como parte de su estrategia para “contener gastos” en los servicios que contrata a prestadores privados, el Instituto modificó en abril el sistema modelo de pago para las clínicas y profesionales. La decisión fue implementada a través de la resolución 395/2017 y tuvo como correlato un ajuste de entre 22,9 y 36,9 por ciento del financiamiento para estudios diagnósticos. El PAMI disputa con los prestadores privados y los laboratorios para acompañar la política de reducción del déficit fiscal impulsada desde la Casa Rosada pero ese ajuste no solo no mejora las cuentas sino que perjudica a los jubilados y pensionados.
Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria al que accedió Páginai12 advierte que “las consecuencias de estos cambios para los afiliados son la disminución del acceso y de la calidad de los servicios que se ve reflejada en la dificultad para obtener turnos, el desgaste de los pacientes y el aumento del gasto de bolsillo”. Durante el primer mes de vigencia del nuevo sistema varias clínicas privadas en el conurbano bonaerense, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Salta recortaron la atención para los afiliados del instituto.
Recortes
A pocas semanas de asumir como nuevo interventor del PAMI, Sergio Cassinotti, firmó la resolución que modificó el modelo de financiamiento de las prácticas garantizadas a sus afiliados a través de prestadores privados. La normativa reemplazó el esquema de pago por prestación con un sistema de pago por cápita para los servicios básicos. Desde el PAMI sostienen que el cambio apuntó a simplificar procesos, aportar mayor previsibilidad en los ingresos de los profesionales y obtener un mejor control financiero de las erogaciones para mejorar la calidad de los servicios que brinda a sus afiliados.
“Cuando este tipo de reestructuración es realizada garantizando el acceso y la calidad del servicio prestado, se puede hablar de una mejora en la eficiencia del sistema. Pero si no logra sostener estos dos parámetros (calidad y acceso), no son más que recortes presupuestarios que afectan directamente la salud y calidad de vida de la población”, indica el nuevo informe de la Fundación Soberanía Sanitaria encabezada por el ex viceministro de Salud de la Nación, Nicolás Kreplak.
Las estimaciones realizadas por ese equipo de investigadores arrojan que, más allá del cambio de modelo, lo que se observa es un ajuste los fondos destinados a financiar esas prestaciones. El financiamiento para análisis clínicos de laboratorio de baja y alta complejidad se redujo 22,9 por ciento, en el módulo de ecografías el recorte alcanza al 25,4 por ciento respecto del sistema anterior y para las prácticas de radiología asciende hasta 36,9 por ciento.
Una reducción similar a la experimentada por esos prestadores de servicios se realizó a las clínicas privadas con las que trabaja el PAMI: las empresas estiman un gasto mensual de 650 pesos por afiliado y con la nueva resolución pasarán a recibir 420 pesos. “Esto estimula una disminución de los prestadores disponibles y de los servicios que brindan. Además los que permanecen en la cartilla terminan desarrollando estrategias como la restricción de horarios de atención, la implementación de turnos cuando antes era libre demanda y el recorte de prestaciones que eran gratuitas”, advirtió Kreplak.
Prestaciones
El documento indica que en la zona norte y oeste del conurbano donde se atienden 900.000 afiliados, las entidades privadas han dejado de atender PAMI denunciando una caída de hasta 50 por ciento de sus ingresos. Lo mismo sucede en Tierra del Fuego donde los efectores privados dejaron de dar prestaciones a los afiliados y su atención quedó únicamente a cargo del subsector público de la salud. En Salta, los kinesiólogos suspendieron la atención a afiliados del instituto denunciando que el pago se redujo a 0,57 pesos por sesión.
“Las medidas llevadas adelante por PAMI están muy lejos de contemplar las necesidades de los más de 5 millones de jubilados. Sólo parecen tener por objeto la reducción del gasto público”, señala el informe al indicar que “a esta lógica de administración–gerenciamiento que se basa en recortes de prestaciones y medicamentos así como en obstáculos en el acceso a tratamientos, subyace la idea de una salud para pocos, con un Estado que se corre de su rol de garante de derechos y que entiende al proceso salud–enfermedad como un bien sujeto a las leyes del mercado. Atrapados en esta lógica mercantil quedan los jubilados”.
Restricciones
El informe “PAMI: se profundizan los recortes” sostiene que las restricciones en la cobertura de medicamentos y tratamientos redundan en un aumento del gasto de bolsillo de los adultos mayores. Entre 2003 y 2014, las políticas públicas de acceso a medicamentos y el incremento en los ingresos de los jubilados y pensionados permitieron reducir de 65 a 52 por ciento la incidencia del gasto de bolsillo en medicamentos.
Los cambios introducidos por la gestión de Carlos Regazzoni, el primer funcionario designado por Mauricio Macri como interventor del Instituto, redundaron en un incremento en esos gastos. “Los medicamentos y la atención en salud tienen una demanda demasiado inelástica. No es posible para los jubilados hacer recortes por la importancia que reviste y porque el paciente suele no tener conocimiento suficiente para elegir en qué recorta”, explicó Kreplak.
A partir de 2016, el PAMI restringió el alcance de la cobertura del 100 por ciento en medicamentos, redujo la cobertura máxima gratuita de 10 a 4 remedios y eliminó del listado más de 160 principios activos que estaban entre los más requeridos como los antiartrósicos y aquellos destinados a la prevención del deterioro cognitivo. Asimismo, la cantidad de cajas entregadas que no tenía restricciones fue limitada a dos unidades. Si bien el Instituto contempla la posibilidad de tramitar excepciones, la Fundación Soberanía Sanitaria advierte que “esto representa una barrera para el acceso a la salud que puede llevar a que muchos jubilados y jubiladas tengan que abonar las cajas ‘extras’ al verse en la necesidad de evitar el engorroso trámite por la demora que conlleva”.
Entre las modificaciones al sistema se debe contabilizar también el nuevo circuito de autorizaciones de los medicamentos para enfermedades crónicas como VIH, cáncer, hemofilia y trasplantes que, según advierte la Fundación, “genera demoras de más de dos meses en las entregas”.
Al ajuste impuesto por el PAMI donde también se contabiliza el retaceo de los insumos para los afiliados diabéticos se sumaron el recorte en el programa Remediar y los aumentos de precios registrados en las farmacias como consecuencia de la menor intervención estatal.
Por Tomás Lukin
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