De la redacción de Contrapoder –
El gobierno de Mauricio Macri canceló o suspendió 170 mil pensiones no contributivas desde que asumió Carolina Stanley al frente de la cartera. La justificación, en algunos casos es que sus titulares incumplían alguno de los requisitos y en otros la aplicación de un viejo decreto firmado por Menem que quedó sin efecto en 2014 cuando a la discapacidad se le dió rango constitucional. El achique del estado reclamado por el FMI, como en cada política aplicada por el gobierno de Mauricio Macri, se aplica solamente hacia los más vulnerables.
En lo que va de este año, se eliminaron 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos.
El recorte se acentuó en los últimos tres meses. Solo en junio la cartera quitó el beneficio de 4.776 pesos a 16.457 personas con capacidades diferentes. Hay una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad, y 180 mil expedientes abiertos esperando aprobación.
Para concretar el recorte, el ministerio de Desarrollo Social echó mano del decreto 432 que firmó Carlos Menem en 1997, para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’, aunque legisladores y abogados advierten que la aplicación de esa norma es inconstitucional puesto que con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y establece que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.
Asimismo, desde el ministerio describieron cuáles son los nuevos criterios que establecieron para la quita de pensiones a discapacitados. No podrá tener una pensión por discapacidad:
– Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.
–Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
-Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.
Guillermo Badino, responsable de la quita de las pensiones graciables a 170.000 argentinos durante el último año y medio.
En el ministerio que conduce Stanley se negaron a brindar datos exactos de las bajas, aunque finalmente, por canales extraoficiales trascendió la información oficial. “Esas personas están en un proceso, si reclaman y constatamos que les corresponde la pensión se podría reponer en el mismo día, así que preferimos no hablar de número bajas”, dijo al diario Clarín el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien, para justificar la perversión con que está actuando el gobierno nacional echó mano al remanido recurso de “la pesada herencia”: “el Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”, dijo Badino.
Christian D´alessandro, abogado especialista en jubilaciones y pensiones.
“Están violando la ley”
“El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión”, explicó el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro. “Aquí no hubo previo aviso, la gente se entero cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión”, agrega el letrado, quien advierte que esta imprudencia da lugar a recursos de amparo.
Badino reconoció que no hubo previo aviso y utilizó un recurso retórico para explicar lo inexplicable: “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, dijo. El funcionario también reconoce que hay demoras de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad, y atribuyó esa demora a “la burocracia estatal”. Como si al estado lo manejara magoya
“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoció el funcionario y dió un ejemplo que en cualquier país del mundo le valdría su despido, pero en “esta” Argentina probablemente le valga un ascenso, “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, dijo sin siquiera ponerse colorado.
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