Jorge Castillo, el dueño del paseo comercial Punta Mogote que funciona dentro del complejo de ferias de La Salada, fue detenido junto con otras 20 personas acusadas de conformar una triple asociación ilícita que cobraba permisos ilegales para la instalación de puestos callejeros donde habían sido prohibidos hace dos años. Según trascendió, el feriante se tiroteó e irió a un policía que participó de uno de los 57 allanamientos, en los que se secuestraron armas de guerra. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscó sacar rédito político del hecho -que comenzó a investigarse en 2015, cuando Cambiemos no estaba en el gobierno- y lo enmarcó como uno más de la lucha contra “las mafias”.
Entre los detenidos hay un hermano de Castillo, además de primos y sobrinos. Junto con ellos fueron apresados dos policías bonarenses y uno de la Federal que fueron trasladados, junto con el resto de los detenidos, a la alcaidía de los Tribunales de Lomas de Zamora.
Luego de que el tema cobró relevancia pública, Bullrich y su par bonaerense Cristian Ritondo viajaron hasta Lomas de Zamora y concitaron la cobertura mediática. La ministra dijo que todo es parte de una “mafia” (un concepto que Cambiemos sacó a relucir en las últimas semanas) que trabajaba en la zona y que “fue desarticulada”. Dijo también que la detención de Castillo y varios comerciantes “fue un mensaje para todos los que trabajan en la ilegalidad en la Argentina”, así como también “para todos los que nos quieran robar”.
Ritondo, por su parte, admitió que “no hay mafia que no funcione en la Argentina sin la complicidad policial, judicial y política”, y advirtió que “el desbaratamiento” de esa presunta asociación ilícita “es el comienzo” de algo más amplio que no precisó.
El operativo ordenado por el fiscal a cargo del caso, Sebastián Scalera, y tuvo lugar esta madrugada en distintas viviendas particulares y oficinas de Castillo en el predio comercial ubicado en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Fue concretado por policías bonaerenses y gendarmes.
Scalera, fiscal general adjunto de ese departamento judicial, informó que todos los sospechosos están acusados de integrar “asociaciones ilícitas” que permitieron la instalación de una feria paralela en la vía pública que había sido desalojada en abril de 2015, año en que comenzó la investigación sobre Castillo y sus socios y allegados.
También dijo que se investiga la ocupación ilegal del espacio público, la explotación ilegal de puestos y juego ilegal. También el cobro de cánones por limpieza, seguridad y estacionamiento, y coacciones de distinto tipo.
Castillo fue imputado en calidad de “jefe u organizador” de la supuesta asociación ilícita, dijo el fiscal, y no descartó que sea cierta la versión de que el feriante se tiroteó con parte de los policías que encabezaron los allanamientos. “La información que tengo es que al ingresar el personal policial para hacer efectiva la detención y el allanamiento, el señor Castillo habría realizado un disparo con una escopeta y las esquirlas habrían impactado en el rostro de un efectivo policial”, afirmó a Crónica TV.
Además, precisó que, según las pruebas del caso, habría “distintas bandas, asociaciones ilícitas” que constituían allí una suerte de “Estado paralelo” que “hacía justicia” en la zona. “A algunas mujeres eran señaladas como ‘mecheras’ (dedicadas al robo por menudeo), eran llevadas a lugares como galpones” donde eran “encerradas, desnudadas y rodeadas por sujetos masculinos, mientras alguien les pegaba con un cinturón”, relató el fiscal.
El predio comercial de La Salada está conformado por tres ferias: Urkupiña, Ocean y Punta Mogote. Todas funcionan en predios cerrados y están reconocidas por las autoridades municipales, bonaerenses y nacionales. Lo que siempre estuvo prohibido fue la venta callejera, que funcionó sobre la calle de la ribera del Riachuelo.
Desde principios de la década del ’90, allí se instalaron puestos y su dimensión llegó al punto de competir mano a mano con las ferias “legales”. Nunca estuvo claro quién la administraba y tenía en sus manos el alquiler de los stands. El desalojo llegó en abril de 2015. La cantidad de puestos levantados con topadoras ascendió a los 10 mil y, por acuerdo entre la Municipalidad de Lomas de Zamora y los administradores de las tres ferias cerradas, hubo un compromiso de no permitir que nuevos feriantes se instalaran en el espacio público. Para ello se remodeló la zona con obras de pavimentación y mejora urbana.
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