Por Alberto López Girondo -
Argentina votó junto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay una resolución de Naciones Unidas que condena violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que despertó agrias críticas de sectores del oficialismo que entienden que hubo un renunciamiento del gobierno al adherir a una postura del Grupo de Lima que abre las puertas al injerencismo de Estados Unidos en la región. Más aún, lamentan que el representante argentino en Ginebra no haya abstenido, como hizo el de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el aliado regional del presidente Alberto Fernández.
Los medios hegemónicos interpretaron prontamente que la Cancillería daba un giro en relación con las declaraciones del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quién había indicado que el país caribeño viene de sufrir un “fuerte asedio de intervencionismo” y que cualquier interpretación sobre hechos ocurridos dentro de Venezuela está sesgada. Por las presiones que ejerce el Departamento de Estado y sus aliados de la derecha regionales.
En la mañana de este martes hubo dos votaciones. Una por la que la Oficina de la Alta Comisionada por los DDHH de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y Caracas aceptaban el compromiso de “estrechar la cooperación técnica en el campo de los Derechos Humanos” con el gobierno bilivariano.
El titular de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aplaudió en una serie de tuits el apoyo a tal iniciativa. Argentina, en esa ocasión, se abstuvo de votar y rechazaron el planteo Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Ucrania y las Islas Marshall. El comité de Ginebra está compuesto por 47 países miembro. A favor del proyecto votaron México y Venezuela.
A pesar de la feroz presión de EEUU y sus satélites en el Consejo de DDHH, la Resolución fue aprobada. Extraña el voto inexplicable de algunos países que se dicen defensores de DDHH, pero no apoyan una resolución para fortalecer los DDHH a través de la Ofic de la Alta Comisionada
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) October 6, 2020
En principio, la votación relacionada con el informe Bachelet sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela iba a ser este miércoles, pero repentinamente se adelantó, quizás por eso de machacar en caliente. Y ahí Argentina se volvió a diferenciar de México y se unió al clube de los países que solo buscan sacar del poder a Maduro y hasta dieron señales, en tiempos de Mauricio Macr - uno de los fundadores del Grupo de Lima- de que no tendrían problemas que fuera mediante una intervención armada.
Esa votación terminó en un empate, con 22 votos a favor del informe y 22 abstenciones. Hubo tres votos en contra: Venezuela, Filipinas y Eritrea. Las criticas se dispararon entre los medios más cercanos al gobierno de Fernández-Fernández y militantes del FdT.
Alicia Castro, embajadora designada en Rusia y representante de la Internacional Progresista, fue una de las primeras en tuitear contra la decisión.
Argentina @CancilleriaARG @felipe_sola votó la Resolución del Grupo de Lima, condenando a Venezuela, con Bolsonaro, Duque, Piñera, Viscarra, en cuyos países se violan flagrantemente los Derechos Humanos. Mexico votó con Venezuela. Un lamentable giro en nuestra política exterior. https://t.co/qjn6qrXqkv
— Alicia Castro (@AliciaCastroAR) October 6, 2020
José Campagnoli, legislador porteño y ligado también a esa corriente, escribió a su turno en términos similares, agregando un dato: la Doctrina Drago, por el canciller de Julio Roca, Luis María Drago, dictaminó a principios de siglo XX que un país no podía intervenir militarmente contra otro para el pago de una deuda.
La Doctrina Drago surge en 1902, a raíz de un bloqueo naval establecido por el Reino Unido, el reino de Italia y el Imperio Alemán para cobrar la deuda externa del gobierno venezolano de entonces. Por extensión, esa doctrina, luego incorporada a las ideas de Carlos Calvo, implica que no puede haber intervención hasta no agotar las negociaciones pacíficas para resolver controversias.
Por la tarde, un documento de partidos, movimientos, organizaciones y miembros del Frente de Todos emitieron un documento en el que manifiestan su “profundo desacuerdo con la postura de nuestra Cancillería de acompañar la resolución impulsada por el Grupo de Lima en el Consejo de DD.HH. de la ONUque condena a la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregan: “No es alineándose con los intereses de EE.UU. como se resolverán los problemas de Venezuela. (…) Los problemas de Venezuela no se resuelven con bloqueos ni condenas sino con cooperación y asistencia recíproca.
Firman Compromiso Federal, Proyecto Sur, Manifiesto Argentino, Espacio Puebla, Forja, Partido Intransigente, Partido Comunista y Partido Comunista CE.
El informe Bachelet señala falta de independencia de los poderes públicos y el sistema de justicia, abusos y violencia vinculados a la actividad minera. Si bien reconoció que las sanciones agravan la situación general del país, el documento de Bachelet dice que las instituciones “están erosionadas”.
Precisamente a este acoso al que es sometido el país se refería Raimundi en su planteo de rechazo al informe, al que atribuye parcialidad porque no toma en cuenta las continuas amenazas y el bloqueo económico instaurado por Estados Unidos ya desde la presidencia de Barack Obama.
Hace 15 días, Bachelet sin embargo, reconoció avances en la “revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza” y en la determinación de los factores que influyen en el hacinamiento de los centros de detención preventiva. Y destacó el compromiso de la Fiscalía General en “avanzar en la investigación de 58 presuntas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y 35 causas de muertes documentadas por la oficina de la ONU durante las protestas. Al mismo tiempo, celebró el pase a arresto domiciliario al líder opositor Juan Requesens y el indulto de 110 personas.
El gobierno venezolano, además de la crisis económica derivada del bloqueo y del enfrentamiento con una oposición que no acepta negociar sino que tienen como único objetivo el cambio de régimen, apuesta todas las fichas a la elección legislativa del 6 de diciembre.
Justamente un 6 de diciembre de 2015 el chavismo sufrió una fuerte derrota en los comicios parlamentarios que dejó la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Desde entonces se agudizó el enfrentamiento al punto que la AN desconoce la presidencia de Maduro, no acepta el resultado de las presidenciales de 2018 y, siguiendo la estrategia del Departamento de Estado, en febrero de 2019 votó como presidente interino al diputado Juan Guaidó.
Las presiones del gobierno de Donald Trump dieron como resultado el reconocimiento de 54 países a Guaidó. Entre ellos la Argentina de Macri. El cambio de presidente hacía prever alguna diferencia, pero de ambos países siguen sin designar embajadores. Y el país se mantiene dentro del Grupo de Lima, cuyo único objetivo es destituyente.
Pero a los fines prácticos, las riendas del poder dentro de Venezuela las tiene Maduro. Sin embargo, EEUU incautó reservas y los ingresos de la petrolera PDVSA en ese país le fueron entregados a la gente de Guaidó.
Hubo una demanda en tribunales británicos por las reservas de oro en el Banco de Inglaterra que un tribunal había reconocido a Guaidó, bajo el argumento de que si Londres lo reconocía, un magistrado no podía hacer otra cosa que seguir ese camino.
Este lunes, empero, una Corte de Apelación londinense dio lugar al reclamo del gobierno venezolano para acceder a los fondos depositados allí, que suman unos 1200 millones de dólares. Cierto que aún no puede retirar el precioso mineral, llevado en tiempos de Hugo Chávez para proteger las reservas monetarias del país, irónicamente. Pero en Caracas celebraron el desliz contra los socios de Guaidó.
En cuanto a las legislativas, la Unión Europea -en esto siempre de la mano de Washington- pretende que el gobierno posponga las elecciones, mientras que la oposición más dura ya dijo que no se presentará, cosa de deslegitimar el resultado. Aducen que no hay garantías, pero no se quieren sentar a negociar. La postura de la Casa Blanca es que no se presenten y Guaidó, que de otra manera no podría sostenerse, aceptó esa estrategia. El problema que su única opción para mantener el cargo de presidente interino pasa por ser diputado.
Ya pasó que en enero pasado el diputado Luis Parra resultó electo como presidente de la AN por los legisladores presentes, lo que implicaba al “destitución” del pollo de Trump. Pero la movida para que se permitiera la votación a distancia de diputados en el exilio fue clave para cambiar las cosas.
En el fondo, lo que todos estos manejos demuestran es la poca voluntad de solucionar la crisis política en una mesa de negociaciones, cosa que ya había sucedido en reiteradas ocasiones con una ronda de diálogo dirigida por el ex presidente del Gobierno español José Luis Zapatero.
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