Por Néstor Espósito -
“Paralizó y boicoteó la investigación”. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este jueves que recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti para apartarla de la causa en la que se investiga el intento de magnicidio del que fue víctima. Lo hizo a través de la red social Twitter, difundiendo un video que pone en una línea de tiempo todo lo que vino ocurriendo en el expediente judicial desde aquel 1 de septiembre que en los tribunales empieza a parecer una escena lejana.
La recusación anunciada (y todavía no presentada por la Mesa de Entradas del juzgado), con todo, es más un gesto político que un acto judicial con posibilidades reales de conseguir el apartamiento de la jueza.
Ocurre que el Código Procesal Civil y Comercial Federal establece taxativamente las razones por las cuales una de las partes en un expediente puede recusar con causa a un juez. Y, aunque parezca insólito, que un juez investigue mal, no investigue o incluso encubra no es una causal de recusación.
El apoyo, el acompañamiento y la buena predisposición que manifestó el 2 de setiembre Cristina Kirchner, cuando la jueza y el fiscal Carlos Rívolo le fueron a tomar declaración testimonial a su departamento menos de 24 horas después del intento de homicidio, hoy no existen.
Tiempo Argentino lo anticipó en su edición del 30 de octubre pasado: “La relación de acompañamiento, apoyo y confianza de la querella que representa a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hacia la jueza María Eugenia Capuchetti en la investigación por el intento de magnicidio atraviesa un punto crítico. A dos meses del atentado, los frutos de la pesquisa siguen limitados a cuatro detenidos, dos de los cuales (Gabriel Carrizo, el jefe de los “copitos”, y Agustina Díaz, una veinteañera limitada e inexperta) tendrán novedades sobre su situación en las próximas horas. Y los otros dos, considerados uno, Fernando Sabag Montiel, autor material del ataque y la otra, Brenda Uliarte, fogonera, están olvidados en sendas celdas del Servicio Penitenciario Federal. La querella no planea recusar a la jueza, pues sabe que eso no prosperará. Pero ya hizo llegar mensajes de insatisfacción y hasta disgusto”.
Los mensajes no fueron escuchados. Y la situación del diputado opositor Gerardo Milman, sumado a la batería de fallos que ya emitieron y planean emitir en las próximas semanas los tribunales en causas contra CFK (personal y políticamente), hizo estallar la situación.
Milman fue denunciado por un asesor parlamentario del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri como el autor de una frase escalofriante dos días antes del ataque contra la vicepresidenta: “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.
Milman negó el hecho y la jueza, sin más, le creyó. El video difundido por Cristina Kirchner advierte que el asesor estuvo en la confitería Casablanca, donde también fue comprobada la presencia de Milman junto con dos colaboradoras, quienes convocadas a declarar como testigos dijeron que no habían estado allí. “Mintieron”, advirtió el video.
Cuando quedó probado que sí habían estado allí, entonces negaron haber escuchado la frase atribuida a Milman. Los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazábal, pidieron que se les secuestraran los teléfonos y fundamentaron el planteo en que ambas habían negado un hecho cierto bajo juramento de decir verdad.
Ante la circunstancia excepcional del intento de matar a la principal dirigente política de la Argentina, los abogados pidieron una medida de prueba igual de excepcional y justificada. Pero Capuchetti se las negó. “Esa prueba no se puede recuperar nunca más”, lamentó Ubeira.
En condiciones normales, la recusación no prosperará. La norma que rige en materia de recusaciones con causa establece que sólo prosperarán en caso de “tener el juez o sus consanguíneos o afines interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, pleito pendiente con el recusante; ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, ser o haber sido autor de denuncia o querella, o denunciado, contra el recusante, o denunciado o querellado con anterioridad a la iniciación del pleito; haber sido defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado; haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes o tener con alguno de los litigantes amistad o que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en o enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos”.
Ninguna de esas razones aparecen en el escenario actual de la causa por el intento de magnicidio.
Y Capuchetti no tiene razones técnicas para decidir su propio apartamiento. Además, significaría el fin de su carrera: Comodoro Py no le perdonaría una actitud semejante de flojera frente a una primera (y tibia) crítica de la vicepresidenta de la Nación en una causa en la que es víctima.
“Me quieren de acusada, no de víctima”, proclamó CFK en el video. Lo que la recusación plantea, en realidad, es que la jueza que debe investigar el intento de homicidio en su contra –acaso entendiendo el mensaje que le bajaron los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia- le bajó drásticamente el precio al que seguramente sea el peor hecho de violencia política desde el regreso de la democracia.
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