Por Irina Hauser -
El fiscal federal Carlos Stornelli fue citado por séptima vez a declaración indagatoria por el juez Alejo Ramos Padilla en la causa en la que se investiga una trama de espionaje ilegal. En esta ocasión fue convocado a pedido de él mismo, después de haber faltado a las citaciones anteriores y de permanecer en situación de “rebeldía” desde el 28 de marzo último. El fiscal federal le anunció sorpresivamente a la Procuración General que estaba dispuesto a declarar como sospechoso, justo cuando el consejo evaluador que está a cargo de las actuaciones disciplinarias en su contra estaba aprobando un dictamen que sugería su juicio político, como único camino posible hasta el momento para lograr que compareciera.
Stornelli presentó un escrito en el que dice que ahora quiere declarar. Públicamente sostuvo que su cambio de tesitura se debe a que ya fue elevada a juicio la causa de los cuadernos, que tuvo a cargo, y que él consideró amenazada por la investigación de Dolores. Es evidente que perdió apoyo político después de las PASO y que se debilita la protección que tuvo desde la Procuración. De cinco fiscales, tres opinaron que su actitud de “rebeldía” frente al llamado a indagatoria ya era suficiente motivo para abrir un jury en su contra. Este dictamen, donde cada uno de los fiscales escribió argumentos propios, fue entregado al procurador interino Eduardo Casal. Todo hace suponer que sería declarado abstracto una vez que Stornelli sea indagado, pero hay funcionarios judiciales que sostienen que igual debería tener alguna consecuencia, porque la rebeldía se consumó, duró mucho tiempo y trabó aspectos de la investigación.
A Stornelli se le atribuye un vínculo particular con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, personaje clave de lo que Ramos Padilla describió como una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, los aprietes y el armado de causas. El primero en denunciarlo fue el empresario Pedro Etchebest, cuya declaración dio origen a la investigación. Etchebest es quien contó que D’Alessio le advertía que podía salvarlo de una acusación en la causa cuadernos a cambio de dinero y lo llevó a Pinamar donde estaba Stornelli, con quien el falso abogado se reunió. Luego le dijo al denunciante que tenía que pagar 300.000 dólares. Pero se le imputan otras cuestiones al fiscal, y algunas no están relacionadas con ese expediente: maniobras de “ablande, quiebre y puesta en pánico” del empresario venezolano de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat; planificación de cámaras ocultas a los abogados José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; espionaje sobre Jorge Castañón, ex marido de su esposa, de quien el propio Stornelli fue amigo, y sobre quien hablaba según constancias de la causa de “plantarle” algo ilegal en el equipaje; espionaje a Victoria Munin, para perjudicar a su ex pareja, el financista vinculado a la UCR, Alejandro Talevi; coacciones e intimidaciones a Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner en el caso cuadernos; operaciones sobre una delegación de empresarios uruguayos, argentinos, colombianos e iraníes.
Si Stornelli termina procesado sin prisión preventiva, esto no tendría graves consecuencias para él, sólo posibles recusaciones en causas que son mencionadas en el expediente de Dolores. A largo plazo podría implicar un juicio político si se define la existencia de delito (pero hay discusión acerca de en qué momento se podría abrir ese jury: están los que sostienen que alcanza un procesamiento y los que dicen que debe haber condena). El enjuiciamiento sería seguro más rápido si se ordenara su detención.
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