Por Luciana Bertoia -
La Corte Suprema le cumplió el sueño del Toyota propio al juez federal Sebastián Ramos. Menos de una semana después de que el magistrado se presentara ante la Comisión de Juicio Político para defender el archivo de la causa de los chats, tres de los supremos –Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– firmaron una resolución por la que le otorgan una camioneta Toyota Hilux que había sido secuestrada en una causa por drogas.
El juez Ramos es cultor del bajo perfil en los tribunales de Comodoro Py, pero ese vuelo bajo radar se alteró en las últimas semanas. La razón del cambio fue que el 17 de enero pasado –en plena feria judicial y en un juzgado que subrogaba– Ramos decidió archivar la denuncia contra la mano derecha de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro por las comunicaciones que intercambiaron vía Telegram sobre dos temas de interés en la Corte Suprema: la Coparticipación que reclama la Ciudad y la conformación del Consejo de la Magistratura.
El jueves pasado, Ramos debió comparecer ante la comisión de Diputados que avanza con el jury de los supremos. Cuando estaba terminando, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, le preguntó si tenía algún vínculo sistemático con Robles y D’Alessandro, pero el magistrado respondió: “No, señor”. Para entonces ya circulaban los chats que habría intercambiado con el ministro (en licencia) de Horacio Rodríguez Larreta.
En uno de esos mensajes de febrero de 2022, Ramos le agradece al “Tano” D’Alessandro –como él lo llama– porque le habían asignado un Ford Focus. “Nada que agradecer”, le respondió el ministro y le dijo que en cuanto llegaran los Toyotas le daría uno.
Desde el gobierno de la Ciudad confirmaron a Página/12 que el juez Ramos tenía un vehículo de esa dependencia, pero no especificaron qué modelo. Al parecer, fue la Corte la que cumplió la promesa de D’Alessandro.
A través de la resolución 183 del 28 de febrero de este año, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda le asignaron una Toyota Hilux al Juzgado Federal 2 de Comodoro Py a cargo de Ramos. La camioneta había sido secuestrada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata en un marco de drogas y la Corte la había afectado –es decir, tomado como una flota disponible– en 2021 a través de la resolución 2465.
Según una acordada de 2018, la Corte Suprema puede disponer, por ejemplo, de vehículos que son secuestrados en el marco de investigaciones penales. Esos autos se pueden otorgar para el uso del Poder Judicial o de las Fuerzas de Seguridad mientras cumplen funciones en el país. La persona que está a cargo de la asignación de los autos es Sergio Rubén Romero, el funcionario que declaró la semana pasada ante la Comisión de Juicio Político y terminó revelando la misteriosa inundación que dejó inutilizable el despacho de Robles a finales de enero pasado. Ese dato encendió las alarmas en el Frente de Todos porque sospechan -como verbalizaron el diputado Leopoldo Moreau y el ministro Martín Soria- que podría ser una maniobra para ocultar pruebas.
El Consejo de la Magistratura –que también preside Rosatti– deberá pagar un seguro de todo riesgo para la Hilux y ocuparse de su mantenimiento. Antes, Ramos tenía un Peugeot 2008 que le había dado la Corte. Tuvo un importante upgrade en lo que a rodados hace.
Si bien en la Corte recalcan que las resoluciones administrativas, en general, las firma el trío compuesto por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, hay una ausencia que resalta: la de Ricardo Lorenzetti, que tiene una marcada antipatía por Rosatti –a quien acusó de representar el retorno de la Corte menemista al haberse autovotado para ejercer la presidencia del cuerpo– y, en particular, hacia Robles.
El miércoles, solo Rosatti y Rosenkrantz estuvieron en la apertura de sesiones ordinarias. Lo hicieron en representación del resto de los supremos y debieron soportar -con gesto adusto- todos los cuestionamientos del presidente Alberto Fernández. Después de terminada la ceremonia, la Asociación de Magistrados salió en defensa de los cortesanos y dijo que percibía con “estupor” el “ataque” hacia la cabeza del Poder Judicial.
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