De la Redacción de Contrapoder -
La aceptación por parte de la Justicia brasileña este martes a la solicitud de venta de la propiedad atribuida a Luiz Inácio “Lula” da Silva en el municipio Atibaia, en Sao Paulo, y por la cual el ex mandatario está preso, echó por tierra las acusaciones contra Lula. El Ministerio Público Federal (MPF) decidió favorablemente a la solicitud de autorización del empresario Fernando Bittar, verdadero dueño de la propiedad, para venderlo.
Tal aprobación refuerza los argumentos presentados por la defensa del ex presidente de que no tiene nada que ver con la posesión, como argumentan los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato. El portal Brasil 247 indica hoy que el proceso contra el ex dirigente obrero, “sin pruebas y sin crimen, produce anomalías jurídicas”.
mediante el montaje de una farsa, Lula fue condenado a 12 años y 11 meses por corrupción pasiva, activa y lavado de dinero. El proceso ahora está en el Tribunal Regional Federal de la cuarta Región (TRF-4) para juicio en segunda instancia.
La página digital señala que la condena fue hecha por la jueza Gabriela Hardt, en una “sentencia desmoralizada por ser un literal copia y pega” de las acusaciones del caso del apartamento triplex de Guarujá, con extractos enteros del fallo emitido por el cuestionado exjuez Sérgio Moro, incluyendo las inconsistencias.
Durante el juicio, Lula nunca negó que frecuentaba el sitio de los amigos, quienes lo invitaron a hacerlo, pues tenían pleno derecho como dueños del lugar. Pero los fiscales alegan que el ex mandatario era el dueño y que fue beneficiado por supuestas reparaciones realizadas por la empresa Odebrecht en el inmueble.
La anomalía de la sentencia está justamente en el hecho de que Lula no es el dueño de la propiedad, sino Bittar, conforme el propio MPF reconoce al aceptar su pedido de venta, quedando así demostrado que el ex presidente no es beneficiario de las reformas, aunque haya frecuentado el lugar.
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