De la Redacción de Contrapoder –
El Procurador General de la Nación (interino), Eduardo Casal, dictaminó en favor de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que fueron dispuestos por decretos del ex presidente Mauricio Macri y sin que esas designaciones pasaran por el Senado.
El funcionario macrista utilizó como argumento central que la revisión de los traslados llevada adelante por el Consejo de la Magistratura se realizó en base a normas posteriores y, en ese sentido, destacó “el principio de irretroactividad”.
Para el procurador interino, el Consejo de la Magistratura revisó los traslados de los jueces con una reglamentación que tenía que validarse a futuro y no en función de un criterio que se había tomado. “El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, sostuvo el procurador en uno de los dictámenes.
La opinión de Casal, expresada en su dictamen dado a conocer en la noche del sábado 3 de octubre a través de fuentes judiciales, no es vinculante, del mismo modo que el del Consejo de la Magistratura, que el jueves último ratificó su decisión y pidió a la Corte que rechace los traslados.
“Si los primeros pudieran revisar en cualquier tiempo sus propios actos sobre cuya base los jueces ocupan sus cargos, indudablemente se los colocaría en esa situación de dependencia y precariedad incompatible con el principio de independencia”, argumentó.
Casal fundamentó el sentido de su dictamen asegurando que “se trata de hacer realidad en la historia los largamente declamados objetivos que persiguió nuestra Ley Fundamental al incorporar a nuestro sistema el Consejo de la Magistratura: amortiguar la gravitación político partidaria en los procesos de designación y enjuiciamiento de jueces para afianzar y vigorizar la independencia”.
Para el procurador interino, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron traslados “en la inteligencia de que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el Reglamento de Traslado de Jueces entonces vigente”. En ese sentido, el procurador interino indicó que el Consejo de la Magistratura “violó el principio de legalidad, debido a que, de esta manera, desconoció sus propios actos dictados de conformidad con sus propias normas, con grave afectación a la inamovilidad de los jueces en los cargos que estaban desempeñando”.
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