Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti denunciaron penalmente hoy al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por “fraude en perjuicio de la Administración Pública” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones pública”.
La denuncia se basa en el trabajo de una fiscal del fuero comercial que busca frenar el acuerdo que el Gobierno firmó a mediados del año pasado con el grupo accionista del Correo Argentino cuando era explotado por el sector privado.
El espurio acuerdo apunta a regularizar la vieja deuda que la empresa, perteneciente al grupo Macri, mantiene con el Estado desde que entrara en concurso de acreedores y le fuera quitada la concesión, en 2003. La deuda entonces rondaba los $ 300 millones/dólares, pues regía el “1 a 1”.
Boquin recomendó a la Cámara de Apelaciones del fuero que rechace el acuerdo, al mismo tiempo que notificó lo ocurrido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (la ex FNIA) para que investigue si ocurrieron irregularidades o, incluso, amerita radicarse una denuncia penal, por la evidente familiaridad del dueño de aquella empresa, Francisco Macri, con el actual Presidente.
Boquin arribó a esa conclusión tras verificar que durante años los abogados del Estado nacional rechazaron las propuestas del Correo Argentino “por implicar más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago”, pero que esa posición oficial cambió por completo a mediados de 2016, cuando un funcionario del Ministerio de Comunicaciones terminó por aceptar “una propuesta que no analizó técnicamente y resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”.
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial será la que deberá resolver si rechaza el acuerdo tentativo alcanzado entre el Correo y el Estado, o si por el contrario rechaza el criterio de la jueza de primera instancia y de la fiscal Boquín.
Pero en paralelo, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni, deberán analizar la denuncia contra el presidente Macri y el ministro Aguad presentada por Sabbatella y Cerruti. La misma incluye también al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones y encargado de cerrar el trato, Juan Manuel Mocoroa.
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