De la Redacción de Contrapoder -
En diálogo con con Victor Hugo Morales en AM750 la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este jueves que “La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de 1 mes y de 4, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta”. Todas las detenidas son mujeres. Y a gran parte de ellas las trasladaron a Ezeiza, a 1300 kilómetros de sus hogares, porque supuestamente no hay cárcel de mujeres en la zona. La titular de la cartera remarcó: “Es gravísimo”.
“Ayer presentamos un escrito judicial en la causa, haciendo saber el riesgo de vida que corría esta mujer embarazada, que se llama Romina, y la preocupación que eso conlleva. Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho”, expresó la ministra en diálogo radial con Víctor Hugo Morales. Y acotó: “ayer a la tarde, la jueza dispuso el traslado de cuatro de ellas a la cárcel de mujeres de Ezeiza, con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. Es gravísimo. A estas 4 mujeres las trasladan, a 1500 kilómetros de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado, una abogada, sin haber tenido contacto con nadie. Y lo más grave es que aún hoy no se sabe qué es lo que se les imputa”.
Funcionarias del Ministerio, como la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Bariloche, fueron este miércoles a la noche al hospital donde se negaron a que la mujer con “posible trabajo de parto” estuviese acompañada. Según contaron desde el MMGyD, se dirigieron al centro de salud para explicar que una jueza no puede disponer sobre una ley vigente, en este caso la de parto respetado, para no dejar ingresar a la partera. “Imaginen la situación y lo que estará viviendo esa mujer –añadió Alcorta–. Nosotras como Ministerio no somos parte del expediente judicial, está claro que nosotrxs no somos parte del proceso. Nuestro rol es resguardar a todas las mujeres, y en este marco, nos preocupamos particularmente por las mujeres que viven en nuestro país y que padecen violaciones a sus derechos humanos, y estamos ante un caso de esas características”.
Desde el Ministerio de Mujeres hablan de un “incumplimiento” por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte. “Frente a las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas, el día de ayer, 5 de octubre, el MMGyD presentó un escrito en la causa, para hacer saber su preocupación sobre el riesgo de vida que corre la mujer que se encuentra embarazada”, comentaron.
Durante este jueves, la subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género del MMGyD, Carolina Varsky y la Directora Nacional de Acceso a la Justicia, Florencia Sotelo se harán presentes en la unidad penal de mujeres de Ezeiza para tomar contacto con las mujeres detenidas y que fueron trasladadas, “para conocer su situación y evaluar cursos de acción”.
Y el Ministerio presentará un nuevo escrito judicial en el que se manifestará “la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares en virtud de lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ‘López contra el Estado argentino’ del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia donde residen”.
El operativo generó nuevos roces internos en el FdT. Mientras que desde Géneros salieron a repudiar la situación, tanto policial como judicial, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió el accionar: “no ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”.
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