Este viernes el juez Claudio Bonadio ordenó ocho allanamientos en oficinas oficiales, el mayor de los cuales se desplegó en las oficinas del Ministerio de Finanzas destinadas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad, en el marco de la investigación por operaciones irregulares con los activos financieros de la ANSES que garantizan los sueldos de los jubilados.
Ya fueron imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el FGS. El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos. Por orden del juez, los operativos lo realizó la Policía Federal en el ministerio de Finanzas, en ANSES, la Comisión Nacional de Valores y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA, esta última fue presuntamente vendida recientemente por Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, a un amigo presidencial, aunque no son pocos los que afirman que las dos ventas de la empresa familiar nunca existieron más que en papeles. Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de pruebas solicitadas por Di Lello, informó NA.
Según la investigación, en octubre del 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos. En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. De acuerdo al escrito, la medida habría generado una pérdida de U$S 75 millones al Estado.
Según la acusación fiscal y de acuerdo a la investigación de Tomás Lukin en El Destape, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank.
En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.
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