POLÍTICA

Ordenan más pericias al celular de Echazú

Ordenan más pericias al celular de Echazú

Santiago Maldonado murió tras huir de un ataque irregular de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Cómo, cuándo y dónde, todavía no se sabe: el expediente navega en un mar de testimonios contradictorios y el informe final de la autopsia se conocerá cerca del 15 de noviembre. Como anticipó este diario, el gobierno aprovecha la ventana de tiempo para instalar la hipótesis de la “muerte accidental”.

Luego de plantar decenas de pistas falsas, el operativo oficial apunta ahora a establecer que Santiago murió ahogado en el Río Chubut mientras intentaba huir de los gendarmes. La teoría tomó impulso esta semana, con la filtración de dos supuestos informes preliminares de la autopsia. Según consignó el diario Clarín -difusor de las pistas oficiales-, uno de ellos indicaría que en la médula se halló plancton -organismos- que habitan el río, mientras que el otro indicaría que el cuerpo presentaba rasgos de deterioro compatibles con dos meses de sumersión.

Los informes se habrían incorporado a la causa el jueves, pero al cierre de esta edición ninguna de las partes pudo acceder aún a esas supuestas conclusiones. ¿Cómo fue que llegó a manos de un medio antes que a las querellas? Como quedó a la vista con la bochornosa difusión de las imágenes del cuerpo de Santiago en la morgue, cuando los supuestos datos están en línea con el relato oficial, el expediente que instruye el juez Gustavo Lleral es un colador.

De todos modos, en caso de ser ciertos, los informes periciales aún no alcanzan para convalidar la hipótesis del gobierno. Y menos aún para exculpar a los gendarmes y cargar la culpa en la comunidad mapuche, objetivo central de la estrategia gubernamental.

Uno de los huecos centrales en el relato es la actuación del subalférez Emanuel Echazú. Se trata de uno de los gendarmes que más llegó del río durante la represión, y que fuera fotografiado con la cara lastimada y una escopeta recortada en la mano. Como informó este diario, esa escopeta no fue declarada por la fuerza entre las armas utilizadas durante la represión.

Por su propia autodenuncia, Echazú es el único imputado en el expediente. Eso le permitió nombrar un perito de parte en la autopsia. También le otorgó el derecho de seguir al detalle los testimonios que recibe el juez Lleral.

Está semana, por caso, el magistrado tomó declaración a los prefectos que participaron del rastrillaje. La estrella de la semana fue un buzo que halló el cuerpo de Santiago.

En consonancia con el relato oficial, el buzo declaró que el cuerpo se encontraba “semi sumergido” y “enganchado en una rama”. Voceros de gobierno se aferraron a ese testimonio para sostener que Santiago se hundió en un “pozo” de unos “2 metros y medio de profundidad”. El testimonio del buzo fue contradicho, sin embargo, por el jefe del operativo, el prefecto Leandro Ruata, el hombre que insistió para que se rastrillara de nuevo el lugar, que ya había sido auscultado un mes antes.

“La profundidad del agua era de 1,30 metros”, le dijo Ruata al juez, en su declaración. En su testimonio, reconstruido por la Agencia Cadena del Sur, el jefe del operativo aclaró que el día del hallazgo el caudal había subido casi medio metro desde el rastrillaje anterior. “¿El cuerpo era visible desde la costa?” le preguntó el juez. “Sí”, respondió Ruata, quien además aclaró que en la zona no había “pozones” ni remolinos.

Como imputado, Echazú puede pedir copia de esos testimonios, al igual que del escrito donde el juez ordena ampliar las pericias sobre su teléfono celular y los de otros 20 aparatos pertenecientes a gendarmes que participaron de la represión. El magistrado ordenó ampliar la búsqueda de comunicaciones ocultas y establecer las geolocalización de los dueños de los teléfonos al momento del ataque.

La resolución fue emitida el 1 de noviembre, y lleva carga venenosa para la estrategia del ministerio de Seguridad: un correcto peritaje de esos teléfonos podría determinar que hicieron los gendarmes antes, durante y después de la represión. Y establecer con quién y qué comunicó Echazú, uno los gendarmes que más fisuras mostró en su relato. ¿Es posible reconstruir todo eso luego de tres meses de mora? Los expertos coinciden en que será difícil, pero no imposible. Todo depende de la voluntad que pongan los peritos en la pesquisa. «

La reforma del Ministerio Público Fiscal amenaza la continuidad de causas en trámite

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no pudo impedir con su renuncia –presentada el lunes– la reforma del Ministerio Público Fiscal con la que el oficialismo y el sector de la oposición que negocia con el gobierno nacional sepultarán la autonomía del organismo y la Defensoría General. Un proyecto ingresado el viernes al Senado y que lleva las firmas de Federico Pinedo (Cambiemos) los peronistas Miguel Pichetto, y Rodolfo Urtubey, el radical Ángel Rozas, y el socialista Pedro Guastavino, avanza a partir de fallos polémicos, como el reciente del juez Pablo Cayssials, quien dictó la inconstitucionalidad del artículo 76 de la actual ley de Ministerio Público, que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo. La iniciativa, que comenzará a debatirse el miércoles en la comisión de Acuerdos que preside Guastavino, acota el mandato del futuro procurador a cinco años, con posibilidad de ser ratificado por otros dos, y propone que sea designado a propuesta del Poder Ejecutivo con el aval de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara Alta, es decir 37 legisladores, en lugar de la mayoría especial de dos tercios que fija la ley vigente.

A la vez, establece que no será necesario remover al futuro jefe de los fiscales por juicio político. Bastará que el Poder Ejecutivo o cualquier miembro de la Cámara de Diputados considere que hay motivos fundados para desplazarlo y logre el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros presentes para sostener la acusación, más el acuerdo del Senado. La modificación del artículo 76 de la ley vigente implica legitimar como procedimiento de remoción el episodio Boudou-Righi. El Poder Ejecutivo acusa al procurador, y activa automáticamente su salida del cargo cautelarmente.

Pero hay otras cláusulas que generan un antecedente preocupante para la actual estructura del MPF. Al quitar la referencia explícita a las procuradurías y direcciones creadas durante la gestión de Gils Carbó, para dejarlas sometidas al arbitrio de los futuros procuradores, se genera un fuerte retroceso en institucionalidad y en la perdurabilidad de una política criminal estratégica a largo plazo. Es el caso de las Unidades fiscales especiales como la Procuvin (Violencia Institucional), la Procelac (lavado de activos) , la Protex (Trata y Explotación de personas), Ciberdelincuencia, Lesa Humanidad, UFISES (Seguridad Social) entre otras. Con esta reforma, y la acordada de la Corte Suprema que elimina la posibilidad de que el MPF esté representado por fiscalías ad hoc, los juicios de Lesa Humanidad, por ejemplo, van en camino al estancamiento.

Fuente: Tiempo Argentino

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