De la Redacción de Contrapoder -
“Están derogando la paritaria nacional por decreto. Viola la libertad sindical y la ley de organizaciones sindicales”, se quejaron desde el sindicato y confirmaron que presentarán una nueva denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Internacional de Educación.
“Nuevos criterios de relación”, así justificaron desde el Gobierno la necesidad de modificar la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, que establece el mecanismo de la paritaria nacional docente y los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en esa negociación. El decreto Nº 52, publicado esta mañana, pone fin a la discusión de la “retribución mínima de los trabajadores docentes”, como se mencionaba en el decreto original al salario básico nacional, y termina con la negociaciones de “índole económica”, también tenidas en cuenta en la reglamentación original.
Como contrapartida, el decreto establece que el salario mínimo docente “no podrá ser inferior al 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil vigente”, acuerdo con el que el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich cerró la discusión en febrero de 2016 y no volvió a convocar a los docentes a la paritaria nacional. Esto último le valió, además de numerosas marchas y paros nacionales, una denuncia contra la OIT por incumplimiento de la normativa laboral. El decreto vino a emparchar la falta de convocatoria.
Además, modifica la representación de los sindicatos nacionales en la mesa de negociación. En vez de garantizarse de manera proporcional por la cantidad de afiliados como establece la ley de Asociaciones Sindicales, el Gobierno limitó la representación de los trabajadores en un miembro por cada asociación sindical, algo que se traduce en un claro ataque contra el gremio mayoritario, con más de 420.000 afiliados en todo el país: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
“El decreto es una clara destrucción de la paritaria nacional. Elimina la posibilidad de discutir el salario básico nacional. Es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama”, enfatizó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera. Desde el sindicato afirmaron además que el decreto viola la ley de Asociaciones Sindicales y contradice los postulados de la OIT con respecto a la libertad sindical y la negociación colectiva.
“Este gobierno atrasa, quieren volver a los 90”, sostuvo la dirigente, que descree que la avanzada del gobierno sea únicamente por la cuestión salarial. “La última convocatoria a paritaria fue en diciembre de 2016, después tampoco nos citaron por las cuestiones pedagógicas. Pretenden correr la discusión y que cada jurisdicción se arregle como pueda, como pasó en los 90. Las consecuencias van a ser las mismas: una conflictividad altísima y problemas realmente graves en algunas provincias”, opinó Alesso.
Algo similar opinó Roberto Baradel, para quien “la discusión no es entre los sindicatos. La discusión es con el gobierno nacional”. Para Baradel, el decreto oficializado esta mañana por el Gobierno es “un mamarracho jurídico”.
“Se les está negando la paritaria nacional a los docentes y modifica la representación que tenemos en la mesa paritaria que es la establecida por la ley, viola la libertad sindical y la ley de financiamiento educativo. Es el Ejecutivo, en nuestro caso la patronal, queriendo imponer las reglas de juego”, afirmó el titular de Suteba.
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