JUDICIALES

Un fallo flaco de pruebas

Un fallo flaco de pruebas

Por Raúl Kollmann y Irina Hauser – 

El fallo de la Cámara Federal en la causa de las fotocopias de los cuadernos plantea interrogantes de todo tipo. No se trata sólo de que los cuadernos en sí mismos no aparecieron, ni el hecho de que no existe registro de cómo declararon los arrepentidos –algo obligatorio según la ley– ni la forma grotesca en la que el fiscal y el juez se quedaron con la causa, sino que las dudas se centran principalmente en los hechos y las pruebas. Está en cuestión qué es verdad y qué es mentira en el expediente.

Las 89 páginas del fallo firmado por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –magistrados puestos a dedo por Cambiemos– dejan planteadas varias preguntas e interrogantes.

1 ¿Hay evidencias contra Cristina Fernández de Kirchner?
El fallo es de una debilidad asombrosa en este punto. Los camaristas dicen, por ejemplo, que Carlos Wagner, empresario de la construcción, recaudaba dinero porque las compañías se ponían de acuerdo en las licitaciones. Esa plata se entregaba a Ernesto Clarens y, con el visto bueno de José López, lo recaudado terminaba en Daniel Muñoz. Algunos arrepentidos afirman que el dinero se entregaba en el edificio de la calle Uruguay, domicilio de los Kirchner. En todo el expediente no hay un solo testigo ni arrepentido que diga que CFK recibió plata o que estuvo presente o que haya intervenido de alguna manera cambiando licitaciones o concesiones. Para Bruglia y Bertuzzi es suficiente que la entrega del dinero haya sido en el edificio de la calle Uruguay. No hay una sola evidencia más que esa, pero resultó suficiente para los camaristas para ubicarla como jefa de la asociación ilícita y principal responsable de la causa.

Es interesante el testimonio del encargado del edificio de la calle Uruguay. En primer lugar sostiene que CFK no estuvo ni una sola vez en el edificio después de la mudanza a Olivos en 2003 y hasta el final de su segundo mandato en 2015. También afirma que Daniel Muñoz iba, en oportunidades, una vez por semana y mayormente una vez por mes. Pasaba por allí a retirar la correspondencia. Pese a las presiones que sufrió, el veterano encargado negó que Muñoz haya recibido muchas veces a alguien allí.

Hay dos ingredientes más a considerar. El primero es que Muñoz renunció como secretario en 2009 y principalmente su vínculo era con Néstor Kirchner no con Cristina. De manera que menos todavía puede afirmarse que CFK haya sido receptora de dinero o que haya estado por encima de la supuesta operatoria. Finalmente, hay un elemento de máxima importancia. Muñoz –fallecido en 2016– apareció en Panamá Papers con sociedades ocultas, se encontraron cuentas en Andorra y se lo sindica como titular de numerosas propiedades en Estados Unidos. Todo eso deberá ser chequeado y confirmado judicialmente, pero son datos que a primera vista lo incriminan. Se habla incluso de 75 millones de dólares, una cifra que representa gran parte de los aproximadamente 200 millones de dólares que suman las supuestas operaciones de los cuadernos. O sea que, existe una hipótesis razonable, de que Muñoz recaudaba para sí, no para ningún otro.

No es un hecho menor sino decisivo, que a Cristina no se le haya encontrado ni una sociedad ni una cuenta ni propiedades ni dinero no declarado. Le dieron vuelta sus domicilios en búsqueda de alguna bóveda o subsuelo oculto y no encontraron nada. Esto está reconocido tácitamente en el fallo.

2 ¿Hubo otros circuitos de dinero?
Además de el circuito Wagner-Clarens-Muñoz, los camaristas ponen el acento en el circuito que dió origen a las fotocopias de los cuadernos: según Centeno, el número dos del Ministerio de Planificación Roberto Baratta retiraba bolsos de las empresas. Baratta niega tajantemente que haya recibido dinero alguno y lo cierto es que a él tampoco se le encontraron ni sociedades ni cuentas ni bienes no declarados. El ex funcionario sostiene que el chofer Oscar Centeno le fue “plantado” por inteligencia del Ejército y que los cuadernos son auténticos hasta 2008, pero de ahí en adelante no están escritos por Centeno sino que hay otra mano que los redactó. Según Baratta, en toda la primera etapa las anotaciones se corresponden con planillas que Centeno tenía que presentar porque trabajaba para una empresa de remises contratada por el Ministerio de Economía y cobraba por los recorridos. Pero después, afirma el ex funcionario, el tenor de los cuadernos cambia totalmente y Centeno, o quien redactó a partir de 2008, empezó a poner cifras, algo que no consignaba hasta ahí. Incluso adivinando si en los bolsos, que nunca vió abiertos, había pesos, dólares o euros y cantidades que no tenía chance de calcular. “El problema es que ahora no se pueden peritar, porque sólo hay fotocopias –afirma Baratta–. ¿Cómo es posible que un periodista, que es abogado, haya devuelto los originales sin ir a una escribanía a certificar las fotocopias?”.

Baratta sostiene que no tiene lógica que varios empresarios, entre ellos Marcelo Mindlin, Rubén Aranda, Alberto Paduán, hayan declarado que no les pidió coimas, aún cuando tuvieron contratos importantes, y que otros “arrepentidos” sostengan que sí les exigieron plata. Pero la base del razonamiento del ex funcionario es que hubo ejecutivos de distintas compañías, entre ellas Techint, que dijeron que pagaron coimas, se quedaron ellos con la plata y la blanquearon en 2016. Por eso consignó que Luis Betnaza, principal ejecutivo de Techint, por ejemplo, blanqueó 61 millones de pesos en 2016; Carlos Bacher, vicepresidente de Techint, blanqueó nada menos que 104 millones y Daniel Novigil, responsable de las operaciones en Venezuela, 557 millones de pesos.

De manera que Baratta niega que haya recaudado, niega cualquier responsabilidad de su jefe, Julio De Vido, menos aún de Néstor y Cristina Kirchner y rechaza la existencia de un circuito que seguía hacia arriba, según Centeno, también con terminal en Daniel Muñoz.

3 ¿Existió un tercer circuito operado por Claudio Uberti?
Uberti, eyectado del gobierno de Néstor Kirchner por el caso de la valija de Antonini Wilson, declaró como arrepentido, amenazado de ir a la cárcel y sufrir “el olor a meo del calabozo”, como dicen en Comodoro Py. La declaración de Uberti es más que sospechosa. Parece decir lo que le piden que diga. Por ejemplo, afirma que “le contaron” que en 2010 había 60 millones de pesos dentro del departamento de los Kirchner, algo difícil de constatar teniendo en cuenta que Uberti fue expulsado  del gobierno en 2007 y manifiesta haber estado con Daniel Muñoz, que no puede declarar porque falleció. Dice que le llevó plata de los peajes a Néstor Kirchner directamente a la Casa Rosada, que el presidente le pegó, que tiraba a la basura los paquetes con pesos y que sólo aceptaba los que tenían dólares. Que cobró de los empresarios de las concesiones viales como condición para que les firmen el contrato de prórroga, pero esos contratos ya los había firmado Kirchner cuando Uberti dice que empezó a cobrar las supuestas coimas. Finalmente, afirma que el dinero se lo entregó un empresario de los peajes, Miguel Aznar. Este declaró también como arrepentido y negó lo que dice Uberti. Aznar admite que él personalmente le pagó 25.000 dólares varios meses porque Uberti lo amenazaba con multas por la situación de su concesión, pero que nunca juntó dinero de todos los empresarios Uberti.

En este tema resultó absurda la convocatoria a indagatoria de Franco y Gianfranco Macri. Ni Centeno ni Uberti los mencionaron. No hay una sola evidencia de que hayan pagado y, por supuesto, Gianfranco contestó la imputación con facilidad. Pareció una jugada política, no judicial, que respondió más a la interna de la Corte Suprema o a un pedido venido de Washington. En concreto, el circuito mencionado por Uberti lo tiene a él como protagonista: dá la impresión que el propio Uberti cobró y se quedó con el dinero. El resto resulta incomprobable y sin evidencia.

4 ¿Qué sucede con los empresarios?
Como es de público conocimiento y, según parece, a pedido de la Casa Rosada, le mejoraron la situación a los empresarios sacándoles de encima la imputación por asociación ilícita. Quedan imputados sólo por el pago de coimas. La pena es relativamente baja, de uno a seis años de prisión, es decir que no habrá cárcel para ellos, aún si fueran condenados. La decisión de excluirlos de la asociación ilícita no parece irrazonable. Resulta difícil sostener que Cristina o De Vido eran jefes de Angelo Calcaterra o de Paolo Rocca. Sí está claro que buscaron su beneficio económico y que, supuestamente, pagaron coimas por obras públicas y concesiones viales.

Sin embargo, lo más llamativo es que Wagner reveló que se cartelizaron, repartieron obras y fijaron los precios. En teoría, es la estafa al Estado más grande de la historia. Sin embargo, eso no se investigó. ¿Para qué se cartelizaron si el objetivo no era ponerle precios más altos a las obras? Y en este terreno, por ejemplo, Mauricio Macri debería ser imputado por participar de esa estafa ya que una de las empresas involucradas es Iecsa, que en aquel momento era propiedad del grupo Macri y la manejó el actual presidente. La manipulación de la causa de las fotocopias de los cuadernos queda expuesta en este terreno: lo más grave, lo de mayor perjuicio al Estado, no se investiga. El único objetivo es el kirchnerismo.

5 ¿Por qué aliviaron la situación de casi todos los empresarios y no de Gerardo Ferreyra, el dueño de Electroingeniería?
La única explicación posible es su adhesión al kirchnerismo. Los camaristas utilizaron la poco creíble declaración de Uberti para no dejarlo libre. En concreto, el arrepentido afirmó que en 2006, en la confitería Selquet, Ferreyra le entregó una valija con 10 millones de euros, una cifra que no tiene el menor sentido y que no tiene lógica siquiera que se haya entregado en el estacionamiento público de una confitería. El dinero –siempre según Uberti– lo llevó luego a la quinta presidencial aunque no declaró a quién se lo dio, pero, como todo lo que sostuvo, es incomprobable.

Bruglia y Bertuzzi dan por probada esa entrega y consideran que como es una cifra muy alta no puede ser una coima de un empresario, sino que Ferreyra actuó como recaudador. No se aporta ninguna evidencia, no hay un sólo arrepentido que diga que Ferreyra reunía dinero “para la corona”, como le imputan los camaristas. Una muestra del carácter político de la resolución es que sacan la conclusión que Ferreyra era más que un empresario porque no tenía trato ni con Clarens ni con López, o sea que tenia llegada directa al gobierno. En otras palabras: es distinto porque es kirchnerista.

 

6 ¿Y por qué dejaron preso también a Oscar Thomas?
Es una situación similar a la de Ferreyra. Thomas era un elogiado titular del Ente Yaciretá, que durante su gestión adjudicó las obras por licitación a distintas empresas. Sólo en base a esa consideración, Bruglia y Bertuzzi consideran que recaudó de esas empresas y le entregó dinero a Baratta, algo que dicen las fotocopias de Centeno y Thomas niega. Ahora bien, los propios camaristas admiten que no tienen ni un testimonio ni declaración de un arrepentido que diga que le dió dinero al ex funcionario. La realidad es que lo consideran recaudador porque no se arrepintió y por funcionario kirchnerista.

7 ¿Por qué se niegan las libertades?
El fallo de la Cámara es un gravísimo retroceso en el terreno de las libertades individuales que vuelve a viejos argumentos ya desechados. Los que están presos en este expediente lo están sin juicio y sin condena, sin peligro de fuga y sin peligro de obstrucción de la causa. Pero Bruglia y Bertuzzi dicen lo contrario.

*El monto de la pena en expectativa es alta y por lo tanto se pueden fugar. Un concepto abandonado hace años y un serio retroceso. “Si bien el monto de la pena previsto para los ilícitos enrostrados debe ser valorado en forma conjunta con otros parámetros –escriben los camaristas– lo cierto es que resulta un elemento sustancial y objetivo que, dentro de los parámetros establecidos en la norma citada, hace presumir fundadamente que en caso de recuperar la libertad, los imputados intentarían eludir el accionar de la justicia”. O sea, sin fundamento alguno, los camaristas dicen que los imputados se van a fugar, cuando siempre estuvieron a derecho.

Doctrina Irurzun. La doctrina que trató de imponer el camarista Martín Irurzun vuelve a ser utilizada ahora. Bruglia y Bertuzzi afirman que no en cualquier asociación ilícita cabe la prisión, pero “no es ocioso recordar que el despliegue investigado involucra a funcionarios públicos que se desempeñaron en los más altos cargos de la administración nacional o que presentaron, en ocasiones, un estrecho vínculo con quienes ocupaban tales puestos estratégicos”. Es decir, que como estuvieron en el gobierno kirchnerista tienen “relaciones residuales” (términos utilizados por Irúrzun) que les permitirían obstruir la investigación.
No aparece la plata. “Se suma el hecho de que permanece desconocido el destino de las sumas comprometidas en las maniobras investigadas”, reconocen los jueces. Por lo tanto, darle la libertad a los imputados es concederles facilidades para que sigan ocultando el dinero y, por esa vía, obstruirian la causa.
O sea que en vez de ser una prueba a favor de los funcionarios el hecho de que no les hayan encontrado dinero, es una prueba en contra. El tema es de máxima importancia. Dineros en el exterior de Cristina, De Vido o Baratta no fueron sólo buscados por el gobierno a través de la Unidad de Información Financiera, la Afip, la fiscalía y la Oficina Anticorrupción, sino que trabajaron en eso denodadamente los fondos buitres, el gobierno norteamericano y la CIA. En Panamá Papers se esperaba encontrar dinero K y se encontró dinero M, o sea sociedades y cuentas de los Macri y de otros funcionarios del gobierno actual.

Por último, los camaristas sostienen que corresponde la prisión preventiva porque existe un compromiso internacional de lucha contra la corrupción. La realidad es que ese compromiso no incluye mandar a la cárcel a personas que están a derecho, nunca obstruyeron la investigación –los últimos hechos son, además, de 2015–, no hay peligro de fuga y, sobre todo, existe mucho menos peligro de fuga que en el caso de empresarios, como Paolo Rocca, a quién se lo autorizó a viajar al exterior.

8 ¿Cual es la conclusión
del fallo?

El modelo de fallo es el que hoy impera en la sede de Cambiemos que funciona en Comodoro Py, con fuerte influencia de la embajada de EE.UU.

Apuntar los cañones contra CFK, aunque no haya pruebas.
Mantener en la cárcel a todos los funcionarios kirchneristas posibles
Permitir que estén en libertad funcionarios y allegados al anterior gobierno que estuvieron en un circuito de corrupción: José López (en esta causa estaría libre); Uberti, Clarens. En este terreno redujeron el impacto de las pruebas contra Muñoz para ir contra Cristina.
Dejar en el calabozo a los empresarios K.
Aliviar la situación de los empresarios no kirchneristas y, sobre todo, no investigarlos en las maniobras de cartelización que, seguramente, implicaron sobreprecios y una estafa al Estado.
Todo es parte de la lucha de lo que llaman “los gobiernos populistas”. El modelo es similar al de Brasil con el encarcelamiento de Lula.

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