Por Néstor Espósito -
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reconoció ante diputados y senadores de la Bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia que tiene “serias sospechas” de que el Ministerio de Seguridad le paga mensualmente 200 mil pesos al financista Leonardo Fariña para “direccionar” su testimonio en la causa conocida como la ruta del dinero K. Fuentes judiciales y parlamentarias reconstruyeron ante Tiempoalgunos de los tramos principales de esa exposición, que fue reservada pero de la que participaron unas 30 personas.
Ramos Padilla explicó que, oficialmente, la AFI, el Ministerio de Seguridad y la Embajada de Estados Unidos negaron cualquier tipo de vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio. Pero de su exposición surgió que esa ajenidad no está tan clara. Tanto es así que, ante una pregunta específica, respondió que con la prueba que ya analizó y con la que aún está pendiente de evaluación podría desmentir esos documentos oficiales. Nadie admite haber conocido y menos aun contratado a D’Alessio, pero eso podría ser –de acuerdo con lo que el magistrado deslizó en la Bicameral– una mentira.
¿Cómo surgió el tema Fariña? Ramos Padilla venía describiendo la precariedad y falta de recursos para llevar adelante la investigación. Incluso cuando un diputado le preguntó si había certificado que en el estado norteamericano de Maine funcionaba una central de agentes inorgánicos de la CIA, el juez respondió: “Si acá no consigo que me traigan un preso a Dolores, imagínese cómo me iría si le pido a la CIA que me diga qué hay en Maine”. Hubo risas nerviosas.
Legisladores de Cambiemos cuestionaron tácitamente decisiones de Ramos Padilla. Por ejemplo, cómo proteger a los testigos e incluso a los imputados que estaban declarando en su causa. El magistrado de Dolores explicó que se manejaba con un organismo relacionado con la defensa de los Derechos Humanos porque confiaba en ellos, pues venía convocándolos desde que asumió en el juzgado. Los legisladores oficialistas le reprocharon que no hubiera recurrido al programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia. Ramos Padilla admitió que tal vez su decisión no hubiera sido acertada, pero justificó su desconfianza. “A ese programa no quiero recurrir porque hay serias sospechas de que por allí se canalizan pagos de 200 mil pesos a Fariña para direccionar sus declaraciones”, explicó –palabras más, palabras menos– el juez, según revelaron las fuentes.
Los legisladores oficialistas, con protagonismo del diputado Daniel Lipovetzky, pusieron en duda el origen de la causa, la figura de D’Alessio y la obtención de la prueba, especialmente del teléfono celular IPhone 10 y las computadoras secuestradas en la casa del falso abogado en el country de Canning.
Ramos Padilla acababa de contar que el allanamiento se había filtrado cuatro horas antes y que Prefectura le informó que D’Alessio sabía del procedimiento y los estaba esperando. En su casa hallaron las carpetas con las supuestas operaciones de inteligencia y secuestraron el teléfono. Luego de su detención, D’Alessio accedió voluntariamente a abrir su celular, donde había mucha prueba.
Lipovetzky y también el diputado radical José Manuel Cano preguntaron si no le parecía raro que alguien que sabía que lo iban a allanar no intentara ocultar la prueba. La respuesta de Ramos Padilla los sorprendió, porque abrió interrogantes sobre otro juez como parte (voluntaria o no) de la maniobra que investiga. “D’Alessio creía que yo era el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y me decía ‘Villena, usted y yo somos del mismo palo'”.
Ramos Padilla dijo desconocer cómo se filtró la orden de allanamiento, pero explicó que tenía tres objetivos para el operativo: un restaurante en Mar del Plata, una galería en la Capital Federal y el country de Canning. Para este último, le había enviado una rogatoria al juez Villena, quien tiene jurisdicción sobre esa zona.
Ramos Padilla informó que hasta el momento, y por las negativas de los organismos oficiales, D’Alessio era un engranaje de una “organización paraestatal” de espionaje, con vínculos con funcionarios, jueces, fiscales, medios de prensa y organismos internacionales de inteligencia. El senador peronista Miguel Ángel Pichetto preguntó si también había parlamentarios en la organización. La respuesta otra vez fue inquietante: podrían ser “usuarios” de los servicios de esa organización.
Si se trata de una organización “paraestatal”, las agencias de inteligencia oficiales fallaron, pues no la detectaron. “¿Cómo puede ser que los servicios oficiales, que funcionan 24 horas los 365 días del año, no puedan detectar a una agencia paralela de inteligencia? Evidentemente no hay organismos de contrainteligencia eficaces para estos temas”, redondeó el juez.
Sobre la falta de colaboración e insumos para investigar, Ramos Padilla contó a modo de anécdota que cada vez que ingresa un nombre en su computadora para hacer una búsqueda el sistema demora unos 20 minutos en darle respuestas; le devuelve documentos que puede leer y otros que son inaccesibles porque no tiene software para hacerlo. Ante ese escenario, pidió una computadora de avanzada al Consejo de la Magistratura, pero le respondieron que costaba 500 mil pesos y no había presupuesto. Entonces el diputado de Unidad Ciudadana Rodolfo Tailhade se quejó: “No tienen 500 lucas para una computadora, pero los intereses de las Leliq nos cuestan un millón de pesos por minuto”.
Finalmente, Ramos Padilla pidió ayuda a la Bicameral. Para que le gestionen elementos y también para que impulsen una política que corrija las intromisiones permanentes de los servicios de inteligencia en la vida institucional y privada de las personas. “No sirve de nada que en esta causa haya diez o más condenados; eso no va a cambiar la situación de riesgo que tiene el estado de derecho si las cosas siguen así”, señaló.
El juez Ramos Padilla reveló en el Congreso que tiene indicios de que el financista recibe 200 mil pesos mensuales del Ministerio de Patricia Bullrich. Las causas afectadas.
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