Por Randy Stagnaro -
El fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Complejos de Rosario, Santa Fe, imputó este lunes a directivos de Vicentin SAIC y de Renova por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Commodities, del Grupo Grassi.
Según la presentación, que se hizo con los acusados presentes, Renova recibió a lo largo de 2018 y 2019 soja en grano para depósito que luego retiraba Vicentin SAIC para su propio uso y por la cual le pagaba a Commodities. En ese entonces, Renova era una firma controlada por Vicentin SAIC. En ese trapicheo, Renova acogió poco más de medio millón de toneladas de poroto de soja y Vicentin SAIC retiró 445.000 toneladas. Pero Renova nunca devolvió las 55.000 toneladas faltantes, cuyo valor actual limpio es de unos $ 3000 millones. Es más, niega que esas toneladas existan.
Por ese motivo, el fiscal imputó por el delito de administración fraudulenta a las autoridades de Renova durante los años 2018 y 2019: Sergio Eduardo Gancberg (presidente), Diego Fernando Mejuto (vicepresidente), Daniel Néstor Pájaro y Daniel Buyatti (directores titulares). También imputó, por el mismo hecho, a los directivos de Vicentin SAIC Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi y a Omar Adolfo Scarel. En tanto, Diego Fernando Mejuto, otro directivo de Renova comprendido en la denuncia, no se presentó –con autorización– a la audiencia de este lunes y será imputado con posterioridad.
Ahora bien, las 55.000 toneladas de granos no fueron el único ilícito narrado por Narvaja.
Un pagadiós
El fiscal apuntó a un segundo hecho que podría ayudar a entender que pasó con otra empresa del grupo, Friar, un gran frigorífico vendido en 2020, cuando Vicentin SAIC ya se había presentado en el Juzgado Comercial de Reconquista para que le dieran el concurso de acreedores.
En esta segunda acción ilícita, los directivos de Vicentin derivaron una garantía de pago desde un banco acreedor hacia un tercero que finalmente terminó cobrando el dinero en detrimento del acreedor.
El banco holandés ING venía otorgándole a Vicentin SAIC créditos para prefinanciar exportaciones. Esos préstamos incluían una garantía en favor de ING, que así se aseguraba el cobro en caso de que Vicentin estuviera incapacitada para pagar. La garantía consistía en un documento por el cual ING podía dirigirse directamente al comprador de los productos de Vicentin SAIC para cobrar el crédito.
Vicentin dejó de pagar los créditos del ING a fines de noviembre de 2019. El banco, entonces, se dirigió a Cargill, que debía pagar a Vicentin por la compra de productos. Pero grande fue la sorpresa de ING cuando desde Cargill le dijeron que otra firma ya había pasado y cobrado ese dinero, unos U$S 5,2 millones.
La firma en cuestión era BAF Latam Trade Finance Fund, que logró cobrar el dinero que Cargill iba a pagar gracias a una gestión específica que realizaron los directivos de Vicentin SAIC a sabiendas de que estaban dejando afuera al banco ING, al que le correspondía el dinero por los contratos firmados previamente. “En otras palabras, Vicentin generó un mejor derecho a BAF Latam Trade Finance Fund y frustró el que habría otorgado previamente a ING a través de la instrucción irrevocable de pago”, dijo el fiscal en su exposición.
Ahora bien, BAF es la financiera que recibió el frigorífico Friar en septiembre de 2020, cuando el concurso de Vicentin SAIC ya tenía siete meses de actuaciones.
Esto fue posible por una maniobra previa que muchos, como el director del Banco Nación Claudio Lozano, no dudan en calificar de vaciamiento de Vicentin SAIC. Esta firma adquirió Friar en 2004, pero al momento de la venta solo poseía el 0,4% del capital. El resto había sido derivado hacia otras empresas del mismo grupo: 40% estaba en manos de Vicentin Family Group, con sede en Uruguay y que oficiaba como holding dentro del cual se encontraban como firmas independientes tanto Friar como Vicentin SAIC y otra docena y media más.
El otro 49% de Friar estaba en poder de Nacadie Comercial, una forma uruguaya propiedad también de Vicentin Family Group, firma que garantizaba parte de los créditos que pedía Vicentin a otros fondos y bancos. Nacadie Comercial tiene operaciones de transferencias de fondos con la sociedad Nacadie Panamá. Cabe recordar que CAF aparece en esta historia apropiándose de una garantía que debía cobrar otro.
Vicentin SAIC entró en el concurso en 2020 superendeudada y sin activos. La investigación de la justicia aún debe dar más respuestas sobre lo que sucedió.
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