De la redacción de Contrapoder -
La Sala III de la Cámara de Casación ahora ordenó investigar al actual procurador del Tesoro Carlos Zannini, a la fiscal Gabriela Boquín, y al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por sus intervenciones en la causa de la quiebra de Correo Argentino. Es un contraataque en la estrategia judicial de Mauricio Macri.
Casación revocó un fallo de la Cámara Federal y ahora va contra Zannini, cabeza de los abogados del Estado. Fue luego de que pidiera la nulidad del fallo a medida de los Macri que suspendió la decisión sobre la quiebra de Correo Argentino hasta que la Corte se pronuncie sobre otra maniobra de la familia del ex presidente.
Con las firmas de Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Eduardo Riggi, se hizo lugar a un recurso que presentó Correo Argentino SA y reabrió la investigación. El tribunal sostuvo que hay medidas de prueba pendientes “que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación”.
Entre esas medidas se destaca el pedido a la justicia comercial del expediente del concurso, que la Procuración General de la Nación informe si existen sumarios iniciados contra la fiscal Boquín, y que se disponga un registro de llamadas entre los teléfonos de Boquín, Zannini, Nissen y la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
“Hácese notar que ya en su anterior intervención de fecha 22 de octubre de 2020, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal -con distinta integración- al revocar el primigenio archivo de la causa, remarcó la pertinencia de la testimonial ofrecida por la querellante y que debía considerarse también la conducencia y alcance de las demás diligencias propuestas y, en esa línea, ordenó la continuidad de la pesquisa”, destacó en su voto el juez Borinsky, involucrado en la operación Olivos por sus reuniones secretas en la quinta presidencial cuando Macri era Jefe de Estado, según reveló El Destape.
La causa comercial del Correo Argentino SA espera a la Corte. Es por la la quiebra decretada el año pasado por la jueza Marta Cirulli. Luego, la Cámara en lo Comercial resolvió frenar el análisis del caso hasta que la Corte Suprema de la Nación defina si el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires es efectivamente una instancia de apelación o no en este proceso.
Hace una semana, Mauricio Macri y su familia consiguieron suspender la decisión sobre la quiebra de Correo Argentino, decretada en 2021 con una demora de más de 15 años, hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre una maniobra que ellos mismos realizaron: si habilita a que la Justicia porteña se entrometa en el expediente para desplazar a la fiscala Gabriela Boquin (que frenó la condonación de la deuda) y a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra). El expediente por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado y más de 700 acreedores lleva más de 20 años en los tribunales: la Corte, por su parte, no tiene plazos y resuelve lo que quiere cuando quiere. La jugada es evidente: una vez más los Macri ganan tiempo y no pagan sus deudas.
La decisión de suspender el proceso de quiebra de Correo Argentino la tomó por mayoría la Sala B de la Cámara Comercial con su nueva conformación. La histórica Matilde Ballerini y la sorteada para desempatar María Elza Uzal votaron a favor de los Macri; la nueva integrante por concurso, Guadalupe Vazquez, evidenció que suspender todo hasta que la Corte resuelva contradice la ley de Concursos y Quiebras.
El pedido de Zannini
El procurador del Tesoro dice que es “a todas luces inverosímil” pensar que la Corte le de intervención al TSJ porteño como quieren los Macri, maniobra por la cuál ahora está todo suspendido. Zannini basa su análisis tanto en la Constitución (que no le da al tribunal porteño potestad de revisar una decisión de un tribunal nacional) y en los distintos fallos que ya dijeron lo contrario y hasta en el dictamen del procurador interino Eduardo Casal, que a pesar de que se manejó siempre bajo directivas cambiemitas en este caso dejó por escrito que no tiene ningún sostén legal. Todo eso sería argumento suficiente si rigiera el Estado de Derecho: en la causa Correo el derecho no corre y en la Corte Suprema cuando les conviene. El último asalto al Consejo de la Magistratura demuestra.
Zannini asegura que el “temor” de nulidades que afirmaron Ballerini y Uzal “carece de fundamento” y su postura “no es solo dogmática y voluntarista sino lisa y llanamente equivocada”. Zannini argumenta con leyes y fallos, como lo obliga su cargo, pero tal vez peca de optimista. La Corte tiene dos caminos: resolver o planchar el expediente. En la segunda gana Macri, ya que sigue sin pagar. En la primera no está claro, ya que dos de sus cuatro miembros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aceptaron ser designados por decreto por Macri, por lo que mucho apego a la ley no tienen. De Ricardo Lorenzetti, titiritero del lawfare en la era Cambiemos, se puede esperar su zigzagueo camaleónico. El voto del cordobés Juan Carlos Maqueda, designado por el senador en ejercicio de la Presidencia Eduardo Duhalde, es una incógnita, puede confirmar la mayoría o generar un bloqueo. Ambas opciones favorecen a los Macri.
En su presentación, la Zannini plantea que la camarista Ballerini “no apoya su decisión en normas vigentes, sólo incurre en disgresiones sobre situaciones eventuales, hipotéticas y temores infundados sobre el resultado que pudieran tener diversos planteos” de los Macri. “Todos claramente improcedentes”, agrega.
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