De la Redacción de Contrapoder -
El Senado de la Nación, a través de su directora General de Asuntos Jurídicos, Graciana Peñafort, presentó una denuncia penal contra la titular del cuerpo durante la gestión de Cambiemos, Gabriela Michetti. Es por los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública por haber realizado “pagos millonarios por obras que no tuvieron avances” en la Cámara alta.
La denuncia fue radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, donde, tras el sorteo de rigor, la causa recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11, actualmente a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
La acusación también alcanza a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A.
Peñafort explicó -en declaraciones a El Destape Radio- que, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió la Presidencia del cuerpo, se encontró con “una situación bastante terrible que compromete las instalaciones mismas del Senado”.
“Se emitieron los certificados de obra, pero las obras no están. Sólo una de las obras tiene un 3 por ciento de avance”, precisó Peñafort en la entrevista que concedió este viernes a El Destape Radio.
De acuerdo con la presentación, que ahora deberá ser analizada por el magistrado, previa ratificación por parte de la denunciante, la ex vicepresidenta de la gestión de Cambiemos “le dio más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación”.
Según fuentes de la Presidencia del Senado, se constató que “la empresa en cuestión no era proveedora del Senado y nunca se pidió la habilitación de la obra”, así como el hecho de que “se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares”.
En la denuncia, la abogada Peñafort asegura que se verificó la “concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Honorable Senado de la Nación” e, incluso, denunció “un posible sobreprecio de obra”.
“Los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente”, según consta en la denuncia.
Las irregularidades
Las obras para las que se contrató a la empresa están vinculadas a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Senador Alfredo L. Palacios, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 1710, a pocos metros del Palacio Legislativo.
En sus declaraciones de este vienes Peñafort describió una situación caótica en esa sede, “la contratación para las obras estuvo mal hecha desde el principio”, aseguró la abogada. “Venían estos mismos señores -dijo en alusión a la empresa mencionada- a cobrar estos certificados de obra y las obras no estaban. No sólo se les dio el certificado de obra que los habilita a cobrar; también se les dio un adelanto y tenían comprometido un adelanto del 5 por ciento para compra de materiales y, en 2019, les dieron el 25 por ciento, y no compraron materiales”.
La abogada del Senado se preguntó “dónde puede haber ido esa cantidad de dinero en un momento en que la tasa de interés volaba”.
En un informe distribuido a la prensa del Senado, se indicó que la empresa denunciada DINALE SA “fue la única” presentada a licitación y que resultó adjudicataria de la obra en cuestión, por un monto de $249.600.000.
El plazo de ejecución fue asignado en nueve meses desde el acta de inicio de obra -20 de mayo de 2019- por lo que venció el 20 de febrero último.
Otra irregularidad denunciada es que, “pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el gobierno porteño, ni gestionó los permisos de obra ni presentó los planos aprobados por el organismo competente en la materia”.
Cuando en diciembre último, Fernández de Kirchner anticipó que abriría una auditoría para investigar la tarea de su antecesora en el Senado, el ex secretario administrativo, Helio Rebot, dijo a la prensa que en el macrismo estaban “tranquilos” porque afirman que no hubo irregularidades y aprobaron “que se audite” la gestión.
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