Por Diego Rubinzal -
El famoso crack de la Bolsa neoyorkina, en octubre de 1929, derivó en una inédita crisis internacional. El pánico financiero se extendió con una rapidez inusitada. En un par de meses, el índice bursátil industrial Time se derrumbó un 50 por ciento. El producto industrial estadounidense cayó un 40 por ciento, la desocupación trepó al 25 por ciento y se multiplicaron las quiebras empresarias.
La receta de austeridad del presidente Hebert Hoover empeoró las cosas porque los mecanismos de ajustes automáticos de mercado no funcionaron, desmintiendo al paradigma económico dominante. Por esos días, John Maynard Keynes advertía que “mucha gente está intentando solucionar el problema del desempleo con una teoría que se basa en el supuesto de que no hay desempleo”.
Ese círculo vicioso comienza a revertirse con el programa impulsado por Franklin Delano Roosevelt. El “New Deal” creó empleo con un ambicioso plan de obras públicas. Por caso, la Administración de Obras Públicas (WPA) generó millones de puestos de trabajo en la construcción de autopistas, caminos, parques, ciudades verdes, edificios y puentes. En paralelo, la publicación en 1936 del célebre libro de John Maynard Keynes (“Teoría General del Interés, la Ocupación y el Dinero”) modificó el modo de pensar la economía. Desde entonces, la buena teoría brinda sólidas herramientas conceptuales sobre cómo conducir el ciclo económico.
En resumen, la teoría (y la experiencia internacional) enseña que la lógica del ajuste es contraproducente. En la mayoría de los casos, ese tipo de políticas profundiza los problemas y provoca costos sociales innecesarios. La idea del “ajuste expansivo” es equivocada tal como comprobó en carne propia Dilma Rousseff en su interrumpido segundo mandato.
En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó importantes definiciones en su reciente visita al Congreso Nacional. Al explicar los lineamientos oficiales para la reestructuración de la deuda pública, Guzmán sostuvo que: “El ajuste fiscal que se requeriría para pagar los compromisos asumidos con el FMI para los próximos dos años llevaría a la destrucción total de la economía argentina”; “no hay peor alternativa que la austeridad fiscal. Argentina no permite que haya condicionalidades al programa económico que se está implementando” y “en 2020 no es realista ni sostenible que haya una reducción del déficit fiscal”.
Las palabras de Guzmán no fueron sorpresivas. Al comienzo de su gestión, el ministro había señalado que la estrategia fiscal del equipo económico macrista (reducir el gasto público para recuperar el superávit primario) no tenía ninguna justificación empírica. En “Recuperar el crecimiento” (artículo publicado en Suplemento Cash, 22/12/2019), Federico Kucher sostiene que “Un análisis de Alberto Asesina y Silvia Ardagna de 107 experiencias de austeridad fiscal muestra que sólo 22 casos fueron exitosos. Si se filtran estas experiencias por los países que hicieron el ajuste fiscal en medio de una recesión (como se hizo en Argentina a partir de 2018) prácticamente no hubo casos de éxito. Solo hubo un caso de crecimiento con caída del ratio de endeudamiento: se trata de Irlanda en 1987”. En otras palabras, la austeridad recrude los problemas preexistentes.
Esto no implica ignorar las restricciones económicas actuales. La escasez de dólares condiciona cualquier estrategia de recuperación del aparato productivo. Por eso, es importante cerrar un exitoso proceso de renegociación de la deuda pública. Es una condición necesaria para desplegar un proyecto económico-social inclusivo.
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