De la Redacción de Contrapoder -
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por “inadmisible” un recurso dilatorio presentado por las defensas de los cuatro imputados por la licuación de la deuda de la empresa Correo Argentino -de la familia Macri- con el Estado durante el primer año de gestión de Mauricio Macri como presidente. A casi seis meses de la indagatoria al ministro Oscar Aguad y demás firmantes del pacto que la fiscal ante la cámara comercial Gabriela Boquín definió como “ruinoso y abusivo” para las arcas públicas, sus situaciones procesales siguen sin en el limbo gracias a una oportuna pericia que el juez federal Ariel Lijo le pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen organizado (DAJuDeCO), que depende de la Corte Suprema.
La Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, declaró inadmisibles los recursos presentados por los abogados de Aguad (investigado por su rol como ex ministro de Comunicaciones), su entonces director de asuntos jurídicos Juan Manuel Morocoa, el titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la empresa Jaime Kleidermacher. Los cuatro pretendían que revisara la resolución de la Cámara Federal que les rechazó una excepción por falta de acción por inexistencia de delito y un pedido de nulidad del requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita por el que se los citó a indagatoria. La Sala IV reiteró su jurisprudencia según la cual esas resoluciones no son recurribles ante Casación porque no constituyen sentencia definitiva ni equiparable a tal, en tanto no generan un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, y, sin ingresar al fondo de la cuestión, denegó los recursos por manifiestamente improcedentes.
El pacto entre subordinados de los Macri ubicados en los dos lados del mostrador se firmó el 28 de junio de 2016. Según el dictamen de Boquín, de hacerse efectivo hubiera implicado condonar el 98,87 por ciento de la deuda de la empresa con el Estado. Aguad & Cía. fueron imputados por Pollicita por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Lijo los indagó a fines de marzo, debía resolver sus situaciones procesales en diez días pero ya pasaron casi seis meses.
Lijo pidió esta semana un informe técnico pericial, sin exigir plazo alguno, a la DAJuDeCO, más conocida por pinchar teléfonos. Argumentó que esa medida fue ordenada por la Cámara Federal cuando respaldó la investigación al rechazar planteos de los imputados. Lo llamativo es que se hicieron varias pericias e informes sobre la cuestión y todos dan cuenta de una maniobra para beneficiar a la familia presidencial. Boquín basó sus conclusiones -que permitieron frenar el acuerdo- en la pericia de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Luego, en el expediente penal que instruye Lijo, presentó un análisis la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que señaló una maniobra sincronizada entre el Correo y las áreas de Gobierno que se ocupaban de la cuestión concursal; y dentro de la Auditoría General de la Nación (AGN), un análisis interno que fue incorporado parcialmente al informe final también señalaba una quita que superaba el 90 por ciento, a lo que se sumó un estudio en la misma línea de auditores externos.
Por otro lado está en marcha una pericia contable de expertos de la Corte sobre maniobras de vaciamiento y posibles desvíos de dinero durante la etapa concursal. Se analizan los libros contables de Socma y Sideco, controlantes de Correo, y el uso dudoso de dinero de una empresa que se supone inactiva. Pero nada de esto parece ser el punto al que enfoca el pedido de Lijo, que se encaminaría más bien a evaluar el trabajo de Boquín, a quien el oficialismo ha hecho todo lo posible por desplazar, sin éxito.
Para corroborar si el acuerdo fue realmente abusivo Lijo decidió además pedir todo el expediente comercial. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini le dijeron que no se lo pueden mandar porque casualmente se lo acaban de enviar a la Corte para que se expida sobre un recurso del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien pidió 120 días para evaluar la última oferta del Correo, que ofrecía pagar la deuda de 2002 (296 millones de pesos) y los intereses solo si la empresa gana los juicios contra el Estado. En tal caso, los Macri llegarían a pagar algo más de 700 millones de pesos, mientras que la deuda con los intereses actualizados según la fiscalía es de 4500 millones.
RSS