Por Néstor Espósito -
Una ONG denunció penalmente al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por una supuesta quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de la hamburguesería McDonald’s en Pinamar y Villa Gesell. Rosenkrantz era el abogado de Arcos Dorados, que tiene en la Argentina la licencia de la casa de comidas rápidas. Según la documentación presentada en dos expedientes judiciales, el hoy juez indicó la forma en que la empresa que estaba por quebrar debía transferir todos sus bienes para, de esa manera, perjudicar a los otros acreedores en el proceso de quiebra.
La denuncia fue presentada por Fernando Míguez, presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, habitual recorredor de los tribunales con denuncias de corrupción. El expediente lleva el número 21968/2018 y quedó radicado ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
La denuncia imputa a Rosenkrantz el rol de “organizador de una asociación ilícita” mediante la cual se perpetró “una quiebra fraudulenta” con un perjuicio para los acreedores, entre ellos la AFIP y la ANSES, de más de 20 millones de pesos.
El texto explica que en octubre de 2015, cuando aún no había sido designado por decreto en la Corte, Rosenkrantz se contactó con los abogados de la firma Operadora de la Costa SA, franquiciantes de McDonald’s en dos localidades costeras y con graves problemas económicos que la encaminaban hacia la quiebra. “Los Dueños de Operadora de la Costa y Arcos Dorados Argentina vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la Ley y evitar pagar millonarias deudas”.
En ese contexto, explica: “una quiebra es una manera en la que una empresa dice ‘no puedo pagar’ y pone a sus acreedores en igualdad de condiciones. Dicen ‘hay tanto’ y se reparten en partes iguales para todos los acreedores. Cuando se beneficia a algunos de estos acreedores ocurre lo que en derecho penal se llama quiebra fraudulenta, que es aquella en la que no hay igualdad entre los acreedores. Rosenkrantz le dice a la parte que esta por quebrar que tienen que hacer toda una maniobra para que Arcos Dorados se quedara con la plata que le correspondía al resto de los acreedores”.
Esa supuesta maniobra se configuró mediante la creación de la empresa “40 Uno SRL”, a la que le fueron transferidos todos los activos de Operadora de la Costa, la firma que estaba por quebrar.
¿Cómo trascendió esa supuesta situación irregular? El denunciante Miguez explicó que el expediente de la quiebra tramita ante el fuero Civil y Comercial de Dolores, provincia de Buenos Aires. El abogado Sergio Idoyaga, representante de Operadora de la Costa, formuló un reclamo por el pago de honorarios ante los tribunales de la Capital Federal. Allí presentó un largo intercambio de mails, notificaciones escritas y diálogos por WhatsApp que había mantenido con Rosenkrantz y otros denunciados, de los que parece surgir que el presidente de la Corte le indicaba a la contraparte qué debía hacer para superar ordenadamente la situación. La denuncia alcanza también a Pablo Ricardo Gotelli, a quien señala como titular de la franquicia de McDonald’s; el colombiano Woods Staton, CEO de Arcos Dorados y otros ejecutivos de esa firma.
“Operadora de la Costa puso a disposición para embargo sus inmuebles además sus bienes muebles y hasta el fondo de comercio. Luego del embargo, la empresa y la multinacional -asesorada por Rosenkrantz- hicieron desaparecer todos esos bienes y activos al igual que todo el dinero resultante, simulando falsas ventas a terceros”, añade el escrito, que incluso menciona la supuesta utilización de “un acta de directorio y otra de asamblea falsificadas”.
“Rosenkrantz es quien le dice a la parte que está por quebrar que tienen que hacer toda una maniobra, como por ejemplo pasarla a testaferros para que la empresa Arcos Dorados se quedara con la plata que le correspondía al resto de los acreedores. Buena parte del patrimonio se sustrae de la garantía común de los acreedores quedando en mano de la empresa que representaba Rosenkrantz”, añade el escrito.
De acuerdo con la denuncia, la presunta maniobra defraudatoria consistió en que “los ex directores, apoderados y accionistas de Operadora de la Costa han enajenado los bienes de la empresa ocho meses antes de la quiebra, sin dar cuenta de los fondos que dicen haber cobrado por las supuestas ventas. Tampoco dieron cuenta del acuerdo de cancelación de deuda y entrega de locales, en una burda elusión del procedimiento legal”.
El juez Rafecas deberá resolver en los próximos días si le “corre vista” al fiscal Pollicita para que decida si impulsa o no la investigación, o si directamente le delega a él la tramitación de la causa. En virtud de la cercanía de la feria judicial de enero, todo parece indicar que el expediente comenzará a moverse en febrero próximo.
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