El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió posponer hasta el 14 de diciembre el juicio oral y público que se lleva adelante para evaluar las posibles responsabilidades de dos hombres y cinco mujeres acusados de integrar una organización destinada a lavar dinero del narcotráfico por medio de cuatro empresas instaladas en Misiones.
Los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni dispusieron diferir la continuidad del debate al considerar que existían impedimentos para que dos abogados representen a cuatro de los imputados.
Estaba previsto que en la audiencia del miércoles 29 declare el principal imputado en la causa, Roberto Rodríguez, propietario de la concesionaria de autos RR Vip de donde se incautaron al menos 50 rodados de alta gama en 2013.
El acusado estuvo imposibilitado de expresarse ante el Tribunal debido a la suspensión del debate.
Esta interrupción fue a partir de un reclamo del fiscal general, Carlos Schaefer quien advirtió posibles conflictos de intereses a partir de la declaración de una imputada.
Se trata de Griselda Sosa quien en la primera jornada del juicio había pedido declarar. En su exposición se refirió a la razón por la que varios de los autos de alta gama secuestrados en la concesionaria RR Vip estaban a su nombre, pese a que carecía de capacidad económica para adquirirlos.
Ante la pregunta del representante del Ministerio Público explicó: “Yo firmé esos papeles porque pensé en el bienestar de mis hijos, en que los iba a beneficiar. Sólo sabía que (Rodríguez) necesitaba que firme esos papeles para poner los vehículos a nombre de otra persona para después venderlos en la agencia, pero yo no los usaba habitualmente, no disponía de ellos”.
Esa frase hizo sospechar al representante del Ministerio Público que podría existir un conflicto de intereses entre Sosa y su ex pareja, Roberto Rodríguez, también imputado en la causa.
El funcionario hizo notar que la abogada Adriana Calvo representaba a esta pareja y por tal motivo advirtió que, desde su punto de vista, se debía establecer la separación de las defensas “para garantizar el derecho de defensa en juicio y evitar posibles nulidades que podrían ser planteadas en el futuro”.
Aprovechó entonces la oportunidad para señalar que una situación similar existe en la defensa de María de los Angeles Herrera y José Glibota, pareja acusada de haber participado en los negocios de Rodríguez, actividades que se investigan por su supuesta relación con actividades de narcotráfico.
Esta proposición del fiscal contó con la adhesión de los abogados que representan a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), instituciones querellantes en la causa.
Los abogados, por su parte, cuestionaron el planteo del fiscal. “Es posible, en el caso de Herrera, que su marido afirme que todo lo que diga (la mujer) es verdad, que fue así como ocurrieron los hechos. ¿Dónde estaría entonces el conflicto o el problema?”, dijo el abogado Juan Carlos Saife, defensor de Glibota y Herrera.
Por su parte, Adriana Calvo advirtió: “No es posible saber si existen intereses contrapuestos, porque Rodríguez no declaró, y queremos que lo haga”.
Finalmente los jueces dieron lugar al pedido de la fiscalía y la querella, y ordenaron que Rodríguez y Herrera cuenten con defensores oficiales hasta tanto designen nuevos representantes privados.
Los nuevos abogados tienen hasta el 14 de diciembre para interiorizarse de los pormenores del expediente.
En la causa están imputados Roberto Rodríguez, su madre, Santa Aquino, y su pareja, Griselda Sosa; su ex concubina Daniela Villalba y su cuñada Rosa Ramos como también su socio, José Glibota y la esposa de éste, María de los Ángeles Herrera.
Maniobras dilatorias
Desde el punto de vista de los defensores “existen maniobras dilatorias por parte de la querella y el Ministerio Público que pueden afectar a los imputados”, dijeron los abogados a NOVA.
Aseguraron que “desde ningún punto de vista los defensores incurrieron en prácticas para perjudicar el proceso, por el contrario, el planteo realizado dilata el debate”.
También advirtieron que “llama la atención que se impidió la declaración de Rodríguez. Antes de escucharlo se hizo el planteo por la declaración de Sosa. Hubieran escuchado lo que Rodríguez tenía para decir y a partir de allí evaluar si habían intereses contrapuestos”.
Ahora, cuando el debate se reanude, se deberán realizar los procedimientos ya hechos en el inicio, para así seguir con el desarrollo habitual del juicio.
Importancia institucional
El debate de la causa 12000024/12 caratulada “Rodríguez y otros por supuesto lavado de activos” tiene importancia institucional toda vez que este proceso judicial tiene estricta relación con supuestos desmanejos de expedientes judiciales y bienes en el Juzgado Federal 1 de Corrientes donde se insruyó la investigación.
Es que son los bienes incautados en este proceso judicial los que el secretario judicial Pablo Molina y el magistrado Carlos Soto Dávila habrían entregado a terceros y a los mismos imputados por medio de procedimientos administrativos dudosos.
Esta situación fue denunciada por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones y el Consejo de la Magistratura, por lo que el juez y su secretario ahora están imputados en una causa judicial.
Fuente: Nova Corrientes
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