Por Daniel Filmus –
Caso 1: En el año 2016 el gobierno recién asumido de Mauricio Macri convocó la Paritaria Docente Nacional. Los sindicatos aceptaron la propuesta salarial del gobierno y las clases comenzaron sin conflicto.
Caso 2: En 2017 el Gobierno nacional no convocó a la paritaria. El país vivió un conflicto que significó la pérdida de más de 15 días de clase en las principales jurisdicciones. A partir de allí, el Gobierno tomó conciencia de su fracaso en el intento de doblegar y estigmatizar a los docentes y aceptó propuesta salarial de los sindicatos.
Acertijo para el lector: ¿Cuál de las 2 experiencias querrá repetir el gobierno de Macri en el 2018? ¡Acertaron!
A través del decreto 52, el Gobierno nuevamente avasalla las leyes vigentes y pretende evitar la negociación federal del salario mínimo que iguala las condiciones de dignidad de maestros y profesores de todo el país. Mi intervención en el debate sobre el presupuesto nacional en la Cámara de Diputados en diciembre pasado se inició con esta advertencia: si se aprueba el presupuesto tal como lo envió el Ejecutivo, se promueve el no inicio de clases. Ello se debe a que el Gobierno evitó discriminar en el presupuesto el Programa de Compensación Salarial (art 9) que prevé la Ley de Financiamiento Educativo (26075). Este programa se creó para que la Nación aporte recursos a las provincias con menor capacidad de pagar salarios para llegar al mínimo acordado. El primer objetivo del decreto que se acaba de firmar es ajustar los fondos que la Nación transfiere a las jurisdicciones más pobres. Ello promoverá una desigualdad creciente de los salarios según la capacidad financiera de las provincias y condenará a los docentes de las más pobres a un ingreso menor y a sus niños y jóvenes a una educación de inferior calidad. Ya nos pasó en los 90 y las consecuencias tuvieron una gravedad sin precedentes.
Cabe aclarar que la vocación de desintegrar y desigualar el sistema educativo no se agotan en la desfinanciación. El cierre o desatención de los programas nacionales de formación docente, de educación sexual, de lectura, de distribución de libros y laptops, de actividades recreativas y clubes juveniles van en la misma dirección.
Pero para que puedan pasar este tipo de políticas el gobierno de Macri sabe que algunos de sus principales escollos son la defensa de la educación que llevan adelante los sindicatos docentes y el prestigio histórico que en nuestro país ostenta la escuela pública. Respecto de los sindicatos, tratan de colocar sobre sus espaldas la culpa sobre todos los problemas que muestra el sistema educativo. Por otro lado, promueven la des-sindicalización de los trabajadores de la educación. La gobernadora Vidal sabe por ejemplo que, sin sindicatos fuertes es mucho más fácil ajustar el presupuesto educativo. También la desvalorización de los docentes se incentiva al intentar imponer reformas profundas de carácter regresivo en el sistema educativo sin la participación docente en el debate y la elaboración El cierre de los profesorados y la aplicación de la “escuela del futuro” en la Ciudad de Buenos Aires, van en esa dirección.
Por último, el gobierno de Macri es consciente que el mejor camino para el deterioro de la escuela pública es su desprestigio. En el inicio de clases del 2018 promueven el conflicto como parte de política dirigida a que sólo “caigan” en la escuela pública aquellos que no tengan otra alternativa. Por eso no es posible concebir el decreto que elimina la paritaria únicamente como un ataque a los docentes. Es, sin lugar a dudas, una de las políticas más importantes dirigidas a atentar contra la principal utopía que propone la escuela, la posibilidad de construir una sociedad mas justa. Por eso también es necesario que este atropello a las leyes y a los derechos encuentre una activa respuesta en la indestructible alianza entre la escuela, los docentes, las familias y la sociedad toda.
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