Por Ari Lijalad –
La familia Macri presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema desplace a la fiscal Gabriela Boquin, único escollo para la condonación multimillonaria de la deuda de Correo Argentino. Buscan evitar que intervenga en la causa y, puntualmente, los peritajes sobre el vaciamiento de la empresa en beneficio de empresas del Grupo Macri.
En el escrito presentado por Jaime Kleidermacher, abogado de la familia presidencial en lo vinculado a Correo Argentino, los Macri insisten con que la fiscala Boquin no tiene legimitidad para actuar en la causa ni para pedir peritajes contables tanto sobre los papeles de Correo Argentino como de SOCMA y SIDECO, los principales portaaviones del clan Macri. El pedido ya fue rechazado en dos instancias. En caso de que la solicitud llegue a la Corte y esta decida en favor de los Macri, la fiscala Boquin quedaría desplazada de hecho ya que le impediría investigar las maniobras del clan que hoy comanda el presidente Mauricio Macri.
Boquin fue quien logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial, tal como reveló Nuestras Voces el 8 de febrero de 2017. Desde entonces es un tábano para un Gobierno acostumbrado a una plácida y servicial relación con amplios sectores judiciales. Tras lograr la salida de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, el macrismo desea la salida de la fiscala Boquin, acaso la única funcionaria judicial que, en torno a Correo Argentino, no aletargó la causa ni se amilanó a las presiones y el lobby tribunalicio.
El recurso extraordinario para llegar a la Corte tiene el matasellos de la mesa de entrada con fecha del 22 de diciembre de 2017, pero recién fue subido al sistema de consulta de causas el pasado miércoles. Es una práctica habitual en esta causa. El objetivo: entorpecerla.
La Corte Suprema ya intervino en este expediente en 2009, cuando falló en contra de la pretensión de la familia Macri de compensar su deuda con el Estado con una supuesta deuda que el Estado tiene con ellos. Los Macri tienen varios juicios por daños y perjuicios contra el Estado, por los que piden mucho más dinero que el que deben. Pero era 2009, otros tiempos y otra Corte. Ahora el nexo entre el presidente y los Supremos es otro, y el pedido del abogado de los Macri de que intervenga el máximo tribunal del país no parece inocente.
Insistentes
Hace meses que el abogado de los Macri insiste con plantear la falta de legitimidad de la fiscala Boquin para intervenir en la causa. En diversos escritos que constan en el expediente los Macri acusan a Boquin de tener “un objetivo mediático y político” y llevar adelante una “aventura procesal”. En el recurso extraordinario a la Corte insisten con que la fiscala Boquin “no es parte de este proceso, por lo tanto no tiene derecho a ofrecer prueba, ni a solicitar informes, que nada tienen que ver con el proceso”. La negrita y subrayado constan en el original.
El planteo no es nuevo. “Es innegable que la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, carece de legitimación procesal para solicitar la prueba pericial contable que solicita”, escribió el abogado de los Macri el 23 de agosto del año pasado. El mismo día, sin embargo, la jueza Marta Cirulli contestó que “la legitimación del Ministerio Público para peticionar esas medidas ha sido estimada implícitamente por el Superior”. Es decir, que las Cámara Comercial ya zanjó esta cuestión sobre la que insisten los Macri y resolvió que la fiscala Boquin tiene toda la legitimidad necesaria para actuar en el expediente. Lo recordó Cirulli, que está imputada penalmente como pieza del vaciamiento de Correo Argentino pero se niega a excusarse en en el expediente del fuero comercial.
Los Macri insistieron con este asunto, pero el 6 de diciembre pasado las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini reiteraron: “La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”. O sea: las camaristas, que hace más de 15 años operan en beneficio del clan Macri en esta causa, reiteraron que Boquin puede intervenir y pedir los peritajes.
No fue suficiente. Ahora los Macri quieren que intervenga la Corte.
“La Fiscalía de Cámara ha adquirido un protagonismo tal, que excede a todas luces sus facultades, entorpeciendo el procedimiento, con peticiones carentes de todo asidero fáctico y jurídico”, porfían en el recurso que pretenden que resuelvan los Supremos. Ya cuenta con la negativa de la jueza Cirulli y las camaristas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini, pese a que las tres han sido clave en el devenir de esta causa cuyo único beneficiario fue el clan Macri. En este punto, sin embargo, la familia presidencial no contó con su docilidad y va por el favor de la Corte.
Los peritajes
El 7 de agosto de 2017 Boquin solicitó una serie de peritajes sobre las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino. Hasta ahora, los Macri lograron desvirtuarlos y quieren desactivarlos. La jueza Cirulli aceptó realizarlos pero, en lugar de que estén a cargo de un perito contador sorteado (como había pedido la fiscala Boquin) puso al frente a las sindicaturas vinculadas a los Macri y que acompañaron la posición de Correo Argentino de que no se precisan los peritajes. En su último dictamen, Boquin volvió a insistir en que se haga cargo un perito ajeno a la causa. Lo bochornoso de la situación es que la jueza Cirulli, las sindicaturas y los directivos de Correo Argentino están imputados junto a Macri, Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa en la causa penal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. La imputación a la jueza, las sindicaturas y los directivos es justamente por las maniobras de vaciamiento. Son jueces y parte. Más aún, parte imputada por lo que deben juzgar. El letargo de esa causa penal encuentra alguna explicación en las tensiones entre el juez Lijo y el Gobierno.
Desde la Sala B de la Cámara Comercial, las juezas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini ya le dieron curso al recurso presentado por los Macri para que defina la Corte. Lo remitieron a los síndicos del concurso, que sistemáticamente se alinearon con los intereses de la familia presidencial. Por ejemplo, como publicó Nuestras Voces, la sindicatura general la ejerce Raúl Miguel Guelman en representación del Estudio Moyano-Guelman y Asociados. Lo patrocinan los abogados Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera & Asociados. Rivera fue propuesto por Macri como conjuez de la Corte Suprema. No es raro, ya que es abogado de confianza de la famiglia desde hace muchos años. Rivera y Louge fueron apoderados de empresas de los Macri y abogados del ahora presidente en su divorcio de Isabel Menditeguy. Louge también trabajó para IECSA, por entonces controlada por el primo presidencial Ángelo Calcaterra
El derrotero de este recurso extraordinario pasará entonces por las sindicaturas y una vez que éstas opinen será el turno de la fiscala Boquin. Luego, las camaristas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini resolverán si le dan curso y las cuestión quede en manos de la Corte Suprema.
REX Correo a La Corte 1 by nuestrasvocesok on Scribd
Fuente: Nuestras Voces
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