De la Redacción de Contrapoder –
Sumando una mentira más a cada una de las consignas de campaña, Mauricio Macri pretende que los ya deteriorados salarios paguen más por el impuesto a las Ganancias a partir del año próximo. Según el proyecto de Presupuesto que Dujovne, defenderá hoy en el Congreso, se establece que paguen el gravamen todos los conceptos hasta ahora exentos del sueldo de trabajadores, jubilados y pensionados.
Cambiemos, que en campaña había prometido que ningún trabajador pagaría Ganancias, ya lo había intentado el año pasado, impulsando una medida similar de eliminación de exenciones sobre los salarios, que finalmente la oposición logró revertir antes de que se aprobara el paquete de leyes impositivas. Esta versión remozada es todavía más agresiva para el bolsillo que aquella, porque también elimina la exención por zona desfavorable, lo que afectará particularmente a los patagónicos. El plus de recaudación por los cambios en Ganancias, que incluye gravar a mutuales y cooperativas, sería de 25.000 millones de pesos, sin embargo Macri dejará de cobrar casi 14.000 millones por mantener la exención al Poder Judicial y la promoción a la actividad minera.
“Este es el mismo presidente que dijo que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Hay más trabajadores que van a pagar ganancias y como se suman una cantidad de adicionales más, va a ver una mayor carga impositiva sobre los trabajadores”, afirmó el diputado Agustín Rossi. De acuerdo con cifras que difundió el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, en 2015 pagaron Ganancias 1.189.342 trabajadores y, a pesar de las promesas, en 2017 pagaron el impuesto 2.028.369 personas, casi un 50% más.
La eliminación de las exenciones en Ganancias, incluida en el proyecto de Presupuesto para el año próximo, abarca a todos los componentes del sueldo e incluye las sumas no remunerativas. Esto no impacta en el cálculo del mínimo no imponible, pero implica un aumento en lo que se pagará al no haber ítem para deducir. Entre los ítem más comunes que no podrán deducirse del impuesto están las sumas por gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional y desarraigo. También se contemplan vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o terceros.
“El problema en este tipo de modificaciones es la retroactividad, porque cambia la situación del trabajador, el cual va a cobrar menos que en el ejercicio sobre el que se calcula el impuesto”, señaló Adrián Caneto, ex director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo. El proyecto establece “derogar, con efecto a partir del 1 de enero de 2019, toda disposición (cualquiera sea su rango normativo), la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las Ganancias”. El especialista aseguró que la lógica detrás de conceptos extra, como viáticos, tiene que ver con evitar una tarea engorrosa para trabajador y empresa. No siempre se trata de salario indirecto que recibe el empleado. “Son extras que se calculan como promedio para no pedirle que el empleado presente el ticket por viáticos de un café, un almuerzo, cena o gastos de ese tipo. Se calcula un monto y listo”, detalló Caneto, quien aseguró que una de las actividades más castigadas sería la de los petroleros.
“A diferencia de la reforma tributaria de fin del año pasado, ahora se incorpora a petroleros, que sufren desarraigo. Parece que el objetivo es castigar a los pocos que tiene un mejor sueldo y lo hacen en un momento de recesión. Es lo mismo que cuando plantean despedir trabajadores públicos cuando los privados reducen personal”, opinó el diputado Sergio Ziliotto (PJ La Pampa). El esfuerzo de los trabajadores deberá compensar la pérdida de 9854 millones de pesos a las arcas públicas por la exención de Ganancias para empleados judiciales y los 3904 millones que dejará de recaudar por mantener la promoción de la actividad minera.
Fuente: Página/12
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