Por Irina Hauser –
El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó, a través de una medida cautelar, que se debe suspender la entrega de subsidios para desocupados, ante la sospecha de que el oficialismo los utiliza con fines electorales, para conseguir votos desesperados a favor de Mauricio Macri. La Secretaría de Empleo había dispuesto en la resolución 1177 del último 2 de octubre que se asignara una partida de 650 millones de pesos de las arcas del Estado nacional, para 114.000 beneficiarios, a quienes se les podrían repartir bonos de 5000 pesos. Llamativamente, el Gobierno nacional publicó el miércoles un rebalanceo del presupuesto, donde le destina a la Secretaría de Empleo el monto exacto que figura en esa resolución: 650 millones.
Varios intendentes peronistas alertaron en las últimas semanas que candidatos y punteros del macrismo habrían comenzado a hacer uso clientelista de estos planes. El fiscal advirtió en su dictamen ante la jueza María Servini que se estaría utilizando la estructura pública por medio del Ministerio de la Producción para “actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios, que además de estar dentro de la veda electoral, podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transitan este tiempo sin trabajo”.
Di Lello abrió en un comienzo una investigación preliminar en base a una publicación del periodista Mariano Martín en Ambito Financiero, que revelaba la existencia de la resolución firmada por el secretario de Empleo, Fernando Prémoli, quien depende de la estructura del ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica. El programa para reparto de estos subsidios no se publicitó, pero se habría encomendado a punteros y candidatos. Martín también reveló que la mitad de esos subsidios clandestinos del gobierno nacional fueron destinados a la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora se habría aprobado la entrega de 80.000, mientras que 25.000 fueron rechazados por la Anses por incompatibilidades, como la percepción de otro beneficio o salario. En la fiscalía con competencia electoral también se presentó Jorge Landau en representación del Frente de Todos y pidió una medida cautelar para frenar la aplicación de los fondos en cuestión. A este planteo responde el dictamen que ahora debe evaluar la jueza Servini. Landau también pidió que se investigue a Prémoli y a Sica, quienes podrían a la larga ser citados a indagatoria.
La utilización de estos subsidios fue señalada por intendentes peronistas como Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, Juan Carlos Gasparini, de Roque Pérez, y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, advirtió sobre la “gravedad increíble” de las denuncias. Cristina Fernández de Kirchner dijo que “con la emergencia alimentaria se pueden generar bonos de 5 mil pesos, pero los están utilizando para el clientelismo político”. Hay algunos audios que mostrarían los ofrecimientos. Cuando le preguntaron a la gobernadora María Eugenia Vidal por el tema, se hizo la distraída y le pasó la palabra al candidato a intendente de Areco, Francisco Ratto, quien ya había reconocido en una entrevista: “A nosotros nos solicitaron y nosotros accedimos a buscar beneficiarios”. Especificó que ofrecieron el plan a 200 personas y que no veía un problema en ese uso de fondos públicos. En Roque Pérez, por ejemplo, el bono se ofrece en la página de Juntos por el Cambio, donde se especifica que hay que anotarse en las oficinas del partido.
Landau agregó otra arista a su denuncia. Sostuvo que tiene sospechas de que los montos previstos podrían ser utilizados “para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5000 pesos, y otros 5000 si llevan mesas ganadoras”, le explicó a Página/12. En Santiago del Estero también se abrió una causa por la presunta utilización de fondos de la Anses para compra de votos. Fueron denunciados funcionarios de esa dependencia local y punteros.
El fiscal Di Lello dictaminó que el objetivo de una medida cautelar no es “desproteger a aquellos que necesitan de un ayuda”, sino “garantizar la transparencia” en el proceso electoral, y que pasado el 27 de octubre se podrían otorgar los subsidios. El problema es que ahora se estarían aplicando dentro del período de veda de 25 días previos a las elecciones, que prohíbe este tipo de actividades desde la administración estatal. Se trata de evitar, alertó, que en ese plazo de veda “el Ministerio de la Producción pueda actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios”, lo que además “podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transitan este tiempo sin trabajo”. La firma de la resolución en cuestión “en tiempos electoralistas vedados por la ley podrían albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores, situación necesariamente constitutiva del delito previsto en el artículo 139 del Código Nacional Electoral”. “No puede permitirse que en el marco de ‘necesidades laborales’ se apele a la entrega bajo el ropaje de subsidios dinero que por el tiempo en que se otorgan pueden estar utilizados como un mensaje electoralista”, se sostiene.
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