Por Marco Teruggi –
La amenaza en Bolivia ahora apunta al Poder Legislativo. El ministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, nombrado por la autoproclamada Jeanine Añez, anunció que existen senadores y diputados “que están haciendo subversión” y que sus nombres serán publicados el día lunes.
La persecución contaría además con fiscales que ya han sido convocados para tal fin, denunció la diputada Sonia Brito, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) que detenta las mayorías y presidencias en ambas cámaras.
Las declaraciones de Murillo vinieron a reforzar la situación de persecución que se vive en Bolivia. En efecto, él mismo había anunciado que iniciaba una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno, y la ministra de comunicación, Rosana Lizárraga, había denunciado y amenazado a periodistas por sedición.
Ese cuadro se vio reforzado por el decreto que exime de responsabilidad penal a los militares que participen de los operativos “para restablecer el orden”. Esa decisión fue respaldada por el ministro de defensa, Fernando López, quien afirmó que se debe a la existencia de “grupos subversivos armados” y “grupos extranjeros armados” con “armas de grueso calibre”.
Las declaraciones de López fueron en respuesta a las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuestionó el “grave decreto” por “desconocer los estándares internacionales de derechos humanos” y por “estimular la represión violenta”.
El conjunto de amenazas oficializa un cuadro de persecución y asesinatos que comenzó desde antes que tuviera lugar la renuncia forzada del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. En efecto, días antes del golpe, ya se habían registrado incendios a casas, secuestros de familias y amenazas directas de diputados, gobernadores y dirigentes del MAS.
Ya han sido asesinadas 24 personas en Bolivia en 5 días. El informe fue presentado por la Defensoría del Pueblo y ratificado por Morales, quien exigió “al gobierno de facto de Añez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales”, y denunció a la comunidad internacional “estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad”.
En ese contexto tuvo lugar la reunión del embajador de la Unión Europa (UE), León de la Torre con la autoproclamada Añez. El facilitador afirmó que la UE se ofrece para que “Bolivia pueda celebrar lo antes posible elecciones creíbles”, y manifestó que apoyará el “periodo transitorio”.
Las declaraciones del facilitador de la UE coincidieron con las del enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, quien se reunió el sábado y también se ofreció como mediador para hablar con “todos los líderes y actores” para “pacificar” y convocar a “elecciones libres”.
La autoproclamada Añez también se refirió de forma breve a la cuestión electoral: “muy pronto daremos noticias sobre nuestro principal mandato, la convocatoria a elecciones transparentes y recuperación de la credibilidad democrática de nuestro país”.
La poca claridad respecto a la elección coincide con el proceso de ataque al Poder Legislativo anunciado por Murillo. En efecto, el gobierno de facto cuenta con la dificultad de que ese poder está en manos de la mayoría del MAS, y es necesaria su aprobación para lograr un paso importante: el nombramiento de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, para luego convocar a elecciones.
Quienes están al frente del golpe de Estado están frente a una decisión que tomar: intentar un acuerdo con el bloque del MAS para lograr las elecciones de las autoridades electorales y las nuevas elecciones, o avanzar sobre el poder legislativo. Esa segunda opción es la que se ha impuesto con las declaraciones de Murillo, en lo que es una estrategia de persecución sobre diputados y senadores para forzar una decisión a favor del plan del gobierno de facto.
Las amenazas se dan dentro del cuadro de licencia para matar, impunidad para hacerlo, ruptura del Estado de derecho, 24 muertos, centenares de heridos, y una protección mediática de grandes medios y editoriales que, de forma cómplice, niegan que exista un golpe de Estado en Bolivia.
Ese escenario no ha detenido las masivas protestas sociales que se han dado en diferentes partes del país, así como las que ya se ha anunciado que tendrán lugar. Así, por ejemplo, tuvo lugar un cabildo en Sacaba -sitio donde tuvo lugar la masacre donde fueron asesinadas nueve personas durante la represión- y allí se determinó exigir “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Añez en un plazo de 48 horas”.
En el cabildo también fue aprobada la exigencia del “repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas”, así como la “aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional que garantice las elecciones nacionales en un plazo de noventa días”.
En el Alto también tuvo lugar un cabildo masivo, y una de las protestas más complejas de afrontar para el gobierno de facto: el bloqueo al acceso de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en Senkata, de donde sale gasolina y gas licuado. Esa acción ha generado dificultades de abastecimiento en la ciudad de La Paz, que se encuentra en estado de anomalía profunda desde hace más de una semana.
De esta manera, luego de una semana de la renuncia de Morales y García Linera, Bolivia se encuentra bajo un escenario de tres frentes: la persecución golpista en cada uno de los niveles políticos y sociales, la pregunta acerca de qué sucederá en el Poder Legislativo, y una situación de aumento de los levantamientos contra el golpe. La salida electoral, que parece ser el único punto compartido, aún parece difusa.
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