Antes de irse una vez más de vacaciones el presidente firmó un decreto que limita el ingreso a personas de otras nacionalidades que tengan antecedentes penales. También ordena que se expulse rápidamente a extranjeros que hayan cometido delitos en territorio argentino. “Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida” afirmó, la cuestionada ministra, Patricia Bullrich. Esto habilita un trato legal diferente a las personas que no sean argentinas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la iniciativa tiene tres ejes: “Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida (en un plazo de tres meses); y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia”. Esto habilita un trato legal diferente a personas por el solo hecho de haber nacido en otra nación.
Por su parte el director de Migraciones, Horacio García, sostuvo que a partir de la publicación del decreto “se acabaron las excusas: hay obligaciones para los tribunales de informar las condenas y para nosotros, para actuar”. “Hay una reducción de los plazos admnistrativos” y agregó que cuando se le compute un delito a un extranjero en el país, automáticamente se le revocará la residencia”, explicó García.
En un intento de reforzar las fronteras el Gobierno creó la Comisión Nacional de Fronteras, que, según afirman las autoridades, tiene como objetivo “establecer una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, haciendo foco en residentes extranjeros”. Esta medida se suma a la puesta en marcha del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API) en aviones y cruceros, que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.
El proyecto de DNU al que había accedido el CELS apunta, entre otras cosas, a cambiar el acceso a la nacionalidad argentina: “En lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es “legal”. Así se reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura cívico-militar, firmada por Videla, Martínez de Hoz y Arguindeguy, y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín”, explican desde el organismo.
El texto que denuncian, es una regresión para los derechos de los inmigrantes. “Las personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal.”
De esta manera el Gobierno enfoca una política migratoria restrictiva, con grises administrativos para personas extranjeras que residan en nuestro país y a contramano de lo que dicta nuestra constitución, realizar un trato diferente para las personas que no tengan la nacionalidad argentina.
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