Por Irina Hauser –
Después del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, varios funcionarios y funcionarias se quedaron charlando con él. Entre comentarios sobre el clima del evento, felicitaciones, subrayados y acotaciones sobre los gritos de Mario Negri, alguien que integra el gabinete le planteó una duda: “¿Dijiste juicio por jurados para delitos federales?”. La respuesta fue “sí, dije eso”.
No hace falta abundar en el malestar que el Presidente explicitó respecto del Poder Judicial y el Ministerio Público. Fue obvio. Hablar de jurados populares con competencia federal es toda una novedad que pasó desapercibida en la enumeración de anuncios de leyes por enviar, ya que implica que los delitos graves como narcotráfico, trata de personas, evasión, contrabando, secuestros extorsivos hasta lavado de activos, podrían ser juzgados por ciudadanos comunes, entre otros delitos conocidos que suelen aparecer. Hará falta una ley que lo defina.
El otro tema que no tuvo gran resonancia instantánea, pero que estalló y creció ayer, fue el llamado al Congreso para que ejerza el “control cruzado” sobre el sistema de justicia. Eso puede ocurrir de muchas maneras, pero el senador Oscar Parrilli anunció una de las posibles: “El Presidente pidió una comisión bicameral que investigue a la justicia”, dijo.
Fernández le reclamó al Congreso un papel activo después de enumerar una serie de casos conocidos que reflejan la utilización de la justicia para perseguir opositores y la protección de los quienes se han encargado de ejercer esa persecución. Como el del fiscal federal Carlos Stornelli, procesado en una causa donde se investiga una organización de espionaje con eslabones en el Estado.
“Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”, fue textualmente lo que dijo el Presidente.
El llamado a que el Poder Legislativo asuma un papel activo frente al Poder Judicial fue de la mano de un reclamo por el fallido tratamiento de la reforma judicial y la ley de Ministerio Público, ambas con media sanción en el Senado, trabadas en Diputados.
Fernández habló del “control cruzado” con el titular de la cámara baja, Sergio Massa, para avanzar en esa dirección. Ese modo de control puede asumir muchas formas. Una multiplicidad que va desde el impulso de pedidos de juicio político, como ocurrió en 2003 con los supremos de la mayoría automática menemista, hasta la modificación de normas que atañen al funcionamiento judicial.
Pero quien asumió públicamente la voz sobre este asunto fue Parrilli, quien introdujo la variante de la creación de una comisión bicameral “que investigue a la justicia”, y la atribuyó a un pedido del propio Presidente. “Que la sociedad vea cómo está funcionando el Poder Judicial y cuáles son los cambios que hay que hacer”, señaló el senador del Frente de Todos. “Me llena de satisfacción porque estamos poniendo en la discusión de la sociedad los verdaderos temas”, abundó.
Habrá que ver si se puede llevar la comisión en cuestión a la práctica. Su creación requiere la votación de ambas cámaras, y del Senado en particular exige los dos tercios de los votos, algo de lo que el oficialismo no dispone. Y que explica –por ejemplo– que hasta ahora no se haya designado nuevo procurador o procuradora general. Diputados y senadores consultados por este diario señalaron que todavía no tenían conocimiento de ninguna iniciativa concreta, pero dan por hecho de algún modo el Congreso se hará eco del señalamiento presidencial.
Qué son los jurados populares
No parece tan lejana la posibilidad de tratar una ley de jurados populares. La Constitución Nacional, en el artículo 75, establece que el Congreso debe dictar una norma para el establecimiento del juicio por jurados. Es algo que, además, dispuso la Corte Suprema en un fallo conocido llamado “Canales vs Neuquén”, de 2019, donde respaldó esta modalidad de enjuiciamiento.
Hasta ahora distintas provincias fueron aplicando sus propias leyes de juicio por jurados. Lo tienen Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Chubut. En Chaco tambien hay jurado popular civil y comercial, toda una innovación. El sistema, de todos modos, nunca fue implementado a nivel federal. Por lo general se utiliza para delitos graves (con penas de prisión perpetua o un piso de 12 o 15 años de prisión) como los homicidios, violaciones, robos con arma. En Córdoba se ha implementado para delitos de corrupción y hay condenas conocidas, como la que recayó sobre Germán Kammerath por delitos contra la administración pública y contra un policía por detenciones ilegales.
¿Qué anunció el Presidente? “Propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal. De lograr avanzar en esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar su veredicto de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración”, detalló. “Vengo a decirle al país con firmeza y convicción,que en esta hora histórica, urge reinstalar la confianza en nuestras instituciones (…) El pueblo argentino, a través del juicio por jurados, tendrá en sus manos la inmensa tarea de contribuir a recuperar la credibilidad en una real Justicia”, aseguró también.
Como sucede con todos los proyectos de ley anunciados en la apertura de sesiones (creación de un tribunal intermedio, modificación del artículo 280 del Código Procesal Civil y comercial, modificación del Consejo de la Magistratura), todavía ninguno está escrito.
La gran discusión que se viene respecto de los jurados para delitos federales será la gravedad de los delitos que quedarán incluidos, porque eso definirá las posibildades de que queden abarcados los y las funcionarios/as públicos/as.
Por ejemplo, es imaginable que se aplique al crimen organizado y con eso a los delitos de narcotráfico y trata de personas. También es muy posible que entren los delitos tributarios. ¿Un Gianfranco Macri podría ser juzgado por ciudadanos comunes? Con esta posible ley, sí, y los familiares que estén implicados en la misma trama de presunta corrupción. Lavado de activos, en los términos en que fue juzgado Lázaro Báez, también podría ser. Contrabando, es otro de los posibles.
En ese punto seguramente estará la gran discusión y en los delitos más comunes contra la administración pública que tienen penas, por ejemplo, hasta seis años y que podrán abarcar a quienes tienen o tuvieron cargos en la función pública. No fue para nada menor este anuncio del Presidente, que pocos advirtieron en el momento, pero que ya comienza a hacer ruido.
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